La víctima, que es abogada del turno de oficio de Madrid, informa a Confilegal de las novedades del caso. En la imagen, de espaldas, porque prefiere no revelar su identidad «por miedo a represalias».

La letrada del turno de oficio que denunció a un cliente por amenazas: ‘Es disparatado cómo se está tramitando mi procedimiento’

El juicio se ha señalado para el 9 de noviembre y se ha tramitado por un delito leve, una resolución que cuando se le notifique personalmente recurrirá en reforma para que se transforme en diligencias previas

31 / 10 / 2022 12:38

Actualizado el 11 / 11 / 2022 14:59

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«Es disparatado cómo se está tramitando mi procedimiento». Así lo declara a Confilegal M. A. M. M., la letrada del turno de oficio que denunció el pasado mes de julio que ha sido amenazada y coaccionada por su cliente, y pidió una orden de alejamiento. Un «calvario» que, según manifiesta, lleva sufriendo con el justiciable más de dos años, desde que le fue designado en abril de 2020.

Según explicó en su día en este diario, el correo detonante fue uno en el que el cliente la amenazaba en los siguientes términos: “Ahora bien la prevengo y le advierto que, como la pille en un renuncio, sea el que sea, o lo más mínimo, bien sea usted o el procurador o me entere que haya llegado a espaldas mías a un acuerdo con la parte contraria, le garantizo que dedicaré mi vida personal a destruirla».

«… Y también si por casual usted hace que pierda el caso en juicio o se archiva y cierra el caso, de igual manera, haré que me lo pague con intereses», añadía.

Este correo lo recibió el 13 de julio y tuvo que acudir, en menos de 8 horas, en dos ocasiones a los servicios de urgencias «por el alto grado de ansiedad que estaba padeciendo».

La afectada denunció los hechos ante la Policía el pasado 14 de julio, denuncia a la que adjuntó el parte de lesiones, y solicitó medidas cautelares consistentes en una orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto al denunciado.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, localidad al este de Madrid, que decidió tramitar su procedimiento como un delito leve.

«Esta resolución aún no se me ha notificado personalmente ni a la acusación particular», explica a Confilegal la víctima, que ha tenido conocimiento de ella a través de la acusación popular, que ejerce en el procedimiento la asociación Defenda, de la que es vicepresidenta, y que la afectada recurrirá en reforma cuando se le notifique para que el caso continúe por diligencias previas y se acuerden medidas cautelares.

El juicio se ha señalado para el 9 de noviembre.

En la denuncia, esta letrada del turno de oficio pidió una orden de alejamiento. Según informa, «la juez se ha pronunciado recientemente al respecto, a 20 de octubre, denegándola y ello pese a que la Fiscalía no se apuso a su concesión».

«Lo más grave es que presentamos una ampliación de la denuncia el 12 de octubre, con numerosa documentación médica, entre ella una baja laboral de dos meses, y pese a dicha documentación, el médico forense, sin citarme y sin verme, emitió el 20 de octubre un parte de sanidad dándome un día de baja«, señala a este diario «indignada».

«Los juzgados se toman este tipo de procedimientos como ‘peccata minuta’, los minimizan, sin tener en cuenta los daños psicológicos que tiene la víctima», denuncia esta letrada, que ya ha recibido el alta laboral, pero no el alta médica. Desde el pasado 14 de julio se encuentra en tratamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico.

Esta letrada pide a los jueces en los que recaigan este tipo de procedimientos «que tengan una mayor sensibilidad y empatía con las víctimas».

«Ahora entiendo cuando los clientes me dicen que no creen en la Justicia, lo estoy sufriendo en mis propias carnes», sentencia.

También destaca que «con estos precedentes» entiende que haya compañeros que no denuncian «porque es meterte en un berenjenal sin el apoyo de la justicia». Sin embargo, les emplaza a denunciar estas situaciones.

Defenda, creada en abril de 2020 para luchar por los Derechos y dignidad de la Abogacía española ejercita en su caso por primera vez la acusación popular en este tipo de procedimientos, para defender los derechos del colectivo.

La acusación particular la está ejerciendo una diputada del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Lola Fernández, para defender los derechos de esta abogada.

Además, varios miembros de la Junta Directiva de Defenda han anunciado que también se personarán como acusación particular asumiendo la defensa de su compañera.

SUS REIVINDICACIONES

La denunciante se ha reunido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega Benito, en dos ocasiones para transmitirle su caso y «la necesidad de una reforma del Código Penal para que se impongan penas más duras cuando las víctimas sean letrados del turno de oficio en el ejercicio de sus funciones, así como que se implanten en los Colegios de la Abogacía protocolos contra el acoso a los letrados, así como de detección precoz».

«Finalmente, esto se llevará a la práctica tras las reivindicaciones planteadas a la presidenta del CGAE: El Protocolo de acoso se implantará en todos los Colegios, aunque lo deseable sería que no fueran unas meras recomendaciones, sino por imposición legal», señala.

Esta reivindicación también se la ha transmitido a distintos grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. De momento, se ha reunido con el Partido Popular y el Partido Socialista y los ‘populares’ «comparten esta reclamación y «están estudiando dónde tendría cabida, si en vía de enmienda o a través de una Proposición No de Ley».

Defenda y esta letrada también reclaman que los abogados del turno de oficio sean considerados autoridad.

Esta asociación destaca que el caso de esta compañera no es aislado, sino que es «una situación que tristemente va en aumento», y señala que lo sufren más las abogadas que sus compañeros.

Defenda indica que algunos justiciables, que no la mayoría, afortunadamente, exigen a los letrados del turno de oficio «lo impensable» y que «llegan a vivirse situaciones kafkianas que suelen resolverse gracias a la empatía, paciencia y saber hacer de los profesionales».

Sin embargo, señala que «también se viven, con demasiada frecuencia situaciones de riesgo y miedo reales, unas por insultos, coacciones, amenazas, acoso, agresiones físicas -palizas con hospitalización- y otras, las más obviadas, por la lenta, constante y permanente agresión psíquica (conversaciones presenciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas), con amenazas veladas y otras explícitas sin ningún tipo de rubor ni de pudor al hacerlas; porque para este perfil de justiciable ‘todo vale, porque lo digo yo’, ‘yo presento una queja y te vas a enterar».

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