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Colaborar en la ejecución de sentencias no es privatizar la Justicia

José Antonio Fandiño Carnero
Colaborar en la ejecución de sentencias no es privatizar la Justicia
El decano de los procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, plantea la colaboración con los LAJ para solucionar las diferencias.
23/9/2022 06:47
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Actualizado: 23/9/2022 02:18
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José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo, ha enviado esta carta a Carlos Berbell, director de Confilegal, que versa sobre el conflicto emergido entre procuradores y letrados de la Administración de Justicia porque los primeros apoyan la nueva creación del agente de ejecución, que contribuiría a recuperar 10.500 millones de euros, de los 14.000 millones concedidos a una de las partes en las sentencias dictadas por los jueces en toda España.

De hecho, actualmente, solo se recuperan 3.500 millones de euros. Fandiño aborda el problema directamente, partiendo de las últimas publicaciones realizadas por este periódico sobre el tema.

Como procurador ejerciente desde hace 39 años y decano del Colegio de Procuradores de Vigo, he leído con tristeza esta noticia publicada por tu diario: los letrados judiciales abandonan el grupo de trabajo con los procuradores porque éstos quieren asumir las ejecuciones de sentencias firmes.

Entendía que esas reuniones entre Letrados de la Administración de Justicia y procuradores era un primer paso para poder mejorar nuestra obsoleta Administración de Justicia.

Y he leído, aún con más pesar, el artículo de opinión La reforma de la Justicia: una excusa para privatizar el servicio público firmado por el presidente del CSIF porque lo veo demagógico y no responde a la realidad.

Quizá las declaraciones del vicepresidente de la Union Internationale des Huissiers de Justice no fueron planteadas adecuadamente, pero tampoco puede afirmarse que si los procuradores asumimos ciertas competencias sería como privatizar la justicia.

La justicia en España es lenta, según los propios datos del CGPJ, y las reformas que se están llevando a cabo hasta ahora no reducen los tiempos muertos, lo que perjudica directamente a los ciudadanos.

PROPUGNAMOS UN CAMBIO ESTRUCTURAL

Por eso, los procuradores propugnamos un cambio estructural profundo y desjudicializar ciertas actuaciones, lo que contribuiría a una mayor rapidez en la tramitación judicial.

Una de las posibles soluciones -obviamente no la única- para mejorar la eficiencia en la ejecución de sentencias sería crear la figura del Agente de Ejecución, como sucede en otros países europeos, con funciones que en España podríamos asumir los  procuradores  sin  suponer  un  mayor  gasto  público.  

Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (reforma de 5 de octubre de 2015, 42/2015) a los procuradores se nos ha otorgado la capacidad de certificación por lo que en supuestos como el de hacer la averiguación patrimonial, como colaboradores de la Administración de Justicia que ya somos, se nos podría  encomendar acceder a las bases de datos que disponen los tribunales, lo que agilizaría mucho la tramitación de los procesos.

La ejecución se compone de actos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, estos últimos de mera tramitación, encomendados hoy en día a los Letrados de la Administración de Justicia.

Por lo tanto, estos actos no jurisdiccionales son perfectamente delegables (como el poder hacer notificaciones y emplazamientos, acceso cuenta de consignaciones…) y la podríamos asumir los procuradores: estaríamos legitimados por una resolución judicial y actuaríamos por delegación tanto del Tribunal como, en su caso, del Letrado de la Administración de Justicia, además de estar sometidos a los controles necesarios.

El profesor Vicente Pérez Daudí desarrolla brillantemente estos aspectos en su artículo publicado en Actualidad Civil nº 6, junio 2022, Editorial Wolters Kluver “La procura y el acceso al punto neutro judicial. Una propuesta de reforma legislativa”.

Por tanto, disponer de los 10.000 procuradores que hay en España para colaborar en la ejecución de sentencias, y en otras posibles funciones, no es privatizar la Justicia; es hacerla más eficiente con los recursos que existen hoy en día y aliviar la carga de trabajo que soportan nuestros tribunales.

Y en este noble objetivo no debería haber enfrentamientos, sino colaboración. Tanto los antiguos Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración  de Justicia, como los procuradores, hemos sido piezas clave para que los procesos judiciales llegaran a su final en el menor tiempo posible y hemos de trabajar juntos para mejorar la Justicia.

Ojalá estas líneas contribuyan a retomar el diálogo y llegar a un consenso que acelere la tramitación procesal de la ejecución en nuestro país.

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