El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha aclarado que la sentencia condenatoria del Tribunla Supremo sobre los criterios de honorarios profesionales no tendrá «consecuencias económicas» para las arcas de la corporación porque es la multa impuesta, de 459.024 euros, «ya había sido abonada».
Tanto el ICAM como el Consejo Gereral de la Abogacía Española (CGAE) estudiarán la «mejor manera de minimizar los indudables riesgos jurídicos que introduce esta nueva doctrina legal, haciendo desde este momento un llamamiento al legislador para que corrija esta insólita situación», ha explicado la Junta de Gobierno del Colegio madrileño en un comunicado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo considera, en su sentencia, que la cuantificación de los honorarios en euros «supone una restrición de la libre competencia».
De acuerdo con el ICAM esta sentencia introduce en nuestro ordenamiento un grado de inseguridad jurídica que «afecta tanto a la dirección letrada de la parte impugnante, la impugnada y los propios justiciables -que están en su derecho a conocer los riesgos económicos que un pleito conlleva-, además de la propia Abogacía del Estado».
«Esta inseguridad afecta también a los Letrados de la Administración de Justicia, resolviendo sobre la impugnación de costas, extensible al Juez llamado a resolver el recurso pertinente contra la resolución de aquel», añade.
