Algunos de los tuits que publicaron ayer ministros, dirigentes y exdirigentes de Unidas Podemos en relación a este caso.
Unidas Podemos vuelve a cargar contra los jueces, esta vez por la condena de Isabel Serra
"Cuando alguien comete un delito y se le condena por ello, es un delincuente. Salvo que sea de Podemos, porque en ese caso el delincuente es el juez que le condena", destaca la magistrada María Teresa Puchol Soriano, conocida en Twitter por el seudónimo "Lady Crocs"
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28/9/2022 13:37
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Actualizado: 28/9/2022 14:01
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La coportavoz de Podemos Isabel Serra Sánchez, ha manifestado en Twitter que ayer, dos años y medio desde que recibió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la condenó, el tribunal le comunicó que comienza a correr el tiempo de condena (e inhabilitación) por haberse «manifestado frente a un desahucio».
Sin embargo, numerosos tuiteros le recordaron que manifestarse frente a un desahucio no es un delito y que por lo que ha sido condenada es por un delito de atentado a la autoridad, por lesiones y daños, cometidos durante altercados en un desahucio.
En concreto, a un año y siete meses de cárcel por el delito de atentado, a sendas multas por un delito leve de lesiones y un delito de daños, que ascienden en total a 24.000 euros, y a que indemnizara a dos policías por las lesiones causadas. A una una agente con 4.850 euros y a otro 400 euros.
Como ayer informó Confilegal, el TSJM ha suspendido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en julio de 2021 confirmó las penas impuestas a Serra en marzo de 2020 al haber pagado la condenada la multa y la responsabilidad civil. No obstante, el tribunal condiciona la suspensión a que no vuelva a delinquir en los próximos tres años, bajo la advertencia de que sería revocada.
La resolución no ha satisfecho a la condenada, quien ha sostenido en un hilo en esa red social que han pasado dos años y medio desde que recibió la sentencia condenatoria y que, ahora, con esta resolución «comienza a correr el tiempo de condena e inhabilitación».
Isabell Serra ha asegurado que el «retraso en la ejecución no es casualidad, sino parte de la estrategia de los jueces para ampliar más aún el tiempo de inhabilitación. En concreto, hasta septiembre del año 2025». «Pasarán 5 años y medio (el doble de lo que me impusieron en la sentencia) desde que fui condenada», señala.
Añade que dicho «retraso» supone que no podrá presentarse hasta 2025 en ninguna lista electoral. «¿Hay alguna duda sobre por qué han actuado así los jueces?», plantea, a lo que añade: «Todo ese tiempo sin poder ejercer mi derecho a la plena participación política, y después de haber sido condenada sin pruebas (o más bien con todas las pruebas en contra) y a partir de un montaje policial».
«Este es el lawfare que funciona también en España. Jueces al servicio de intereses políticos y económicos que llevan operando antidemocraticamente contra Podemos desde que nació. Todo para impedir que algunas hagamos política y que impulsemos avances democráticos», declarada esta política.
Las reacciones no tardaron en llegar, entre ellas, por ejemplo, de la magistrada María Teresa Puchol Soriano, conocida en Twitter como «Lady Crocs». «Cuando alguien comete un delito y se le condena por ello, es un delincuente. Salvo que sea de Podemos, porque en ese caso el delincuente es el juez que le condena», ha destacado esta magistrada.
Y ha ironizado con lo declarado por Serra: «El profe me tiene manía. Volumen VI», subrayando las expresiones «han actuado así los jueces», «un montaje policial», y «jueces al servicio de intereses», dichas por la coportavoz estatal de Podemos.
Además, le ha replicado que «claro que no es casualidad el retraso en la ejecución», que es «un retraso endémico que sufre la administración de justicia porque carece de medios personales y materiales para que sea más rápida y eficiente». «Medios que debería proporcionar la administración de la que ella forma parte», ha añadido.
La cosa no quedó aquí. Tras el mensaje de Isabel Serra, ministros y dirigentes de Unidas Podemos han vuelto a cargar contra el Poder Judicial. Como el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha tachado a los jueces de golpistas. En primer lugar, Echenique afirma que a Isabel Serra la condenaron «sin pruebas (de hecho, con muchas pruebas en contra) por algo que no hizo y le impiden presentarse a las elecciones durante un lustro».
«Esto es el lawfare. Jueces activistas dando golpes blandos a la democracia por motivos ideológicos reaccionarios», ha agregado.
La secretaria general de la formación y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que esto es una «muestra más de la «guerra judicial» contra Podemos.
En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también ha calificado de «injusta» condena, ha dicho que es una condena «por defender el derecho a la vivienda», a la que se suman cinco años «sin poder ejercer plenamente sus derechos políticos».
«Contra Podemos todo vale. Mi querida @isaserras, gracias por poner el cuerpo y que nadie dude: aquí seguimos codo a codo, juntas y a por todas», ha expresado a la condenada.
El coordinador federal de IU y titular de Consumo, Alberto Garzón, por su parte, ha calificado de «simplemente vergonzoso y a la vez significativo» el caso de Serra.
También ha salido a la palestra Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno. Iglesias denuncia un «vergonzoso y burdo montaje policial y judicial que tuvo su correspondiente apoyo por parte de la cloaca mediática», y dice que «su único delito fue haber sido activista anti-desahucios y pasar después a ser dirigente de Podemos», a lo que añade el hashtag «Lawfare».
Respecto a este último, sus insultos hacia el magistrado del caso Dina, Manuel García-Castellón, al llamarle «prevaricador» y «mediocre» el pasado abril, están en manos de la Fiscalía de Madrid, que recibió el pasado julio de la Fiscalía General del Estado un escrito que recoge los hechos para determinar si constituyen o no un presunto delito de injurias o calumnias. El caso fue remitido por la Audiencia Nacional.
La magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación mayoritaria de las cuatro existentes en España, abordó ayer en una entrevista en Confilegal las continuas críticas de políticos, principalmente de Podemos, a sentencias y al órgano de gobierno de los jueces. «Las críticas que se han producido en los últimos tiempos están pasando la raya de lo que todo hasta ahora habíamos visto», declaró.
Preguntada sobre que la ministra de Igualdad reivindique una «justicia feminista», María Jesús del Barco ha recordado que «la Justicia es aplicar la ley y la ley es igual para el hombre y la mujer», y que «no podemos hablar de justicia machista ni de justicia feminista, sino de Justicia que está fundamentada en la aplicación de la ley y en principios constitucionales, y entre esos principios está el de igualdad».
La presidenta de la APM achaca la campaña de «acoso» y «desprestigio» de Podemos contra los jueces «a que la figura del juez independiente molesta». «Los jueces, se ve que unos días nos levantamos fascistas y otros no, depende de si les gusta o no la resolución», agrega con ironía.
«Los jueces que aplicamos la ley, la que nos dan ellos. Por cierto, ley que parece que se nos olvida, que debe estar dentro del marco constitucional. Porque parece que en los últimos tiempos el poder legislativo cree que puede hacer que la voluntad de la ley está por encima de la Constitución. Por suerte, la Constitución ha permitido muchos años de convivencia, ha permitido que gobiernen partidos tanto de izquierdas como de derechas y que se haya hecho una interpretación de la Carta Magna que ha avalado las políticas de todas las ideología», subraya esta magistrada, que pide «no nos salgamos del marco».
«La ley es la voluntad de la soberanía nacional, que no popular, pero dentro del marco constitucional, que es el marco en el que nos movemos todos», concluye.
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