Edmundo Bal (Cs): ‘Es un disparate que entren independentistas y demagogos dentro del GGPJ’
Destaca que para renovar llevamos cuatro años y que para reformar tardaríamos sólo tres meses
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24/10/2022 13:30
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Actualizado: 24/10/2022 13:30
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«Es un disparate que entren independentistas y demagogos dentro del Consejo General del Poder Judicial». Así lo señala el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de Justicia, Edmundo Bal Francés, preguntado por qué es lo que más le preocupa sobre la situación de la Justicia.
Ciudadanos reclama que lo primero se reforme primero el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren, y después se haga la renovación por el nuevo sistema que ya no tendría ningún rastro de politización partidista.
Además, hace hincapié en que Europa está avisando a España de posibles sanciones si no modifica el sistema de elección y destaca que «para renovar llevamos ya casi cuatro años, mientras que para reformar tardaríamos sólo tres meses».
“Se puede hacer una reforma exprés para evitar sanciones como las de Polonia, que ascienden a un millón de euros al día», manifiesta Edmundo Bal. «Ignorar esto es de ser unos irresponsables», subraya Bal, que además es abogado del Estado en servicios especiales.
¿Cómo califica la situación judicial con casi cuatro años con el CGPJ en funciones? Es un hito histórico…
Un desastre, porque ninguno de los dos partidos del bipartidismo ha querido cambiar el sistema de elección de los jueces por los jueces. No tienen voluntad real de cambiarlo.
En Ciudadanos propusimos el cambio de sistema hace casi dos años, pero no salió adelante. Pero es que el PP ha estado gobernando en este país con mayorías absolutas y tampoco lo cambió.
¿El bloqueo a renovar es el primer síntoma de que el sistema está mal?
Sí. El hecho de que el órgano de gobierno de los jueces lleve ya cuatro años sin renovar es una anomalía democrática. Es algo absolutamente extraño en los últimos 35 años de democracia, porque esto viene de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985.
Pero lo que refleja básicamente es que el sistema está agotado.
El sistema ya era injusto en 1985. Yo creo que en ese sentido no se ha hecho suficiente hincapié en el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 que decía «vamos a entender que el sistema es constitucional, pero ojo que no se convierta en un sistema de reparto de partidos de puestos, de vocales, de sillas». Sin embargo, es en lo que se convirtió.
El Tribunal Constitucional ya dijo en la ‘ratio decidendi’ de esa sentencia que era inconstitucional y que no podía caer en una contaminación partidista, que es en lo que ha caído.
Habiéndolo renovado durante 35 años de esta manera y habiendo colapsado ya, se pone en valor la razón a esa sentencia del Constitucional y a todos los agentes interesados en este procedimiento que todos, menos el Partido Socialista, entienden que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces.
El Partido Popular parece que se ha venido ahora al lado de los que lo entendemos así, pero nunca ha hecho nada por cambiar el sistema.
¿Este juego político en torno al CGPJ afecta a la apariencia de imparcialidad de los jueces y magistrados?
Afecta claramente a la apariencia de imparcialidad de los jueces y magistrados, y de una manera muy injusta. Pero no lo digo yo, lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas que en el año 2019 consultó a la población y el 48% entendía que la Justicia no era imparcial, lo cual es muy llamativo si tenemos en cuenta que tenemos unos jueces y fiscales muy profesionales, muy imparciales, muy independientes.
Y tienen esa imagen de la Justicia sólo porque el Consejo General del Poder Judicial está elegido a través de este mercadeo, así como las cúpulas judiciales.
Sólo se habla del ámbito del Consejo General del Poder Judicial, pero hay que extenderlo también a la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo -recordemos el mensaje de Cosidó de que su partido controlará «la Sala Segunda desde detrás»- y a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, etc.
Eso da una apariencia frente al ciudadano de que quien alcanza los máximos puestos de poder en el Poder Judicial son los amigos de quien gobierna.
¿Y qué pasaría si el acuerdo incluyera a los candidatos de Podemos, PNV y Esquerra?
Otro desastre más, pero es la lógica aberrante de la política de pactos. Es la lógica aberrante del Partido Popular y del Partido Socialista durante los últimos 35 años.
Resulta que ahora el Gobierno está en la situación de debilidad más grande de la historia de la democracia y que se dé el disparate de que entren independentistas y demagogos dentro del Consejo General del Poder Judicial es consecuente con el sistema de elección. Por eso hay que cambiar el sistema.
Vamos a suponer que se renueve en breve, que creo que es lo que va a pasar, y entren candidatos de Esquerra Republicana y de Podemos. Ese Consejo comenzaría a tomar decisiones, elegiría a los magistrados del Tribunal Supremo… Los medios de comunicación empezaríais a hablar del vocal de Esquerra, del vocal de Podemos…
La situación es dramática en el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social están al borde del colapso ante la incapacidad del CGPJ de hacer nombramientos discrecionales mientras esté en funciones por la reforma legal del Gobierno. Una reforma exprés Se podría llevar a cabo una reforma exprés del sistema
Esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial limitando las funciones la denunciamos cuando se tramitó esta Proposición de Ley. Además, Proposición de Ley que ni siquiera Proyecto de Ley, para evitar con ello que se pronunciara el Consejo General. El propio Consejo pidió emitir el informe, pero el Gobierno se lo negó, porque se trataba básicamente de presionar al Partido Popular para hacerle cómplice, copartícipe, cooperador necesario del colapso de la Justicia en sus puestos de mayor relevancia, y de esa forma forzarle al acuerdo.
Lo que nadie dice es que sus clientes, que tienen ahora mismo casaciones contenciosos-administrativas contra distintas administraciones públicas en el Tribunal Supremo, han visto que sus plazos de resolución están alargándose de una forma tremenda. Es decir, el Gobierno de España apuesta por un servicio de justicia en la cúpula aún más lento de lo que lo tenemos sólo por un interés político, que es que en el CGPJ y en el TC haya, como dicen ellos, una mayoría de jueces progresistas.
En Ciudadanos defendemos una reforma exprés del sistema de elección del CGPJ para salir del bloqueo y del mercadeo de sillones.
Se puede hacer una reforma exprés para evitar sanciones como las de Polonia, que ascienden a un millón de euros al día. Ignorar esto es de ser unos irresponsables.
¿Cuáles son los objetivos de Ciudadanos en materia de Justicia aparte de que los jueces sean elegidos por los jueces?
También queremos que haya una independencia absoluta, tanto orgánica como funcional, en el fiscal general del Estado. Ciudadanos ha planteado ya una serie de objetivos importantes en las comparecencias de los Presupuestos Generales del Estado.
Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, es que hacen falta más recursos en la Justicia. Pero se da la paradoja de que España invierte en Justicia el 0,37 del PIB, bastante en la media y hacia arriba en los países de la Unión Europea.
Sin embargo, si vemos la tasa de congestión judicial -que es la diferencia de los asuntos que entran cada año por los asuntos que salen resueltos y se va incrementando año tras año desde 2011- va incrementándose el tapón.
¿Se gasta mal?
Exacto. Por lo tanto, los gobernantes que hemos tenido en el Ministerio de Justicia en los últimos años suspenden en cuanto a las inversiones.
¿Qué más le preocupa a su partido?
Nos hace falta incrementar la media de jueces, porque mucho incrementar la organización, pero al final quien dicta la sentencia o el auto es el juez y ahí se origina un cuello de botella.
También nos faltan más fiscales.
Otra cuestión que nos preocupa es la situación de los abogados del turno de oficio. Tenemos uno de los baremos de los pagos más pobres de toda Europa. En Noruega por cada asunto del turno de oficio al abogado se le pagan 2.500 euros de media, mientras que en España son unos 147 euros. A esto se suma que en el Territorio Ministerio y en el Territorio Comunidades Autónomas por hacer el mismo trabajo pagan diferente.
Estamos muy preocupados porque se ha recortado, además, el acceso a la justicia gratuita ya que no se ha revalorizado suficientemente el IPREM. Solamente se ha revalorizado al 3,6% y esto sólo va a beneficiar a las personas que viven solas y que ganan menos del doble del IPREM: 1.200 euros.
Por otra parte, en Ciudadanos fuimos los primeros que registramos una Proposición de Ley para la conciliación de la vida laboral y familiar -la registramos Sara Giménez y yo al principio de la legislatura-, que afecta esencialmente sobre todo a las mujeres, en todas las profesiones jurídicas -procuradoras, abogadas, graduadas sociales, etc-.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, nos dijo que lo iba a aceptar, pero todavía seguimos sin encontrar un solo Proyecto de Ley de los que están tramitados en el Congreso donde se incluya este tema de la conciliación. Yo estoy ya con la Ley de Eficiencia Organizativa y con la Ley de Eficiencia Procesal y no se está dando respuesta a esta cuestión.
La promesa del Ministerio de que el periodo vacacional de Navidades sea inhábil a los efectos procesales también sigue sin ponerse en marcha y estamos a escasas fechas. Fue algo que ya le planteé al ministro Campos y seguimos exactamente igual.
Este Ministerio tiene, en definitiva, muy pocas ganas de trabajar.
Desde Ciudadanos estamos en nuestra política en materia de Justicia intentando mejorar las leyes que entran en el Congreso, que muchas veces vienen del Gobierno en unos términos lamentables y con la oposición de todos los agentes jurídicos.
El ejemplo más claro de ello es la ley concursal. No es la ley que nosotros queríamos la que ha salido, me parece muy poco ambiciosa y valiente, pero por lo menos no es el desastre que vino del Ejecutivo. La hemos cambiado de arriba abajo.
Estamos haciendo lo mismo con la Ley de Eficiencia Procesal.
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