Las iniciativas de accesibilidad a la justicia para los ciudadanos y a la carrera judicial han sido las protagonistas del recuento del Ministerio de Justicia de sus hitos relevantes del segundo semestre del año 2022. Entre estas, la ministra de Justicia, Pilar Llop ha destacado las Oficinas de Justicia Municipales (OJM), cuyas sedes que se han abierto se encuentran en Tarazona de la Mancha y en Formentera en fase piloto.
Según la titular de Justicia, las OJM “permitirán que cualquier ciudadano, con independencia de su condición social, económica o generacional, pueda acceder a un recurso de Justicia en igualdad, en cualquier lugar del territorio en el que se halle».
En la presentación a mediados del pasado noviembre de estas oficinas, Llop explicó que estarán disponibles en 7.700 municipios y que prestarán «especial atención a personas vulnerables y víctimas de delitos», particularmente en casos de violencia contra la mujer, al ofrecer servicios que, como comunican desde el ministerio «multiplicarán los de los actuales juzgados de paz».
La colaboración entre el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas (CCAA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) será la clave para que el proceso de transformación organizativa del Servicio Público de Justicia tenga éxito.
La aprobación de la nueva Ley Concursal, que entrará en vigor el primer día del año 2023 es otra de las soluciones puestas a disposición para los españoles, priorizando la agilización de los trámites, la publicidad y la liquidación de activos como objetivos.
Una de las herramientas tecnológicas ofrecidas es un modelo de formulario electrónico para describir el contenido de los planes concursales para personas físicas o jurídicas que no empleen a más de 49 trabajadores y que no superen los 10 millones de euros, pero que tampoco se consideren micropymes.
La robotización vuelve al discurso del Ministerio de Justicia, que enmarca su utilidad en la tramitación de expedientes de nacionalidad. Llop ha subrayado que la resolución de solicitudes ha aumentado en un 300% desde el pasado mes de agosto, pasando de un promedio de 4.800 resoluciones mensuales a 19.000.
El nuevo modelo del Registro Civil, la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico para su mayor claridad a través de la Orden JUS/ 912 2022 de 12 de septiembre y la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley por el que se adapta al ordenamiento nacional el Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust, para regular la cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior, se suman a los hitos subrayados por este departamento en cuanto a disponibilidad para los ciudadanos.
Además. el Ministerio de Justicia ya ha distribuido las becas de la primera edición de ayudas a la preparación de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al de Abogados del Estado, llegando a 245 beneficiarios y una dotación de 3,2 millones de euros.
“Facilitamos el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria, con independencia de su situación socioeconómica», ha dicho Llop sobre estas becas, que cuentan con una dotación de 3,2 millones de euros en los Presupuestos Generales 2023.
Esta semana se convocaron 2.874 plazas correspondientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. También se han convocado 4.915 plazas para los cuerpos generales de la Administración de la Justicia, 84 plazas para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, 44 plazas para el Cuerpo de Abogados del Estado y 7 a personal laboral fijo.
Protección de los consumidores, los informantes y las víctimas de trata y de violencia de género
Desde el Ministerio de Justicia también señalan como un hito el Anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores, elevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, que busca una mayor eficacia en las acciones que tomen grupos y colectivos de consumidores en contra de las acciones y omisiones que consideren ilícitas de parte de los empresarios.
También destacan el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y Explotación de Seres Humanos, que apunta a superar la dispersión normativa en cuanto a la lucha contra el tráfico de personas y la explotación, el trabajo forzoso y la esclavitud que sufren tras el desplazamiento ilegal.
La ley de protección al informante, que revelen infracciones, como corrupción, fraudes o violaciones del Derecho de la Unión Europea, en contra del ordenamiento nacional y europeo, (conocido también como ‘whistleblower’) ha pasado a tramitación parlamentaria como parte de la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.
Así, el Ministerio de Justicia busca facilitar estas intervenciones con canales protegidos y transparentes para realizar estas denuncias y prohibir que cualquier autoridad dentro de la empresa tome represalias contra estos informantes, cuya protección debe garantizarse.
La lucha contra la violencia de género ha dado a paso a la elaboración de la «Guía de criterios de coordinación en el ámbito de los procesos penales y civiles en materia de violencia sobre la mujer» por parte del ministerio, así como la presentación de la «Guía de buenas prácticas para la declaración en el proceso penal de menores y personas con discapacidad necesitadas de una especial protección: intervención desde la psicología forense, en particular en la prueba preconstituida» de parte de sus propias «expertas en psicología forense de institutos de medicina legal y ciencias».
Los Presupuestos Generales del Estado 2023 han asignado 2.304,58 millones de euros al Ministerio de Justicia: 2.197,36 millones para el presupuesto ordinario (159,63 millones más, un aumento del 7,83%). Además la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia espera ejecutar casi el 100% del presupuesto ordinario y un 97,15% de los fondos europeos, cuya suma da un total de 180, 5 millones de euros de presupuesto.
