El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros para un total de 245 becas.
Llop: ‘Democratizar el acceso a las profesiones jurídicas es dotar de mayor calidad a nuestro sistema’
La ministra de Justicia ha inaugurado la jornada de presentación del programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado
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30/5/2022 14:38
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Actualizado: 30/5/2022 15:00
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«Democratizar el acceso a las profesiones jurídicas es dotar de mayor calidad a nuestro sistema». Así lo ha señalado hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la jornada de presentación del programa de becas del Ministerio para el acceso a las carreras judicial, fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y al Cuerpo de abogados del Estado, que se celebrado en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y que ella ha inaugurado.
La ministra firmó el pasado mes de abril el decreto de convocatoria de 245 becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, LAJs y abogados del Estado. La dotación global de estas ayudas será de 1,6 millones de euros, por lo que una de ellas estará dotada con 6.611 euros anuales.
Son 173 para la preparación de las oposiciones para las carreras judicial y fiscal, 60 para las del Cuerpo de LAJs y 12 para las del Cuerpo de abogados del Estado.
Como declaró entonces, estas becas servirán para “democratizar el acceso a estas carreras”, y responden al “compromiso del Gobierno con las generaciones más jóvenes, que están en una situación muy complicada para encontrar las salidas profesionales que desearían”.
“Con esta medida facilitamos el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica”, ha afirmado Llop.
La ministra se ha referido al elevado coste que, según las encuestas realizadas por el CEJ, supone para estos profesionales y sus familias sacar la oposición. Por ello, se ha introducido como criterio principal de concesión el de menos renta familiar.
La titular de Justicia ha mostrado su satisfacción por este programa de becas, porque cree «firmemente en la igualdad de oportunidades». «Un Gobierno progresista debe pensar, antes que nada, en las personas, y así lo hacemos. Es una cuestión social y de justicia”, ha declarado.
Llop también se ha referido a la transformación digital en la que está inmersa la Administración de Justicia, que permite, por ejemplo, que esta preparación pueda impartirse en régimen de semipresencialidad, reduciendo la brecha territorial.
COMPROMISO CON LA IGUALDAD
En la jornada también han intervenido el secretario general para la Innovación y Calidad el Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora del CEJ, Abigail Fernández.
“Creemos que es necesario llevar a cabo una reflexión profunda sobre los mecanismos de acceso a la función pública para adaptarlos a la sociedad actual, que ha cambiado profundamente en las últimas décadas”, ha expuesto el secretario general.
Olmedo ha asegurado que para el Ministerio de Justicia, este proyecto es una prioridad para mejorar el sistema de acceso a las profesiones públicas de Justicia. Además, ha señalado que este programa de becas demuestra el compromiso “claro” de este Ministerio y del Gobierno con la igualdad de oportunidades, “porque el talento no puede verse coartado por motivos socioenonómicos”.
Por su parte, la directora del CEJ ha explicado cómo ha sido el proceso para diseñar y constituir este programa, en el que han trabajado “paralela y simultáneamente” en tres ámbitos de actuación: el normativo, el digital y el de recursos humanos, “siempre teniendo en cuenta las mejores prácticas”.
Fernández ha destacado la importancia que en este proceso ha tenido la colaboración, tanto entre unidades dentro del Ministerio de Justicia, como con otros ministerios y órganos que han prestado su orientación y ayuda, como es el caso del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o la Secretaría General de la Administración Digital.
REQUISITOS
Para la concesión de estas ayudas, que tienen periodicidad anual y la posibilidad de ser renovadas hasta en otras tres ocasiones, «primará como criterio principal la menor renta familiar, teniendo también en cuenta la condición de víctimas de violencia de género y/o de terrorismo, así como la superación de exámenes propios del proceso selectivo». También se reserva un cupo del 5% para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Entre los requisitos exigidos, será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional, y será necesario una justificación trimestral del cumplimiento de la actividad objeto de la beca.
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