Afirma que cada día que pasa sin convocatoria, los empleados de justicia están más indignados con su empleador "por el maltrato de que haya unos funcionarios de primera y de segunda".
Javier Jordán de Urríes (CSIF): «Cada día que pasa sin respuesta del Ministerio, miles de juicios y trámites quedan paralizados o suspendidos»
Denuncia que es "vergonzoso" que el Ministerio esté "agravando" la situación que ya arrastrábamos de justicia tardía
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24/5/2023 06:31
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Actualizado: 24/5/2023 11:45
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El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, explica en Confilegal detalladamente las reivindicaciones por las que los funcionarios están en huelga indefinida.
Piden una subida salarial de entre 350 y 430 euros, en función del Cuerpo, «acorde con las funciones que realizan a diario». ¿Cuáles son esas funciones que desempeñan y que no les están siendo retribuidas?
En los tribunales hay una serie de funciones que realizan los Cuerpos Generales, como pueden ser cuestiones de acceso a registros electrónicos, al punto neutro judicial, al SIRAJ… La ejecución material la realizan los Cuerpos Generales y luego queda para una simple firma, además masiva, de resoluciones apretando un botón.
En general, hay una serie de diligencias y actuaciones de impulso procesal que materialmente las ejecutamos nosotros y que por falta de tiempo material, los letrados, incluso algunas los jueces, lo que hacen es firmarlas mecánicamente.
Los Juzgados necesitan eliminar esos cuellos de botella, porque si no quedarían paralizados, y lo que estamos pidiendo es que esas funciones que realmente se realizan, se puedan ver reconocidas en la ley y, por lo tanto, retributivamente.
El otro día me contaban una anécdota de un servicio común general, en el que la letrada se dio cuenta de que si tenía que bajar a hacer todos los poderes apud acta, no tenía tiempo para realizar el resto de cosas. Precisamente, por eso estamos pidiendo el reconocimiento de esa función.
En los juicios, quien graba lo que sucede y sabe lo que sucede, porque ve, es el Cuerpo de auxilio judicial, no el letrado, que no está en Sala, porque así lo ha dispuesto la ley desde 2009.
«Los Juzgados necesitan eliminar los cuellos de botella, y lo que estamos pidiendo es que esas funciones que realmente realizamos, se puedan ver reconocidas en la ley y, por lo tanto, retributivamente»
¿Y son ellos los que están cobrando por ese trabajo?
Sí. El reconocimiento del Ministerio a los LAJs de los 430-450 euros en parte se debe precisamente a esas funciones. Además, existe un capítulo de productividad en el que algunas de esas actuaciones que materialmente realizamos los Cuerpos generales al final a quien se les reconoce es al propio letrado.
¿Las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia exigen que se reformulen las tareas de los funcionarios?
Sí. Reclamamos la definición de las funciones que cada Cuerpo debe realizar en la tramitación de los procedimientos.
Los procedimientos judiciales son el resultado de la concurrencia del trabajo de varias personas dentro de una oficina judicial -da igual si es en formato de juzgados, de servicio común o de una unidad en los nuevos modelos de justicia- y es el resultado de un trabajo en equipo.
Se trata de encajar todas estas piezas dando funciones con valor añadido al procedimiento en la toma de decisiones, eliminando cuellos de botellas y, sobre todo, pensando en el ciudadano, que va a ver agilizados los procedimientos sobremanera.
Nosotros pensamos que incluso más importante que la Ley de Eficiencia Organizativa y que los tribunales de instancia es arreglar el tema de la distribución de funciones.
Destaca que las propuestas de los funcionarios no son sólo económicas, sino que también ofrecen mejoras y soluciones para agilizar la Administración de Justicia
¿Las funciones están mal repartidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial?
Eso es lo que pasa y conlleva demasiados cuellos de botella.
Si de verdad hubiera una distribución racional de las funciones y no la que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial -que está pensada para la segunda mitad del siglo XX, que es cuando se aprobó el primer texto- otro gallo cantaría en las oficinas judiciales y los procedimientos serían mucho más rápidos.
Aprovechando el potencial del capital humano que tienen las oficinas judiciales, se podrían solucionar esos cuellos de botella, trabajar en equipo y hacer que esa red funcione a la perfección y con la máxima agilidad posible.
¿Qué más demandan?
Estamos hablando no solamente de ese reconocimiento y calificación, redefinición de las funciones, sino también de la participación real y efectiva en el diseño e implantación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
Hay un detalle de la Ley de Eficiencia Organizativa al que nos hemos opuesto de forma radical. El texto dice sobre las relaciones de puestos de trabajo -un instrumento donde figuran todos los puestos de trabajo con las condiciones laborales específicas de cada Cuerpo en cuanto a jornada, retribuciones, tipo de puesto, forma de provisión, etc., que son materias que tienen que ser objeto de negociación- que hay disposiciones transitorias por las cuales de forma automática unos modelos de referencia que han aprobado en la Conferencia Sectorial las Comunidades Autónomas y el Ministerio, se nos van a imponer a los trabajadores sin haber pasado por la negociación colectiva.
Esto es inadmisible e inaceptable. Incumple el Estatuto Básico del Empleado Público.
También hay una serie de cuestiones que van a afectar seriamente al funcionamiento de los juzgados. Es imposible, como se pretende con la LOEO, que un procedimiento judicial sea como un coche. Es decir, que el producto final, que es la sentencia, sea el resultado de que unos especialistas en puertas añadan las puertas, otros las lunas, otros el motor…
Una de las ventajas que tiene el actual sistema es que el funcionario que coge el expediente, desde la demanda hasta la sentencia, conoce perfectamente cuáles son las peculiaridades y la idiosincrasia de ese procedimiento. Ese conocimiento de qué problemas tiene el mismo es tremendamente útil para poder llegar a una tramitación correcta. Eso se lo carga esta la Ley de Eficiencia Organizativa.
¿Alguna objeción más?
Sí. También se carga algo que consideramos un derecho: la certidumbre a la hora de elegir el destino en un concurso de traslados y la determinación de las funciones del puesto de trabajo al que se accede vía concurso. En el Reglamento de ingreso y en la LOPJ ya está la flexibilidad a la hora de disponer los efectivos de una manera o de otra. No hace falta inventarse nada más.
Si uno quiere ir al área civil, porque está especializado en ella, y tiene la oportunidad de irse a civil, que no se produzca por una decisión discrecional de alguien que de repente pase a estar en contencioso-administrativo o en penal. Eso es contraproducente para el propio procedimiento y para el ciudadano.
Poner a una persona que está en civil a tramitar concursos, por ejemplo, es una barbaridad. Y eso ha ocurrido con esta nueva forma de trabajar en la oficina judicial.
Cuando estamos hablando de una justicia cada vez más especializada, esa especialización también tiene que llegar al personal de justicia.
El Comité de huelga presentó estas cuatro reclamaciones al Ministerio en abril. Después comenzaron las movilizaciones y paros, y siguen sin recibir la llamada del Ministerio. Entre tanto ha negociado con jueces y fiscales… ¿Cómo acoge esta situación?
Es vergonzoso. Y hablo ya desde el punto de vista de ciudadano, no como sindicalista o funcionario de Justicia.
Es vergonzoso que una Administración, un Gobierno que se dice «progresista» y «un Gobierno de los trabajadores» y que afirma que es «dialogante» y que «vela por los servicios públicos», tras más de un mes de movilizaciones y huelgas, con el atasco que se está produciendo en los órganos judiciales, aún no tengamos una convocatoria y que no hayamos ya celebrado una primera reunión.
Primero, es chocante que no se puedan llevar dos negociaciones paralelas.
¿Qué opinión tiene sobre la prioridad que se ha dado a la negociación con jueces y fiscales?
Se podría haber hecho perfectamente con la de jueces y fiscales. Una vez que se opta por llevarlo así, lo que no se puede entender es que desde el jueves pasado esté ya todo resuelto con los jueces y fiscales y todavía no tengamos noticia desde el Ministerio. Parece más preocupado por otras cuestiones que por resolver el conflicto de la Justicia.
Hay que recordar que están afectados millones de ciudadanos, que están viendo cómo sus juicios se están aplazando nuevamente. Se están suspendiendo algunos sin fecha, otros a dos años.
«Hay una falta de previsión apabullante por parte del Ministerio»
Además, hay una falta de previsión apabullante por parte del Ministerio. Que este conflicto, tanto el de jueces y fiscales como el nuestro, se iba a producir tras la firma del acuerdo el 28 de marzo con el Comité de Huelga de los letrados, era de cajón.
Todo el mundo lo sabía, al parecer menos la ministra de Justicia, el presidente del Gobierno, la ministra de Hacienda y la secretaria de Estado de Función Pública, que fue la que firmó ese papel.
Lo lógico es que si prevés que va a haber nuevos conflictos cuando firmas ese acuerdo, que tengas un plan B, un plan de contingencia que permita atajar ese más que probable conflicto que se va a producir. No lo han hecho.
Ahora están en una táctica no sabemos si para agotarnos, o en una táctica pensando más en las elecciones del 28, de ir obviando este problema mientras miles de juicios -repito- cada día que pasa de esta huelga se están aplazando y millones se están paralizando. El balance del primer mes de movilizaciones son 500.000 juicios suspendidos y millones de actuaciones paralizadas.
¿De verdad esto lo puede mantener un Gobierno que se dice de los trabajadores, un Gobierno progresista, un Gobierno que defiende los servicios públicos? ¿Esta es la manera que tiene el Ejecutivo de apoyar, potenciar y de reforzar un servicio público? ¿El no atajar los problemas, no convocar una reunión y no atender a las más que justas reivindicaciones que estamos planteando los trabajadores?
¿Y el servicio público dónde queda en todo este conflicto?
El secretario de Estado de Justicia, la principal cuestión que le echaba en cara a los Letrados era que sólo pedían dinero y que no había ni una sola propuesta de cara al servicio público. Lo mismo hacía con los jueces. De nosotros eso no lo ha dicho ni lo va a poder decir.
Como he explicado, lo que estamos proponiendo son cuestiones que van a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Son propuestas para mejorar el servicio público y son propuestas valientes por parte de los 45.000 trabajadores, que dicen: «Nosotros estamos dispuestos a dar un paso para que esto mejore».
Reclamamos más medios materiales, más medios personales, que también hacen falta, pero también estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena para que se nos aproveche, porque no somos muebles.
«Lo que exigimos es ese reconocimiento legal, laboral y, por supuesto, retributivo, porque el trabajo hay que pagarlo»
Hemos superado un proceso selectivo, tenemos una cierta especialización en materia procesal, estamos ya contribuyendo a que la justicia funcione. Si trabajáramos a Reglamento, todo esto quedaría paralizado. Lo que exigimos es ese reconocimiento legal, laboral y, por supuesto, retributivo, porque el trabajo hay que pagarlo.
¿Cómo les está afectando esa falta de respuesta a sus reivindicaciones?
Cada día que pasa sin convocatoria, los empleados de justicia están más indignados con su empleador por el maltrato que está practicando sobre los trabajadores con esa consideración de que haya unos funcionarios de primera -que son los que más cobran, la élite de la justicia- y de segunda -que al parecer no contamos para nada.
Además de un insulto, es un gravísimo error. Por nosotros pasan el 100 por 100 de los papeles de la Administración de Justicia.
En palabras del juez Calatayud, si el personal de Justicia está contento, está cómodo y trabaja motivado, el trabajo de los jueces y fiscales va a ser mejor siempre.
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