El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Delgado Martín, el fiscal Pedro Díaz Torrejón, el fiscal coordinador del área penal del Tribunal Constitucional Javier Zaragoza o el director corporativo de la prestigiosa editorial jurídica Sepin, Rubén Martín de Pablos, entre los ponentes del Congreso.
Altodo analiza en un Congreso los problemas del derecho de defensa en la justicia penal digital
Tendrá lugar hoy y mañana, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
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17/11/2022 16:15
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Actualizado: 17/11/2022 16:45
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La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y la Universidad Complutense de Madrid celebran hoy y mañana, 17 y 18, un Congreso sobre justicia digital titulado ‘Problemas actuales del Derecho de Defensa en la Justicia Penal Digital’.
Tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Complutense (Auditorio I, Edificio Departamental) este jueves de 16.30 a 20.00 y mañana de 10.00 a 14.30. Es gratuito.
En estas jornadas, en las que colabora la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez y la editorial jurídica Sepin, se hará una completa radiografía sobre la situación y los problemas del derecho de defensa en la justicia penal digital a través de cinco mesas redondas que abordarán asuntos tan relevantes como la transformación digital de la Justicia o el Derecho de Defensa e Instrucción en el actual contexto digital, entre otros.
En ellas participarán ponentes de primer nivel, como el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Delgado Martín, el fiscal Pedro Díaz Torrejón, el fiscal coordinador del área penal del Tribunal Constitucional Javier Zaragoza; el director corporativo de la editorial jurídica Sepín, Rubén Martín de Pablos, además de catedráticos y académicos de la Universidad Complutense, entre otras personalidades.
Altodo destaca que en una sociedad cada vez más digitalizada, el uso de la tecnología facilita enormemente la investigación delictiva, pero también puede dar lugar a actuaciones «sumamente invasivas en los derechos fundamentales de las personas, y más aún, sobre la persona investigada».
«Y en este sentido, la protección del derecho de defensa y demás derechos fundamentales, en tensión a lo largo del proceso penal, constituye un imperativo constitucional y legal que reclama reformas normativas, nuevas interpretaciones jurisprudenciales acordes con la doctrina de los tribunales supranacionales (TEDH y TJUE), así como reformulados métodos de trabajo y, por supuesto, un gran esfuerzo en formación y perfeccionamiento para todos los profesionales involucrados (abogacía, procura, policías, jueces y fiscales)», expone.
¿Puede un juez acordar la prisión provisional de una persona basándose en un algoritmo? Y, en tal caso, ¿cómo puede la defensa impugnar motivadamente dicha actuación? ¿Afecta a la debida confidencialidad entre abogado y acusado la realización de actuaciones telemáticas o a distancia en los procesos penales? ¿Cómo contradecir la prueba tecnológica aportada por la acusación si se desconoce el instrumento y programa informático utilizado para la obtención de la misma?¿Qué tipo de acceso a las actuaciones se va a desarrollar ante la implementación del expediente judicial electrónico?
Estas y otras muchas cuestiones serán objeto de una reflexión conjunta, como el recientemente incorporado proceso ante la Fiscalía Europea, las últimas reformas en cuanto a la limitación de los plazos de duración de la fase de instrucción, o el alcance y límites de la conformidad legalmente recogida en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y serán abordadas por parte de «los principales protagonistas de velar por el respeto al ordenamiento jurídico y a la Carta Magna en los procesos penales», pues los intervinientes son abogados ejercientes y especialistas en materia penal, fiscales, jueces y magistrados de las más altas instancias judiciales.
“La digitalización en el ámbito de la justicia tiene su afectación directa en los profesionales que intervienen en ella. La abogacía de oficio reclama más medios tecnológicos, adaptaciones normativas y velar por el respeto de los derechos procesales fundamentales de los ciudadanos sin que ello suponga nuevos gastos y trabas que se repercutan, como se viene tradicionalmente haciendo, en los actores y usuarios de justicia”, señala Juan Manuel Mayllo, presidente de esta asociación y miembro de la candidatura liderada por Eugenio Ribón al Decanato y Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en las elecciones del próximo 20 de diciembre.
El Congreso Altodo analizará estas cuestiones y otros problemas actuales del derecho de defensa en la justicia penal digital.
Puede consultar el programa, pinchando aquí.
La inscripción es libre hasta completar aforo (últimas plazas) mediante solicitud a [email protected].
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