Rafael Mozo, presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, ha rechazado convocar el pleno extraordinario que le solicitó el bloque de 9 vocales conservadores, el pasado viernes, porque la petición adolecía de un defecto de forma: una propuesta con el nombre de, al menos, dos candidatos al Tribunal Constitucional.
De acuerdo con Mozo «la petición así formulada no puede ser atendida en aplicación del artículo 35, párrafo segundo, del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del CGPJ, que exige la aportación de todos los documentos, si los hubiere, relacionados con el orden del día del pleno cuando se solicite la celebración de una sesión extraordinaria».
Y subraya que la solicitud realizada tampoco cumple con las reglas del juego aprobadas en el Pleno del pasado 8 de septiembre, refiriéndose en concreto a la necesidad de que dicha convocatoria incluya los nombres de al menos dos candidatos y el currículum de los mismos.
Estos nueve vocales –Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez, María Ángeles Carmona y Wenceslao Olea– habían pedido votar los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) con carácter urgente (antes del Pleno ordinario previsto para el 22 de diciembre), ante la reforma legal propuesta por PSOE y Unidas Podemos para cambiar las condiciones de nombramiento.
Fuera de la petición quedó el décimo vocal conservador, el abogado Vicente Guilarte.
Con el sistema actual son necesarios 3/5 de los 18 votos de que está formado el Pleno del CGPJ, es decir 11 votos, para elegir a los dos magistrados del TC.
Con la reforma en ciernes que se introducirá en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista y de Unidas Podemos, dicha mayoría se reducirá a 10, con lo que el bloqueo a la elección de los dos magistrados del TC por el CGPJ podría ser más fácil de desactivarse. Porque solo son necesarios dos votos del grupo conservador, no tres.
El grupo progresista cuenta, actualmente, con los ocho votos de Álvaro Cuesta Martínez, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Clara Martínez de Careaga García, Roser Bach Fabregó, María Concepción Sáez Rodríguez, María del Mar Cabrejas Guijarro, Pilar Sepúlveda García de la Torre, y Rafael Mozo Muelas.
Guilarte podría ser el noveno voto. Faltaría determinar quién de los nueve conservadores restantes sumaría la decena.
La reforma en marcha del PSOE y de Unidas Podemos también prevé que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que podría garantizar que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador).
Los progresistas ya eligieron el suyo hace unas semanas: José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Un nombre que no gusta al grupo conservador, según ha podido saber Confilegal.
Este grupo ha mostrado sus preferencias por Pablo Lucas Murillo de la Cueva, también magistrado de esa misma Sala y juez del Centro Nacional de Inteligencia. Se da la circunstancia de que Lucas Murillo de la Cueva es hermano del vocal por el PNV, encuadrado en el bloque progresista, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, con lo que se podría producir, llegado el caso, un claro conflicto de interés.
El próximo 22 de diciembre está previsto la celebración del pleno ordinario del CGPJ.
