La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la administración de Justicia, iniciará una campaña de movilizaciones contra «la imposición» por parte del Ministerio de la Ley de Eficiencia Organizativa, que, según denuncia, «implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores».
Las movilizaciones comenzarán el próximo 30 de noviembre -miércoles-, a las 12.00, con una concentración frente al Ministerio de Justicia.
El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, declara que la última reunión del 7 de noviembre con el Ministerio sirvió para constatar su «nula voluntad de negociar» el futuro modelo de la organización de la Justicia y su impacto sobre las condiciones laborales de trabajadores de esta administración.
«Tras el acuerdo salarial firmado con CC OO y UGT, que agrava la pérdida de poder adquisitivo arrastrada desde 2010, el Ministerio de Justicia pretende poner en marcha la Ley de Eficiencia Organizativa (creación de los tribunales de instancia, la oficina judicial y las nuevas oficinas de justicia en los municipios) sin tener en cuenta la posición de los trabajadores», denuncia este sindicato.
Y sostiene que esta norma, que actualmente está en trámite parlamentario y que se aprobará a finales de este año o principios de 2023, supone «una amenaza directa a la negociación colectiva».
«Los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, la provisión y las opciones de elegir diferentes destinos vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas», añade.
Todo esto se suma, según expone, a «la privatización que se está impulsando desde el Ministerio con la introducción de la mediación obligatoria y las presiones para entregar la ejecución los procuradores».
«De hecho, tenemos constancia de que el Ministerio y las comunidades autónomas ya han elaborado en la Conferencia Sectorial los modelos de referencia de las oficinas (Unidad de Tramitación y servicios comunes) de los Tribunales de Instancia, de las Oficinas de Justicia en el municipio y están ahora negociando los modelos de relaciones de puestos de trabajo de esas oficinas y del Registro Civil», explica Jordán de Urríes .
De hecho, asegura que «conforme a lo tratado en esa conferencia sectorial, ya se están produciendo recortes de derechos en algunas oficinas judiciales (Badajoz, Ciudad Real o Segovia), donde se está reduciendo la posibilidad de hacer guardia y recibir la retribución correspondiente».
CSIF critica también que desde el Ministerio «tampoco aclaran el futuro de los complementos retributivos en los juzgados de violencia sobre la mujer o los complementos de los servicios comunes de notificaciones», y advierte que de no incluirse en las nuevas relaciones de puestos de trabajo esto «supondría una vulneración de acuerdos previos».
«Tampoco aclara el Ministerio cómo va a proceder para ubicar al personal afectado en los nuevos puestos de trabajo ni sobre los mecanismos de movilidad forzosa que pretende emplear con este fin», explica.
CSIF destaca que es «inaceptable que los funcionarios de Justicia tengan que ser los paganos de los nuevos Tribunales de Instancia, con una reforma a coste cero, en una administración, además, que tiene un déficit estructural de más de 20.000 puestos de trabajo adicionales, unas aplicaciones informáticas que se caen todos los días y unas sedes judiciales en estado lamentable».
«Por eso, como ya avisamos desde CSIF antes del verano, nos vemos abocados al conflicto», concluye.
