La Fiscalía Provincial de Madrid pide 10 años de cárcel a un acusado de haber defraudado al erario público durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2007 y 2008 un total de 2.654.280 euros. Asimismo, también ha solicitado 8 años para otros dos acusados a quienes considera cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
La Fiscalía sostiene que el primer acusado dispuso de tres sociedades en las que ostentaba el poder de decisión y disposición “constituyendo al efecto tres entramados societarios distintos dirigidos única y exclusivamente a la defraudación tributaria así como a allegar a su titular en España fondos opacos a la Hacienda pública española”.
Así, valiéndose la estructura societaria que contaba con dos sociedades ubicadas en Luxemburgo y la otra en Nueva Zelanda, y de la colaboración “imprescindible” de los otros dos acusados, incumplió conscientemente la obligación de presentar declaraciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 habiendo dejado de ingresar respectivamente las cantidades de 795.431,00 y 1.858.848,81 euros”.
En su escrito de acusación, la Fiscalía ha recordado que el primer acusado no presentó declaración por el IRPF correspondientes al ejercicio fiscal del año 2007 a pesar de que percibió cantidades de dinero que ocultó al fisco español.
Por ejemplo, su sociedad Kudureaid S.L. fue la encargada de abonar sus vacaciones familiares por importe de 12.245 euros bajo la apariencia de ser un gasto social cuando en realidad debería estar reflejado como rendimiento de capital inmobiliario.
Además, según la Fiscalía, existen otras ganancias patrimoniales no justificadas. Por ejemplo, transferencias de la sociedad luxemburguesa Naafco International S.A. a su cuenta por un importe total de 244.000 euros “bajo la apariencia de un contrato de cuentas en participación de fecha 15 de febrero de 2007 cuyo objeto era desarrollar la actividad de gestión del suelo y de promoción inmobiliaria, y en virtud del cual, Kudureaid actuaba como propietario gestor y la sociedad luxemburguesa como aportante de capital.
La Fiscalía sostiene que el contrato es «inveraz» y «simulado»
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que dicho contrato resulta “inveraz” y “simulado”, ya que su única finalidad era “la de allegar al acusado fondos ocultos en territorios que se han negado a facilitar información a terceros países para la investigación del fraude fiscal”.
Estas transferencias, unidos a otros pagos como uno que hizo a su sociedad Langguht Inmobilien por importe de 72.000 euros en concepto de un supuesto arrendamiento de una vivienda en Madrid, o retiradas de fondos llevan a la Fiscalía a señalar que la propuesta de liquidación del ejercicio 2077 asciende a un total de 795.431 euros. Del mismo modo la Fiscalía considera que el acusado principal ha obtenido ganancias patrimoniales no justificadas durante 2008 que asciende a 1.858.849 euros.
El representante del Ministerio Público afirma que con la finalidad de ocultar el ilícito beneficio adquirido el acusado colocó la titularidad jurídica y formal de las rentas y patrimonios en un entramado societario real controlado por él mismo, “pero cuya titularidad o propiedad aparente situó en entidades domiciliadas en paraísos fiscales o territorios de nula colaboración en el intercambio de información fiscal, como son Luxemburgo, Suiza, Panamá o Nueva Zelanda”.
A través de este entramado la Fiscalía señala que el acusado no solo ocultó la generación de rentas sujetas y no exentas de IRPF, manteniéndolas opacas al fisco español, “sino que además lo utilizó como estructura de retorno de dichos fondos al tráfico jurídico legal, a través de la realización de negocios jurídicos simulados, ocultando de esta manera el origen delictivo de las cuotas tributarias defraudadas incluidas en dichos fondos retornados, así como la verdadera identidad del titular del mismo”.
