La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, considera que «la mala adecuación de las instalaciones a nuevos usos, y sobre todo la falta de personal en los pequeños cuarteles en áreas rurales, provoca severos fallos en la labor de protección de los datos personales».
Por ello, ha pedido a la Dirección General medidas que eviten posibles fugas de información en pequeños cuarteles.
Según informa el secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño, en marzo del año pasado ya puso en conocimiento de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la preocupación de Jucil ante esta situación, para la que se sirvió de los ejemplos de varios cuarteles de municipios de la provincia de Valencia, como los de Canals, Xátiva, Carlet, Paiporta, Llombay, Puzol y Moncada, debido a que en los mismos, «el guardia de puertas se encarga de la seguridad a la vez que atiende al ciudadano, quedando a la vista los monitores de seguridad y las conversaciones de las transmisiones, por las cuales en muchas ocasiones, se informa de antecedentes policiales y penales, expuestos al ciudadano”.
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
Jucil explica que tras aquel escrito, el delegado de Protección de Datos de la Dirección General les remitió una circular en la que admitía que no se podían determinar circunstancias concretas “ni impartir indicaciones específicas para cada una de las instalaciones; lo que no quita, que de manera amplia se recuerde a todos los miembros del Cuerpo que a veces, pequeños gestos como mantener limpia la mesa de documentos, girar adecuadamente una pantalla de ordenador ayuda o cerrar una puerta y moderar el tono de voz cuando respondemos a una llamada es suficiente para hacer entre todos un tratamiento más seguro de los datos de los ciudadanos, estando adoptar esta decisión al alcance de cualquier guardia civil”.
Jucil entiende que estas consideraciones resultan «inadecuadas, inapropiadas e improcedentes».
“Deja en manos de los propios guardias civiles el tratamiento de la información de carácter personal y, por supuesto, el cumplimiento de la legislación aplicable”, señala Vilariño, y hace hincapié en que es el seno de la Administración el que debería contemplar las medidas que los guardias civiles hayan de aplicar, no que sean meras recomendaciones de «procurar que no se os escuche” o “que no se fijen en el monitor del ordenador…”
«Esas son medidas que cualquier persona racional pondría en práctica y más los propios guardias civiles que conocen la importancia de la salvaguarda de los datos de carácter personal, pero que no son suficientes para dotarles de la protección que verdaderamente necesitan”, apunta.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA Y MÁS PERSONAL
Jucil subraya que «esta posible vulneración de la protección de datos personales no es imputable a los agentes que trabajan en dichas instalaciones, sino que es la disposición de las mismas y la escasez de personal lo que posibilita un acceso sin control de los monitores que permitiría conocer lo que se dispone no solo del ciudadano a quien se atiende, sino de cualquier otro que pudiera estar siendo buscando en el dispositivo electrónico”.
Además, indica que las conversaciones por radio refiriéndose a los presos que cumplen condena o detenidos y sus antecedentes penales tienen un carácter privado, por lo que si el ciudadano, cuando es atendido por el guardia, puede llegar a conocer dichas conversaciones a través del monitor que se encuentra en las instalaciones, «claramente se produce un atentado contra la protección de datos de estas personas, que no solo no saben que sus datos privados están siendo escuchados por los ciudadanos, sino que incluso es posible que estén siendo vistos a través de los monitores por los cuales son vigilados”.
Por ello, sostiene que son necesarios cambios en las instalaciones y una reagrupación del personal en cuarteles «más funcionales y eficientes para dar un mejor servicio al ciudadano y proteger, al tiempo, el derecho a la intimidad de sus datos de todas las personas”.
