El Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia, ha recibido 862 solicitudes de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, el Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia (LAJs, antes denominados secretarios judiciales) y el Cuerpo de abogados del Estado.
El plazo de solicitudes concluyó el pasado 2 de julio.
La convocatoria de 2022 contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros, por lo que cada beca estará dotada con 6.611 euros anuales.
De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el Cuerpo de LAJs y 12 para preparar las oposiciones para el Cuerpo de abogados del Estado.
Según ha informado el Ministerio, que dirige Pilar Llop, han solicitado esta ayuda 683 mujeres, (el 79,23% del total) y 179 hombres (el 20,77%).
Por carreras y cuerpos, la mayor parte de solicitudes de becas se han presentado para preparar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal, 687 de las 862 totales, lo que representa el 79,70%; para el acceso al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, 141 (el 16,36%), y 34 para el cuerpo de Abogados del Estado (el 3,94%).
El Ministerio especifica que por géneros, las mujeres son mayoritarias en la solicitud de becas para la preparación del ingreso en las carreras judicial y fiscal, con el 80,20% de las solicitudes recibidas, en concreto 551, y 136 de hombres.
Añade que esta mayoría se mantiene en las solicitudes para el acceso al cuerpo de letrados de las Administración de Justicia, con el 84,40% del total (119 solicitudes frente a las 22 de los varones), y que solo se ha registrado mayor porcentaje de solicitudes de hombres en el cuerpo de abogados del Estado, donde las 21 solicitudes masculinas recibidas han supuesto el 61,76% del total, frente a las 13 solicitudes femeninas.
Por comunidades autónomas, las regiones con mayor demanda de estas becas han sido Andalucía, con 194 solicitudes; la Comunidad Valenciana, con 118, y Madrid, con 102.
Este programa puesto en marcha por el Ministerio de Justicia había sido reivindicado por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). «Tras muchos años sin convocarse este tipo de becas, JJpD hizo el año pasado una propuesta detallada de bases para su desarrollo que finalmente ha sido aceptada y contemplada en los Presupuestos Generales del Estado», indicó el pasado mes de marzo esta asociación, cuya portavoz es la magistrada Ascensión Martín Sánchez, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).
El objetivo es “facilitar el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica, porque la falta de recursos económicos en las familias es un obstáculo”, señala la ministra de Justicia.
Según Llop, estas ayudas suponen “un paso crucial para empezar a democratizar el acceso a puestos que requieren de una oposición dura, larga y muy exigente”.
Por eso, la concesión de estas becas viene determinada, en gran medida, por el nivel de renta de los solicitantes, aunque también se tienen en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo o la superación de exámenes propios del proceso selectivo. Igualmente, se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Estas becas se convocarán con periodicidad anual, con la posibilidad de ser renovadas hasta en otras tres ocasiones, y consistirán en ayudas económicas directas a los beneficiarios, para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición.
Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.
Los beneficiarios de estas ayudas se obligan a realizar la actividad específica para la que se convocan y justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como de la finalidad contemplada. Para ello, deben someterse a cualquier actuación de comprobación, comunicar la posible obtención de otras subvenciones o ayudas similares y acreditar que se hallan al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
