Nueve de los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han vuelto a dirigir una petición oficial al presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, solicitando la celebración de un pleno extraordinario para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al órgano de gobierno de los jueces, y aportando dos nombres: César Tolosa Tribiño y Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
La proposición de los dos candidatos remedia el defecto de forma que tumbó la solicitud que hicieron el pasado viernes a Mozo, en la misma dirección. El presidente interino rechazó la petición porque el grupo conservador no había adjuntado ningún nombre, cosa que sí han hecho ahora.
Los dos nombres propuestos son magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. César Tolosa es su presidente y Pablo Lucas es presidente de una de sus Secciones, además de magistrado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); es quien da luz verde para que se lleven a cabo operaciones especiales del servicio de inteligencia, o las deniega.
Ambos responden a ambas sensibilidades, conservadora y progresista.
Los nueve vocales firmantes –Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero Pascual, Carmen Llombart Pérez, Juan Manuel Fernández, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona Vergara y Wenceslao Olea Godoy– acompañan, con su petición, los curriculums de los dos candidatos. «Y se significa que no existe ningún otro documento a aportar», concluyen.
El décimo vocal conservador, Vicente Guilarte, abogado, se mantiene al margen de esta iniciativa.
Los ocho vocales del grupo progresista –Álvaro Cuesta Martínez, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Clara Martínez de Careaga García, Roser Bach Fabregó, María Concepción Sáez Rodríguez, María del Mar Cabrejas Guijarro, Pilar Sepúlveda García de la Torre, y Rafael Mozo Muelas– ya eligieron a su candidato en una reunión: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado también de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Una elección que el grupo conservador rechaza.
Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos están impulsando, en estos momentos en el Congreso de los Diputados, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la mayoría reforzada de 3/5 de los votos del pleno del Consejo necesaria para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional y permitir que se haga con mayoría simple.
De esa forma, ambas formaciones creen que será más fácil dicha renovación.
En términos prácticos significa que se pasa de 11 a 10 votos.
No va a ser así.
El grupo progresista cuenta con 8 votos. 9 si el vocal conservador «independiente», Vicente Guilarte, votara con ellos. Pero todavía necesitarían un voto más para conseguir la mayoría necesaria de 10, cuando entre en vigor la LOPJ reformada.
Teniendo en cuenta que el vocal conservador, Wenceslao Olea, ha regresado al redil de sus compañeros de grupo, resultará difícil sumar 10 votos y desbloquear el bloqueo que ya dura desde el pasado 13 de septiembre, cuando se terminó el plazo que le dio el Gobierno al CGPJ para proceder a dicha elección.
La situación, por lo tanto, no cambiará. Seguirá en tablas.
