El CGPJ advierte que es necesario crear 32 nuevos Juzgados de lo Social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana
La demora en el señalamiento de los actos de conciliación y juicio en esos territorios es superior a un año. Foto: Carlos Berbell/Confilegal

El CGPJ advierte que es necesario crear 32 nuevos Juzgados de lo Social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana

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01/12/2022 14:05
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Actualizado: 01/12/2022 14:48
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido hoy de la necesidad de crear 32 nuevos Juzgados de lo Social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana con el fin de «agilizar la actividad judicial y de reducir los tiempos de respuesta en aquellas provincias en las que se ha detectado que los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año».

Su petición se sustenta en un informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ tras analizar durante el pasado mes de noviembre la situación de todos los Juzgados de lo Social que estaban señalando actos de conciliación y juicio con más de un año de demora.

El CGPJ ha tenido en cuenta, además, el criterio fijado por el Tribunal Constitucional (TC), en sentencia de 10 de octubre, en la que la Sala Primera declaró que una demora de varios años vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

En esa resolución, el tribunal de garantías dio la razón al abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal, estimando su demanda de amparo, por haberse vulnerado el derecho de su cliente a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución). Sánchez Bernal tiene otros dos asuntos más fijados para mayo de 2023 y octubre de 2025 y ha anunciado que también recurrirá en amparo el primero de ellos y «muy posiblemente» el segundo porque «ya se «Justicia tardía no es Justicia».

Como ha informado Confilegal, ya están señalando juicios en Juzgados de lo Social de Almería y Sevilla para diciembre de 2026, como le ha ocurrido al abogado madrileño Carlos Manrique de Torres, y al justiciable Fernando Iturralde Novo, de Sevilla.

El Servicio de Inspección ha valorado en su análisis de la situación de los Juzgados de lo Social las cargas medias de entrada de asuntos -de acuerdo con los indicadores aprobados por el CGPJ- de los años 2018 a 2021 y de los tres primeros trimestres de 2022. También, el nivel de resolución, el nivel medio de pendencia por territorio, los tiempos medios de respuesta y las fechas de los últimos señalamientos de los que se tiene constancia. 

Conforme a esos datos, ha concluido que es “necesaria e imprescindible” la constitución de esos 32 nuevos Juzgados.

LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ESOS NUEVOS JUZGADOS

El órgano de gobierno de los jueces precisa que esos nuevos deberían distribuirse territorialmente de la siguiente forma:

Andalucía: Tres Juzgados de lo Social en Almería; un Juzgado de lo Social en Cádiz; un Juzgado de lo Social en Jerez de la Frontera; dos Juzgados de lo Social en Málaga y cinco Juzgados de lo Social en Sevilla.

Cataluña: un Juzgado de lo Social de enjuiciamiento en Barcelona.

Madrid: 15 Juzgados de lo Social en Madrid.

Y en la Comunidad valenciana: dos Juzgados de lo Social en Alicante y dos juzgados de lo social en Elche.

CARGA DE TRABAJO

El Servicio de Inspección del CGPJ también advierte de la necesidad de aumentar la planta judicial en todas aquellas localidades en las que la carga de trabajo de los Juzgados de lo Social supera el 130% del indicador de media en los últimos cinco años.

Según el Servicio de Inspección, los órganos judiciales que se encuentran en esta situación no figuran en el listado anterior gracias al esfuerzo de sus titulares, que han logrado reducir los tiempos de demora, si bien estos “exceden de las legítimas expectativas de los ciudadanos y quebrantan el principio de celeridad que rige la jurisdicción Social”.

El CGPJ dará traslado de este informe a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia afectados «para que valoren promover la adopción de medidas de refuerzo, en tanto se produzca el aumento de la planta judicial».

También dará traslado del mismo al Ministerio de Justicia y a las administraciones autonómicas.

JUSTICIA TARDÍA NO ES JUSTICIA

Arriaga Asociados, que representa a más de 60.000 consumidores en procedimientos sobre la nulidad de cláusulas abusivas, ha denunciado «la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva» en algunos de los litigios de los clientes a los que representa. Este bufete ha empezado a recurrir los procedimientos que se encuentran paralizados por más de dos años y también está dirigiendo a los juzgados peticiones de impulso.

El letrado hispalense Jaime Borrego, también ha pedido auxilio al tribunal de garantías de España ante un juicio tardío por una vista oral señalada para septiembre de 2025, eso es tres años, 9 meses y un día después de interponer la demanda. Borrego destaca en su recurso de amparo, interpuesto la semana pasada, que el TC ya reconoció hace 38 años que había un error estructural por falta de medios.  

«El problema viene desde hace 38 años, cuando tenemos la primera sentencia del Constitucional que reconoce vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, y desde entonces no se ha dotado a la Administración de Justicia del presupuesto suficiente para acabar con esta lacra», denuncia Borrego.

«La Justicia en España, con este tremendo retraso que hay, favorece enormemente a los ricos y deja desamparados a los pobres», opina el abogado sevillano Fernando Osuna Gómez, que igualmente ha denunciado en Confilegal la «alarmante» situación de muchos procedimientos que lleva ante la «descomunal» lentitud de la Justicia. 

Y como sus compañeros hace hincapié en que «Justicia tardía no es Justicia».

Precisamente, el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz ha accedido recientemente a adelantar un señalamiento tardío porque la Justicia «si no es rápida, no es eficaz», como señala el decreto de la letrada de la Administración de Justicia que estima el recurso de reposición interpuesto por el abogado laboralista Roberto Mangas Moreno contra un señalamiento en una demanda de ampliación del permiso y prestación por nacimiento y cuidado de menor de una familia monoparental.

El pasado 18 de octubre se dictó decreto en el presente procedimiento acordando admitir la demanda presentada y señalando el acto de la vista oral para el 29 de mayo de 2024. Mangas recurrió alegando «que carecía de sentido tal fecha porque es un permiso que hay que disfrutar antes del primer año de vida del menor y ya para 2024 tendría dos años y medio», y citó la sentencia del TC sobre el caso de su compañero Sánchez Bernal.

Finalmente, el Juzgado fijó el señalamiento para el próximo 22 de marzo de 2023.

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