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La reforma de la Justicia: una excusa para privatizar el servicio público

Javier Jordán de Urries Sagarna
La reforma de la Justicia: una excusa para privatizar el servicio público
Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, contesta a los procuradores en su pretensión de convertirse en agentes de ejecución.
21/9/2022 06:47
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Actualizado: 20/9/2022 21:00
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Estaba leyendo tranquilamente, este domingo, la entrevista que Confilegal le hizo al Sr. Ortega Alcubierre que es vicepresidente de la «Union Internationale des Huissiers de Justice» y lo veía venir.

Cuando uno comienza una frase diciendo, “con todos mis respetos para…” es que lo que viene después no va a ser precisamente respetuoso con el objeto de esa alocución.

El discurso fácil, el lugar común favorito en estos casos, es decir que los males de la Administración son culpa de los funcionarios. Generaliza y simplifica que algo queda o, dicho más vulgarmente, “leña al mono que es de goma”.

Desde hace tiempo la figura del procurador está puesta en tela de juicio y, en este sentido es perfectamente comprensible que quienes dicen representar a estos profesionales se postulen para “solucionar” los problemas de la Justicia.

En este caso, y en otros, la solución que se propone es una privatización en toda regla de una parte de este servicio público para hacerse con un sustancioso negocio que sería un buen porcentaje de los miles de millones de euros afectos a los procesos de ejecución en nuestro país.

Esto es así, porque es evidente, y lícito, que estos profesionales cobrarían por realizar estas gestiones a sus clientes con lo que la Justicia se encarecería mucho más. De hecho, ya están pidiendo la descongelación de los aranceles,

Lo que ya es menos comprensible, es inaceptable, que esa defensa suponga menospreciar y menoscabar la función pública y/o que el Gobierno se preste a esa propuesta privatizadora. En este sentido, aunque hayan tardado en darse cuenta de que detrás de todo esto no hay sino una intención de privatización del servicio, valoramos positivamente que las asociaciones de LAJ se salgan de ese grupo de trabajo con los procuradores y auspiciado por el Ministerio aunque el discurso que hemos podido leer este fin de semana en el Confilegal no sea nuevo.

El artículo 117.3 de la Constitución declara que: el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

Para ello se dota a esos Juzgados y Tribunales de una serie de medios personales y materiales que también tienen su expresión en la Constitución, artículo 103 en general para todos los empleados/as públicos y en el 122 para los Cuerpos de funcionarios en la Administración de Justicia.

Ese artículo 103 de la Constitución establece la obligación de la Administración pública, la de justicia también, de servir con objetividad los intereses generales, en contraposición con el papel que se reclama para los Procuradores de servir a los intereses particulares y privativos de sus clientes.

Y, esto es así, no por capricho, sino porque esa objetividad y ese superior interés general tiene que ver con el ejercicio de derechos fundamentales de todos los ciudadanos, empezando por el de igualdad de todos los españoles, que los poderes públicos tienen obligación, por un lado, de fomentar y, por otro, respecto de los cuales tiene la obligación de remover los obstáculos que puedan existir para su ejercicio, artículo 9.3 de la Carta Magna.  

Esta regulación se completa con el artículo 9 del TREBEP que dice que: “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos”; y se remata con la reserva de función establecida en la LOPJ para los Cuerpos de la Administración de Justicia en los Juzgados y Tribunales derivados de la especialización de sus procedimientos.

SON NECESARIOS RECURSOS PERSONALES, MATERIALES Y ORGANIZATIVOS ADECUADOS

Para cumplir con nuestro cometido es necesario contar con los recursos personales, materiales y organizativos adecuados y suficientes. Dotar de medios adecuados a la Administración para prestar un servicio público óptimo es una obligación del Gobierno. Desgraciadamente, la Administración Pública ha sufrido un proceso de desmantelamiento y de abandono inaceptable que ha derivado en la infradotación de los servicios y unidades, existencia de un escandaloso número de vacantes, escasas oportunidades de promoción y carrera profesional real y un envejecimiento del personal alarmante.

Desde hace demasiado tiempo la Justicia en nuestro país carece de los medios personales, materiales y organizativos necesarios para desarrollar su función.

En un estudio realizado por CSIF en octubre de 2020 para toda la Administración pública, en relación con nuestro ámbito, se precisaba que eran necesarios 19.992 puestos de trabajo adicionales en la Administración de Justicia de todos los Cuerpos para equipararnos a niveles europeos. No estamos hablando de las Ofertas de empleo público de estabilización que son puestos de trabajo que ya existen sino de 19.922 nuevos puestos de trabajo adicionales en Justicia que CSIF ha propuesto dotar en tres años sin que el Ministerio haya respondido a esta cuestión.

Por mucho que se discuta en el metro, el problema de la Justicia no es el debate político y la polémica artificial sobre la renovación del CGPJ que, por cierto, tiene secuestrado al Tribunal Supremo que no puede cubrir las vacantes que se producen desde hace meses y que, según datos del propio Tribunal ascienden al 25% de la plantilla total.

De los medios materiales, de los edificios, mesas de oficina, pero, fundamentalmente de los medios informáticos y telemáticos no voy a hablar aquí, basta con visitar muchas sedes judiciales y, por otro lado, me remito a las denuncias del sindicato sobre este particular.

En cuanto a los medios organizativos, el Ministerio anda embarcado en su proyecto Justicia 2030 y sus leyes de eficiencia que están en el Congreso de los Diputados sin que el Ministerio se haya molestado en obtener el consenso con los sindicatos, convocando la mesa de negociación.

En este sentido, estamos intentando saber qué línea de metro coge la Ministra para fomentar ese debate y hacerle llegar nuestras propuestas ante la sordera y soberbia del Ministerio de Justicia que mantiene bloqueado el diálogo social mientras, según parece, habla con el resto del país.

CSIF aceptó el reto del Ministro Campo y remitió un documento de 70 páginas con propuestas agrupadas en 7 ejes o líneas de actuación y de negociación para reformar la Justicia.

Costó un poco, pero en diciembre de 2021 se firmó un acuerdo con el Ministerio que no sólo hablaba de retribuciones sino también de otras cuestiones relacionadas con el proyecto de Justicia 2030 en marcha. A pesar de que se ratificó por el nuevo equipo el documento sigue escondido en algún cajón o se archivó en una papelera mientras la negociación colectiva se soslaya y se margina.

Básicamente, CSIF propone hacer una reforma interna de los Juzgados aprovechando su capital humano. Es muy poco sostenible ceder a intereses privados, externalizando servicios y no aprovechar lo que ya se tiene y se está pagando. Es necesario cambiar los perfiles de funcionario, aprovechar el conocimiento, las competencias y las habilidades adquiridas, así como la experiencia acumulada, redistribuir funciones y dotar a ese personal de funciones con valor añadido ante el empuje de las TIC. Es necesario saber dónde va a estar el funcionario de Justicia en ese nuevo modelo y analizar qué puede aportar, ya les adelanto que mucho.

A la vez, es necesario fomentar el desarrollo, la promoción y la carrera profesional con mejoras laborales como una formación de calidad, medidas de conciliación y movilidad voluntaria entre otras y, por supuesto, mejoras retributivas, con el objetivo de atraer y retener talento, que lo hay y mucho en la Administración de Justicia.

A nuestro juicio, esta propuesta agilizaría el funcionamiento de la Justicia sin necesidad de externalizar o privatizar parte de sus servicios. En este sentido, la reforma interna de la Administración de Justicia que proponemos es tan importante, o más, que la reforma que se pretende imponer por el Ministerio con los Tribunales de Instancia como bandera y de la que nadie ha aclarado, entre otras, una cuestión: si la justicia es lenta, ¿la solución es que las decisiones las que tenga que tomar tres jueces de común acuerdo en vez de uno sólo?

EN DIRECCIÓN OPUESTA A PRIVATIZAR LA JUSTICIA

Desde luego, nuestra propuesta está en la dirección opuesta a privatizar la justicia, a obstaculizar el derecho de los ciudadanos a obtener una sentencia judicial firme (tutela judicial efectiva) y a encarecer el acceso a este servicio público, porque la mediación obligatoria que se establece en la Ley de eficiencia procesal es todo eso, al igual que la privatización de la ejecución que se propone desde la procura.

Ante estas propuestas, el Ministerio da la callada por respuesta y sigue propagando su idea como la única y verdadera reforma de la Justicia. Ha creado una burocracia sin parangón con asesores, cargos de confianza, consultoras y organismos “técnicos” que cuestan un dineral para poner en marcha un experimento en el que se pretende que los funcionarios de Justicia seamos quienes paguemos al final la cuenta a costa de nuestras condiciones laborales, como siempre. Una reforma que, lejos de ser el “proyecto país” o el “proyecto del sector justicia” que se prometía al inicio de la legislatura, se ha convertido en un proyecto del Ministerio con una simple intención electoral clara para justificar la legislatura.

De todos modos, analizando la evolución reciente de la ejecución, desde hace unos años, los procuradores (el ejecutante) pueden solicitar el diligenciamiento de los mandamientos de ejecución, desde hace unos años la mayor parte de los embargos se hacen directamente desde el propio juzgado por medios telemáticos y, además, existe una variedad de portales de subastas electrónicas, uno de ellos gestionado por el CGPE.

Por otro lado, la jurisdicción civil en nuestro país, por disposición legal, sigue el principio de justicia rogada, es decir, es necesario que la parte inste al Juzgado a que realice una actuación y esa es una de las funciones del procurador que será más o menos insistente en el Juzgado que de todo hay. Las peticiones de los procuradores chocan no contra la burocracia sino con la falta de medios y con una regulación garantista que, tendrá sus inconvenientes, pero que se establece en beneficio de todos. Y si no es así que se cambie. Por cierto, que los procedimientos se ejecuten por orden de llegada es una garantía para todos los ciudadanos que conecta con el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un derecho fundamental del que somos garantes los empleados y empleadas públicos de este país.

Si con estos mimbres, que incrementan la capacidad del procurador en la ejecución, seguimos con esos millones de euros sin ejecutar es porque la solución tampoco está en la privatización del servicio público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cuanto a la protección de datos a la que se refiere también la entrevista, el acceso a las bases de datos de Hacienda, Seguridad social etc … a través del punto neutro debe estar controlado. No se trata de la protección de datos del ejecutado sino de todos los ciudadanos cuyos datos están en las citadas bases. Los Juzgados y Tribunales para cumplir con su función de ejecución de lo juzgado acceden a esas bases de datos al amparo de una resolución judicial escrita que legitima ese acceso y con un sistema de controles del CGPJ y de sanciones en caso de accesos no autorizados.

Es decir, accedemos a esas bases de datos en nuestra condición de empleados/as públicos con todo lo que eso significa tal y como se ha explicado más arriba, legitimados por una decisión de un Juez y con una serie de medidas de control sobre su uso y acceso. Una triple garantía para el ciudadano. No es sólo una cuestión de secreto profesional o deber de sigilo, que también, sino de control de acceso, de proporcionalidad entre medios y fines y de seguridad.

La ejecución como decía antes, y ya termino, es una cuestión compleja. En su éxito y su fracaso concurren muchos factores, entre ellos los derivados del sistema garantista que nos hemos dado que otorga derechos a las partes y que se plasma en un procedimiento que no burocracia.

Pero también concurre una realidad social o un factor personal. Hay veces, en tiempos de crisis demasiadas, que quien no paga es porque no puede pagar, aunque quiera. Suele ocurrir que, salvo mejor fortuna, los expedientes se alargan en el tiempo, aplazando pagos, hasta saldar la deuda. También hay ejecutados que, sencillamente, no quieren pagar, algunos de ellos hasta conocen la ley y los derechos que les otorga y la/los instrumentaliza para no pagar. Corresponderá al Gobierno o al Parlamento tener la iniciativa que permita cerrar esos huecos dotando al Juzgado de medios legales para ello.

Y sí, ya termino, agradeciendo a todo aquél que haya llegado hasta aquí, su paciencia. He intentado, y creo que he conseguido, defender una solución distinta a los problemas de la Justicia. Una solución sostenible, basada en el servicio público y el interés general, pero sobre todo respetando la labor de unos profesionales con los que convivimos todos los días en los Juzgados. No nos hace falta menoscabar el trabajo de nadie para defender nuestra posición.  

CSIF estuvo frente al anterior intento de privatización de la ejecución y ahora, va a seguir estando en contra de este proyecto con un gobierno de distinto signo. Como, por cierto, también estuvo frente a la imposición de las tasas judiciales, jugando un papel destacado en las movilizaciones, entre otras razones, porque así se nos pidió por parte de los Consejos de la Abogacía y de la Procura.

Es lo que tiene defender los servicios públicos de calidad y creer en los miles de empleados/as públicas de nuestro país.  Por todo ello, CSIF convoca a toda la ciudadanía a una manifestación el 24 de septiembre a las 12.00IF en el Congreso de los Diputados, en defensa de la calidad del servicio público y contra el empobrecimiento social en estos momentos de crisis.

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