Conde Pumpido destaca en La Haya la importancia de la comunicación entre tribunales para defender los derechos humanos 
En el Pleno gubernativo de hoy también se ha acordado la nueva composición de las Salas y las Secciones del Tribunal Constitucional.

Conde-Pumpido fija para su primer pleno jurisdiccional el recurso contra la ley del aborto, que lleva 11 años en el TC

Para el segundo Pleno de febrero tiene previsto abordar los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley de la eutanasia, y para el primero de marzo los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE)

17 / 01 / 2023 12:45

Actualizado el 17 / 01 / 2023 13:10

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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha anunciado hoy que señalará para el primer Pleno del mes de febrero (días 7, 8 y 9) el estudio del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Para el segundo Pleno de febrero (días 21, 22 y 23) tiene previsto abordar los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, y para el primer Pleno del mes de marzo (días 7, 8 y 9), los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Así lo ha informado hoy a los magistrados durante el Pleno Gubernativo, celebrado hoy, en el que ha detallado su plan de trabajo para los próximos meses.

Según ha explicado, su intención es acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política.

Durante este Pleno gubernativo también se ha acordado la nueva composición de las Salas y las Secciones del Tribunal Constitucional:

Fuente: TC. En negrita, los presidentes de cada Sección.

Respecto a la propuesta de sucesión de ponencias, se ha aprobado que los magistrados conservarán las ponencias que tuvieran asignadas, cualquiera que sea la clase y fase en que se encuentre el proceso y de que su conocimiento competa al Pleno, a las Salas o a las Secciones; y que las ponencias correspondientes a los magistrados que hayan dejado de formar parte del Tribunal se distribuirán según el orden de antigüedad y mayor edad de los anteriores y de los nuevos miembros.

Por tanto, las ponencias del magistrado Santiago Martínez-Vares García las asume la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga (entre otros, el recurso de amparo planteado por Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad).

Las del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos las ha recibido el magistrado César Tolosa Tribiño (entre otros, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones).

Las ponencias del magistrado Pedro González-Trevijano son para el magistrado Juan Carlos Campo (por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya).

Las ponencias del magistrado Antonio Narváez Rodríguez las asume la magistrada Laura Díez Bueso (entre otras, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o el recurso de inconstitucionalidad presentado por los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos contra el Decreto-ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria).

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