La huelga de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en toda España fue seguida por 3.332 funcionarios de esta carrera de los 4.760 que la conforman; un 70 % del total, según las asociaciones convocantes, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ).
El Ministerio de Justicia hizo una valoración sensíblemente inferior: 1.361, de los 4.760 LAJ, solo el 28,6 % secundaron la huelga.
De acuerdo con las tres asociaciones, la huelga «ha supuesto la suspensión de miles de actuaciones judiciales y la interrupción de pagos millonarios».
«No es a los Letrados a quienes ha perjudicado Pilar Llop [ministra de Justicia], es a las familias que no percibirán a tiempo sus indemnizaciones. A las pequeñas y medianas empresas que no podrán cobrar sus créditos. A las parejas que no podrán separarse, divorciarse o regular regímenes de custodia o visitas. A los
trabajadores que deberán esperar más tiempo para que se resuelva sobre su despido. A las víctimas de delitos que tendrán que esperar más tiempo por
su resarcimiento. A los menores pendientes de sus reclamaciones de alimentos», han añadido.
Las tres asociaciones achacan el conflicto al incumplimiento de sus propias promesas por parte del Ministerio. Esa actitud es la que, afirman, les están avocando a la huelga indefinida, que convocarán la próxima semana si no obtienen contestación a sus reinvindicaciones.
