El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa coercitiva de 1.000 euros al jefe de la División de Personal de la Policía Nacional por cada periodo de quince días que retrase el pago de una indemnización por exceso horario a un agente de Policía Científica destinado en Las Palmas.
El TSJ ha atendido así las peticiones de los servicios jurídicos de la Confederación Española de Policía (CEP), que denunció los «constantes retrasos y dilaciones» de la División de Personal para pagar a el agente afectado 938,44 euros debido al exceso horario en el que había incurrido, y que quedó acreditado y confirmado mediante la correspondiente resolución judicial favorable (procedimiento ordinario 272/2018, la demanda fue presentada el 9 de abril de 2018).
«Pese a haber ordenado el pago la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 9 de septiembre de 2021, la División de Personal ha retrasado el abono de esa indemnización durante meses. Finalmente, materializó un único desembolso, de 519,44 euros, que no alcanzó la cifra total que se le debía al policía por exceder su jornada laboral», señala a Confilegal el secretario general de la CEP, Víctor Vigil.
Habiendo abonado la administración al afectado 519,44 euros y fijada la cuantía litigiosa en 938,44, resta por abonar 418,71 euros, así como los intereses.
«Esta resistencia a ejecutar las resoluciones judiciales ha provocado que el TSJ dicte un duro auto ordenando imponer esa multa al comisario principal que gestiona la División de Personal, de tal forma que deberá pagar 1.000 euros por cada periodo de quince días en el que siga negándose a ejecutar la indemnización. Pero va más allá y amaga con tomar medidas en el orden penal contra el citado mando de Policía Nacional», señala Vigil. Y apunta que «es la primera vez que la Justicia aplica una medida de este tipo contra un mando policial».
En el auto, dictado el pasado 17 de julio (226/2022), el tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordena que se notifique personalmente a este comisario principal la resolución y que lo haga el Juzgado de Madrid que por turno le corresponda, avisándole que debe hacer efectivo el pago al agente “en el improrrogable plazo de diez días”.
De no cumplir esta orden judicial, se remitirá testimonio al Ministerio Fiscal “por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia grave”.
El auto lo firman los magistrados de la Sección Primera Jaime Borrás Moya (presidente), Inmaculada Rodríguez Falcón y Francisco José Gómez Cáceres (ponente), que califican el comportamiento de la Administración como «un ejemplo paradigmático de pasividad estatal«.
Una resolución que es susceptible de ser recurrida en reposición en el plazo de cinco días, si bien la interposición de ese recurso no paralizará ni suspenderá la ejecución del requerimiento ni el plazo concedido para atenderlo.
El agente ha estado asistido por el abogado de la CEP José Ramón Babío Larios.
‘SISTEMÁTICA NEGATIVA’ DE LA DIVISIÓN DE PERSONAL A REDUCIR LA LITIGIOSIDAD EN LAS RECLAMACIONES DE LOS POLICÍAS
La CEP viene denunciando desde hace tiempo que la «sistemática negativa» de la División de Personal a reducir la litigiosidad en las reclamaciones de los policías ha terminado por generar un atasco cuya dimensión está «afectando a cientos de agentes -si no miles, puesto que existe una absoluta opacidad en la información sobre este grave problema burocrático- que ven cómo, pese a haber recibido el respaldo de órganos judiciales en sus reclamaciones sobre todo tipo de materias (excesos horarios, cobro de turnicidad, pago de vestuario de paisano, indemnización a cargo de la DGP por una agresión cuando el autor se declara insolvente, etc.), se va retrasando sine die el desembolso del dinero que les corresponde aún habiendo constantes requerimientos para la ejecución de sentencias».
El secretario general de este sindicato destaca que este auto «resume muy bien el cansancio y hartazgo de tantos compañeros, que ven cómo la Justicia les da la razón en sus reclamaciones que tramita la CEP en toda España y que, pese a ello, la División de Personal, por problemas burocráticos, retrasa el pago de las indemnizaciones durante meses o, como en este caso, ejecutan solo una parte y dejan sin pagar el resto».
«Los jueces también han dicho que ‘hasta aquí hemos llegado’ y lanzan un mensaje muy claro, que nosotros apoyamos, y que tiene como destinatario al máximo responsable de la gestión del Personal en Policía Nacional: Haga lo que tenga que hacer para llevar a efecto las sentencias judiciales, porque se trata de un principio básico en un Estado de Derecho», indica Vigil.
Señala que a principios de este año, el jefe de la División de Personal anunció en una Comisión del Consejo de la Policía que habían puesto en marcha un plan de choque para solucionar esta problemática, del que «no dio un solo detalle, y que todavía se desconoce», lo cual, a juicio de la CEP, «demuestra que o bien era mentira o bien esa medida es claramente insuficiente».
Además, denuncia que el jefe de la División de Personal tampoco da información de las cifras de los contenciosos pendientes de ejecución.
La CEP espera que a raíz de este auto cambie el proceder de la ejecución de sentencias y los agentes dejen de sufrir estos retrasos.
