La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) celebró los pasados viernes y sábado su Congreso anual, en Madrid, para la renovación de la Ejecutiva y ha sido reelegido como presidente Salvador Viada Bardají, fiscal del Tribunal Supremo (TS) y vocal de la asociación en el Consejo Fiscal.
La elección de Salvador Viada, de 66 años, fue unánime.
Se ha renovado parte de la Ejecutiva y han entrado dos miembros nuevos: Vicente González Mota, que está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y María Teresa Gálvez, que está destinada en la Fiscalía Anticorrupción.
Siguen Santiago Sánchez, fiscal de la Fiscalía de Alcalá de Henares (Madrid); Miguel Pallarés, expresidente de APIF, quien ha sido nombrado vicepresidente, un cargo de nueva creación, y Sylvia López, que será la tesorera.
El presidente de APIF detalla a Confilegal las principales conclusiones del Congreso y sus retos al frente de la asociación, la tercera en número de asociados.
En el Congreso se efectuó una ponencia sobre el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), relacionado con las comunicaciones a la Fiscalía General del Estado de asuntos relevantes, y se puso de manifiesto, según explica Viada, «la existencia de numerosas irregularidades en la gestión de ese tipo de comunicaciones por la Fiscalía General».
Además, el Congreso se pronunció sobre la necesidad de que la Fiscalía tenga un presupuesto propio y diferenciado de los Presupuestos Generales del Estado. Para Viada, esta es «la conclusión más importante, como vía de conseguir una autonomía real respecto del Ministerio de Justicia». «Si la Fiscalía no tiene presupuesto propio, difícilmente puede tener autonomía del Gobierno», sentencia.
Además, la APIF reclama la regulación de las causas de abstención de los fiscales en el Consejo Fiscal. «Deploramos la denegación de votaciones en este órgano consultivo por la voluntad del propio fiscal general del Estado», explica.
La APIF también demanda al Ministerio de Justicia la inmediata convocatoria de la reunión de la Mesa de Retribuciones para jueces y fiscales, que estaba prevista para el 26 de octubre y ha sido desconvocada recientemente sin explicación alguna.
Asimismo, pide la creación de unos límites a las cargas de trabajo que soportan los fiscales relacionados con la salud laboral, teniendo en cuenta que los jueces sí lo tienen regulado a través de módulos de trabajo.
También hace otras reclamaciones profesionales, que dará a conocer en los próximos días en un comunicado.
Viada ostenta la presidencia de la APIF desde septiembre de 2021, cuando tomó el relevo de Juan Antonio Frago, quien estuvo al frente de la asociación desde diciembre de 2019 hasta entonces, cuando pidió una excedencia en la Carrera Fiscal.
Salvador Viada declaró en una entrevista en este diario cuando fue elegido presidente que va a luchar «para que nuestra Justicia se despoje de vínculos políticos y las trampas no salgan gratis».
Cuando el pasado mes de mayo esta asociación logró debutar en el Consejo Fiscal, el órgano consultivo del fiscal general del Estado, y con un importante número de votos -552, por delante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, Viada volvió a reiterar que luchará «por la despolitización de la Fiscalía» y también «para garantizar que los derechos de los fiscales, considerados de manera individual, se respeten y reconozcan».
Una vez más, la APIF reitera que «la Justicia debe estar despolitizada». Esta fue precisamente la primera conclusión del Congreso, que se celebró en el salón de actos de los Juzgados de Plaza de Castilla, y al que asistieron, entre otros, Carlos Ruiz de Alegría, teniente fiscal de la Comunidad de Madrid, que se ha afiliado recientemente a la asociación, y el expresidente Juan Antonio Frago, que está ejerciendo de abogado con gran éxito.
Junto a la letrada Verónica Suárez García fundó un despacho que ejerce la representación de la APIF en los asuntos judiciales.
Entre las recientes incorporaciones a la APIF destaca también la de Carlos Yáñez, fiscal de Granada que estuvo en comisión de servicios y que saltó a primera plana informativa cuando planteó al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, la aplicación del artículo 27 del EOMF y lo ganó.
