Rodríguez Arribas analiza en Confilegal la situación política actual y el estado de la Justicia en España. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Ramón Rodríguez Arribas: ‘Hemos llegado a un punto en el que las ideologías están por encima hasta del sentido común y ese es el camino del caos’
El vicepresidente emérito del TC señala que "se está debilitando al Estado" y que "en algunos aspectos casi se le está desarmando ante la posibilidad anunciada de que se repitan hechos que podrían ser constitutivos de un auténtico golpe a la democracia"
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17/12/2022 01:30
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Actualizado: 17/12/2022 01:39
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«Hemos llegado a un punto en el que las ideologías están por encima hasta del sentido común y ese es el camino del caos». Así lo afirma Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional (TC), y apunta que «en el caos nunca ganan los buenos».
Advierte de que «se está debilitando al Estado» y que «en algunos aspectos casi se le está desarmando ante la posibilidad anunciada de que se repitan hechos que podrían ser constitutivos de un auténtico golpe a la democracia».
Y hace un llamamiento a la serenidad, a parar, reflexionar y cambiar un poco de criterio.
Rodríguez Arribas, socio fundador y director del despacho que lleva su nombre, pasó a ejercer como abogado después de una trayectoria de 43 años en la Carrera Judicial, llegando a ser magistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, donde sirvió nueve años más, entre 2004 y 2013.
Y entre 2012 y 2013 fue el vicepresidente.
¿Qué opina de la reforma del delito de sedición?
Cualquier delito puede ser reformado si es que lo merece, pero debe ser con carácter general y haciéndolo como es debido.
El Código Penal es parte del ordenamiento jurídico, una ley orgánica que debe ser contemplada con cierto respeto, por lo tanto, ni con prisa ni mucho menos orientado a favorecer a personas determinadas, lo contrario a lo que está pasando.
Esta es una de las técnicas legislativas más reprobables. No debió hacerse así.
No es verdad que esa rebaja de penas supusiera una homologación con lo que hace Europa, que es el pretexto que usan.
Contrariamente, lo que sucede es que quizá no exista en algunos países esa designación del delito, que no tiene nada que ver con la descripción del mismo. En Alemania, por ejemplo, la rebelión y la sedición se denominan traición y son castigados con penas gravísimas.
Por otra parte, si hay algo que es un bien jurídico que merezca protección es la seguridad interior del Estado, porque esa no afecta a una persona determinada, sino que puede afectar a todos los ciudadanos.
«Cuando la seguridad está amenazada o atacada directamente, incluso desde las instituciones, como pasó en Cataluña, naturalmente el Estado tiene derecho a defenderse y a reaccionar»
Además, en una democracia, precisamente una de las cosas que pueden garantizar los derechos y las libertades es que se garantice también la seguridad.
Y cuando la seguridad está amenazada o atacada directamente, incluso desde las instituciones, como pasó en Cataluña, naturalmente el Estado tiene derecho a defenderse y a reaccionar.
Por tanto, esta reforma, por donde se coja, me parece un error, y tiene una intención que no se puede aceptar.
¿Y qué le parece la reforma del delito de malversación?
Es algo parecido, pero en este caso quizá sea peor, porque han pretendido hacer una cosa imposible: que favorezca sólo a personas determinadas. Y como eso es la cuadratura del circulo, les va a salir mal.
Como ha pasado con la ley del ‘solo sí es sí’, va a poner en la calle o con una pena menor a muchos corruptos, y cuando se ha hecho bandera de la anticorrupción incluso para llegar al poder, resulta un contrasentido escandaloso, que luego, al final, por un interés partidista se acabe favoreciendo a los que se apoderan del dinero que es de todos para darle una finalidad distinta.
No basta con que se lo guarden o no. Si se da una finalidad distinta al dinero público, se está burlando el interés general.
«Como ha pasado con la ley del ‘solo sí es sí’, va a poner en la calle o con una pena menor a muchos corruptos»
Hay cosas que resultan sorprendentes para cualquier espectador imparcial y que en cualquier país hubieran dado lugar a una reacción política en contra de los que promovieron esa forma de reformar, ese criterio reformista favorecedor de personas concretas.
¿Qué opina de las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos para modificar las reglas de elección de los magistrados del TC en el actual procedimiento de designación, aún en curso?
En primer lugar, una democracia se caracteriza por el respeto riguroso a las formas.
Entonces, las enmiendas -como ha dicho ya el Tribunal Constitucional- no pueden ser utilizadas en una ley para reformar otras leyes. La enmienda tiene que tener una relación directa con el objeto y finalidad de la ley que se está tramitando.
Y no se puede meter en una ley que se refiera, por ejemplo, a la caza mayor una cosa relativa al pago de impuestos. Eso no se puede aceptar.
Se ha hecho una cosa disparatada, porque se ha hecho en unas enmiendas que afectan a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la finalidad de aprovechar esa tramitación de urgencia.
Además, una tramitación que elude la intervención asesora en el Legislativo de órganos tan importantes como el Consejo de Estado y el propio Consejo General del Poder Judicial.
Y cuando estaba produciéndose el propio fenómeno de la elección.
¿Y qué se debe hacer ante una actitud de bloqueo?
Si la ley lo permite, hay que soportar ese bloqueo y cuando llegue el momento, pero no en ese instante, sino después, se podrá modificar lo que sea para favorecer que eso no pase más.
Pero aparte de que ha habido otros procedimientos, el de reducir garantías es el peor de todos y se han reducido dos importantísimas.
Por una parte, los dos tercios para elegir los dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del CGPJ, que es una garantía porque obliga a que haya siempre un acuerdo mayoritario y, por lo tanto, que la selección sea más depurada.
La segunda garantía que se suprime es una que tienen casi todos los tribunales de carácter constitucional en Europa, que es el hecho de que pueden examinar los requisitos formales y materiales que se refieran a las personas que van como candidatos para ser designados miembros del Alto Tribunal.
Esas dos garantías suprimidas lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho y la forma en la que se han hecho constituye una transgresión grave de las propias estructuras de un Estado de Derecho democrático como es el español.
De manera que todo ello es lamentable, triste y en este momento estamos en una crisis institucional, que espero -hay que ser optimista- se remedie de la mejor manera posible, pero lo cierto es que ahora mismo es para estar preocupados y tristes.
¿Hacia dónde cree que vamos con la derogación del delito de sedición, el abaratamiento de la corrupción y las reformas del Poder Judicial al margen del propio poder?
No vamos en buena dirección y lo peor es que los que están haciendo esto, que son intenciones y conductas desviadas, son los que acusan de golpismo a los que se oponen a ello.
«Esto es lo que ha sucedido en otros países hace muchos años, en los que precisamente los totalitarios eran los que presumían de demócratas»
Esto es lo que ha sucedido en otros países hace muchos años, en los que precisamente los totalitarios eran los que presumían de demócratas.
¿Con estas actuaciones, el Estado de Derecho está perdiendo armas?
Se está debilitando al Estado, en algunos aspectos casi se le está desarmando ante la posibilidad anunciada de que se repitan hechos que podrían ser constitutivos de un auténtico golpe a la democracia.
¿A qué achaca usted que haya tanta prisa por cambiar las mayorías ideológicas del TC?
La prisa es otra de las cosas que revela una conducta desviada.
Precisamente, la peor consejera que hay en cualquier cosa, pero especialmente en lo que es el Derecho, es el precipitar acontecimientos, el eludir los asesoramientos adecuados y el hacer las cosas de manera que los propios redactores de la ley no tengan tiempo suficiente para estudiarla y para hacer una depuración de lo que es una norma que tiene que afectar a todos y que tiene que ser orientada al bien común.
Cinco magistrados progresistas del TC pidieron el pasado jueves tiempo para estudiar el recurso de amparo del PP contra las citadas enmiendas, provocando que la decisión sobre el recurso se haya pospuesto para el próximo lunes, lo que dio vía libre al Congreso para aprobar la Proposición de Ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ. Amenazaron con no participar… ¿Qué opina de esto?
En principio, si no hubieran tenido tiempo de estudiarlo, estaban en su derecho de pedir más tiempo, pero la forma también aquí falló.
«Las noticias que tenemos es que hicieron una cosa que también prefiero no calificar, pero que tiene malos nombres: amenazar al presidente con marcharse para que tomara una decisión aunque no quisiera»
Las noticias que tenemos es que hicieron una cosa que también prefiero no calificar, pero que tiene malos nombres: amenazar al presidente con marcharse para que tomara una decisión aunque no quisiera.
Eso es algo que, repito, prefiero no calificar.
Hay quienes se echaron las manos a la cabeza con que el Constitucional pudiera frenar el debate en el Congreso sobre esa Proposición de Ley a raíz de la medida cautelarísima solicitada por el PP en el recurso. ¿Usted ve eso un escándalo?
El escándalo es que no se estudie y no se decida.
Que se decida lo que sea. Si se considera que la urgencia lo exige, se aplica la medida cautelarísima y si se considera que no existe esa urgencia o que no merece la pena, se hace lo contrario.
Lo que no puede ser es que no dejen decidir al tribunal, que es lo que ha pasado.
Además, no significa que la medida sea definitiva. La cautelarísima, que se hace sin escuchar a nadie -y aquí se ha tolerado que se presenten nuevos escritos y que se hagan recusaciones- abre a continuación inmediatamente la pieza de suspensión, en la que se escucha a todo el mundo y con tranquilidad se acuerda si continúa la medida de suspensión o no.
Esa fórmula, que es la normal, no se ha aplicado.
«No comprendo ni la escandalera que se ha armado de que no se puede tocar lo que hace el Parlamento ni tampoco el miedo de que se pronuncie el tribunal»
No comprendo ni la escandalera que se ha armado de que no se puede tocar lo que hace el Parlamento ni tampoco el miedo de que se pronuncie el tribunal.
La finalidad de la existencia de los tribunales constitucionales es depurar el ordenamiento y esencialmente evitar y, en su caso, corregir los abusos y los excesos del Poder Legislativo.
No existe para nada más que para eso. El único poder de legislación negativo es el del Tribunal Constitucional, pero ahora resulta que se le priva de la función esencial que le corresponde.
Repito, sin prejuzgar si lo procedente era una cosa u otra, que le dejen hacer, que se fíen del Tribunal, que hasta ahora, además, ha hecho un uso ponderado y prudente de todas sus facultades.
Hemos llegado a un punto en el que las ideologías están por encima hasta del sentido común, y ese es el camino del caos. Y en el caos nunca ganará la ciudadanía y podríamos decir con frase común «en el caos nunca ganan los buenos».
¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Patxi López acerca de que la enmienda a la ley del ‘sólo sí es sí’ es un “toque de atención a los jueces”? Ciertos políticos culpan de la rebaja de penas a violadores por la ley del ‘sólo sí es sí’ a los jueces, a los que tildan de «machistas». Declaraciones que provienen incluso de una magistrada en servicios especiales, como es Victoria Rosell, que debería conocer la ley…
Desgraciadamente, la ignorancia es muy atrevida. Y la ignorancia enciclopédica de algunos políticos les lleva a decir cosas que resultan grotescas.
Por otra parte, hay una falta de respeto absoluto a las instituciones y su función. Y el respeto a las instituciones y, sobre todo, el respeto a los tribunales, en general, se manifiesta no solamente en acatar las resoluciones cuando te gustan, sino en acatarlas cuando no te gustan.
Desgraciadamente, hay un movimiento general a considerar que cuando a uno le dan la razón, muy bien, pero si no se la dan, entonces insulta a quien dictó la resolución.
Es muy diferente discrepar con la resolución a atacar a quien la dicta, que es lo que está pasando…
Así es.
También estamos asistiendo en el Congreso de los Diputados a que no se respeta al contrincante político…
La democracia, en lo que se refiere a la creación de norma jurídica, es esencialmente propuesta, debate, reflexión y votación. Y si cualquiera de los tres o de los cuatro estadios que haya que ir recorriendo se perturba, al final el resultado es malo.
¿Qué llamamiento haría ante esta situación?
De serenidad, de parar, reflexionar y cambiar un poco de criterio.
Unos y otros hemos de aceptar que el juego de la política en una democracia consolidada a veces no sale como uno quiere, pero más vale eso a que se impongan unos sobre otros.
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