Miguel Pallarés, vocal de la Ejecutiva de la APIF, lo analiza en Confilegal.
La APIF recurre el decreto que obliga a todos los fiscales a declarar si preparan o no a opositores
Denuncia que el decreto 424/2022, de 4 de julio tiene "carácter arbitrario"
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13/7/2022 13:26
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Actualizado: 13/7/2022 23:29
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto hoy un recurso de reposición contra el reciente Decreto que obliga a todos los fiscales a declarar si preparan o no a aspirantes a jueces y fiscales.
Solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) que lo rectifique y lo limite a ordenar el cumplimiento a todos los fiscales que preparando a opositores al acceso de la carrera judicial y fiscal, con naturaleza o carácter continuado, comprometan el recto ejercicio de la función fiscal o superen las 75 horas anuales, «como está dispuesto en la ley».
Miguel Pallarés, vocal de la Ejecutiva de la APIF y fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, señala a Confilegal que a esta asociación le ha sorprendido el contenido de este decreto, de 4 de julio (424/2022), firmado por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y que han impugnado.
«Entendemos que la Fiscalía General del Estado no puede dirigirse de forma indiscriminada a todos los fiscales que integramos la Carrera Fiscal para preguntarnos si prepararnos o no a opositores porque, desde nuestro punto de vista, la honorabilidad y el cumplimiento fiel de lo dispuesto en la ley lo realizamos sin ningún género de dudas todos los integrantes del Ministerio Fiscal», explica Pallarés.
Y afirma que con este decreto se proyecta «una sombra de duda inaceptable sobre el buen comportamiento, ajustado a la ley, de los integrantes del Ministerio Fiscal».
LO ALEGADO EN EL RECURSO
En este decreto, Delgado acordó que los fiscales jefes de las diferentes fiscalías y órganos del Ministerio Fiscal hagan llegar el modelo de declaración para su cumplimentación a todos los fiscales de su plantilla, con la posterior devolución a los fiscales jefes y éstos a la Fiscalía General del Estado, con lo que «en definitiva, pretende que todos los fiscales cumplimenten la referida declaración, para que todos declaren si preparan a opositores o si no lo hacen».
La APIF señala que la orden que este Decreto recoge está fundada y tiene cobertura legal en cuanto a la declaración a la que están obligados los fiscales para comunicar a la institución que ejercen una actividad diferente de la propia de los fiscales y que, por tanto, pudiera ser sometida a examen por parte de la Inspección Fiscal a efectos de establecer o no su compatibilidad.
Es por eso, añade, por lo que el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal dispone en su artículo 126 que “los fiscales tendrán obligación de comunicar al fiscal jefe la realización de aquellas actividades que, por su naturaleza o carácter continuado, puedan comprometer el recto ejercicio de sus funciones”.
Pero esta asociación destaca que «no hay disposición alguna» para obligar a aquellos fiscales que no preparan para que lo manifiesten de forma expresa.
Por ello, considera que el contenido del decreto es «arbitrario, por entender que obedece a un mero voluntarismo estableciendo obligaciones para los fiscales que pueden generar responsabilidades disciplinarias en caso de incumplimiento», y denuncia que «carece de cobertura legal y de justificación legítima para ordenar esta declaración».
«Creemos que es arbitrario ordenar a 2.600 fiscales a que informen de que no quebrantan la norma de incompatibilidades, y de que no actúan contra la norma, y creemos que no tiene justificación legítima alguna, al margen de que genera una gran inquietud en la Carrera Fiscal, señala a los preparadores de oposiciones como un colectivo sospechoso y transmite la sensación a la Carrera de que en la Fiscalía son posibles cosas que no ocurren fuera de esta institución», explica en su recurso potestativo de reposición previo a la vía contencioso administrativa.
Y concluye que no existe una habilitación legal expresa que permita la actuación de la Fiscalía General del Estado a través de este decreto.
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