De izquierda a derecha: Victoria Ortega, Juan Carlos Estévez; María Emilia Adán; Ricardo Gabaldón y José Ángel Martínez.
¿Cuáles son los objetivos de los abogados, procuradores, registradores, graduados sociales y notarios para 2023?
Los máximos representantes de estos colectivos los detallan en Confilegal
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18/1/2023 01:00
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Actualizado: 17/2/2023 13:27
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La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega Benito; el presidente del Consejo General de Procuradores (CGPE); Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa; la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, María Emilia Adán García; el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España (CGCOGS), Ricardo Gabaldón Gabaldón; y el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz; explican en Confilegal sus retos y propósitos para este año.
LOS RETOS DE LA ABOGACÍA
«2023 comienza lleno de retos para la abogacía», asegura la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. «Este año celebramos nuestro XIII Congreso Nacional, un evento de periodicidad cuatrianual, que adoptará un formato deliberativo para orientar el futuro de la profesión entre todos», expone.
También harán mucho trabajo institucional en materia de formación. «El conocimiento jurídico y la especialización son grandes retos de los próximos años», destaca la máxima representante de este colectivo de 150.000 trabajadores.
Además, señala que 2023 será un año fundamental para consolidar las medidas de conciliación. «Una vez conseguida la inhabilidad de las Navidades, esperamos lograr la suspensión de procedimientos por enfermedad de nuestros profesionales, entre otras demandas históricamente reiteradas por la Abogacía», explica.
Son numerosos los casos en los que se deniega a los abogados la suspensión de vistas y plazos por circunstancias personales. Así, por ejemplo, se ven obligados a acudir a una vista a punto de dar a luz o nada más tener un hijo, tras sufrir un accidente, tras haberse muerto el padre o la madre o encontrándose de baja por incapacidad temporal.
A instancias del Consejo General se ha introducido una enmienda en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal respecto a la suspensión del curso de los procedimientos por enfermedades de larga duración de los abogados.
El CGAE planteó que se suspenda el curso del procedimiento cuando: «El profesional, por enfermedad o accidente requiera hospitalización y, mientras dure esa situación y, en caso de baja médica sin hospitalización, hasta que reciba el alta, o por razones de salud pública mientras dure la situación». De momento, se desconoce cómo quedará redactada finalmente.
Esta baja que pide es similar a la que se establece en la legislación laboral o en los sistemas alternativos de previsión social que existen.
La presidenta del CGAE también destaca que la entrada en vigor de las leyes de eficiencia -organizativa, procesal y digital- del servicio público de Justicia «será el principal reto para el sistema de justicia, sin olvidar la perentoria necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, realizándose los nombramientos requeridos para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo y otros tribunales».
Del mismo modo, afirma que hay que impulsar en 2023 la aprobación de la Ley del Derecho de Defensa, «instrumento esencial para cerrar el círculo de garantías constitucionales de la ciudadanía, regulando por fin un derecho fundamental no regulado aún orgánicamente: el derecho de defensa».
LOS DE LA PROCURA
El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, explica a este diario que entre los objetivos del colectivo hay unos de marcado cariz político que les gustaría que se llevaran a cabo. Aunque saben que es «prácticamente imposible en estos momentos», no cejan en su empeño en que se consiga «el ansiado» Pacto de Estado para la Justicia.
«Nosotros hemos luchado siempre por ello y seguiremos haciéndolo. Como decía, no estamos en el mejor momento, pero no perdemos la esperanza», apunta.
En cuanto a objetivos profesionales, «la mayor parte consisten en cerrar un ciclo que se abrió durante 2022».
«Año en el que hemos conseguido el cierre definitivo del expediente sancionador abierto por la Comisión Europea al Gobierno de España por determinados aspectos de la regulación de la Procura, que se publique y que entre en vigor la Ley 15/2022 por la que se desarrollan los acuerdos que adoptó el Ejecutivo con la Unión Europea para el cierre de este expediente», señala Estévez, y destaca el esfuerzo que hicieron el Consejo General de Procuradores y el Ministerio de Justicia para frenarlo, impulsando las reformas legales necesarias para ello.
Por otra parte, señala el arancel de los procuradores de tribunales. Arancel que han pactado con el Ministerio de Justicia y que actualmente se encuentra en trámite de información de todos los demás ministerios e instituciones, que tienen que emitir informe al respecto, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
«Esperemos que consolide el arancel que tenemos pactado con Justicia y que entre en vigor lo antes posible», señala el presidente del Consejo General de Procuradores, y apunta que una de las metas es rematar la faena iniciada el año pasado.
«También tenemos pendiente cerrar definitivamente el tema de la conciliación de la vida profesional y familiar. Si bien hemos conseguido la inhabilidad del periodo navideño entre Nochebuena y Reyes, falta todavía la reforma de una serie de artículos que darán lugar a la conciliación propiamente dicha, sobre todo en casos de enfermedad, embarazo, entre otros», prosigue relatando. «Estos casos se contemplan en las leyes, pero aún no han visto la luz, y tenemos que conseguir que salgan y que se consoliden», apostilla.
Por último, indica que también está pendiente «la asignatura eterna de la ejecución», que el colectivo quiere consolidar a través de las leyes de eficiencia, tanto organizativa como procesal.
«Si llegan a ver la luz tanto la ley de eficiencia organizativa como procesal durante año, son muchas las circunstancias profesionales que van a cambiar, y tendremos que hacer los deberes de adaptarnos a todas las novedades que esas leyes traigan consigo. Esperemos que una muy importante, como decía, sea la ejecución para los procuradores de alguna manera, y todas las demás cuestiones que esas leyes atañen. Es una reforma bastante integral de la Justicia, donde tenemos que actualizarnos, una vez más, y estar en vanguardia de la modernidad y en el liderazgo de la modernización de la Justicia, como hemos hecho inveteradamente en nuestra profesión a lo largo de la historia», expone.
LOS DE LOS REGISTRADORES
María Emilia Adán, presidenta-decana del Colegio de Registradores, afirma que 2023 es «un año repleto de retos, que superaremos todos unidos». Y hace hincapié en que «en este contexto es más necesario, si cabe, que el principio de seguridad jurídica que recoge nuestra Constitución se haga más presente». «Este es nuestro compromiso», afirma.
Según informa, seguirán profundizando en la digitalización de la Institución Registral, un proceso ya iniciado que espera que culmine este año.
En este sentido, explica que son ya muchos los procedimientos que son totalmente telemáticos. «El Registro de Bienes Muebles o el Registro Mercantil ofrecen numerosos procedimientos totalmente telemáticos. También, en menor medida, el Registro de la Propiedad. A través de la web registradores ya es posible tramitar, con total seguridad, la documentación judicial, o administrativa que contiene un CSV, o los documentos privados con firma electrónica», precisa.
El Colegio de Registradores «seguirá trabajando este año para que la ciudadanía pueda acceder al Registro como considere conveniente, ya sea de modo telemático o ya sea de modo presencial». «Como servicio público debemos evitar la desigualdad que supone la brecha digital», subraya la decana de los registradores.
Según expone, cualquier Registro del territorio español, de las ciudades o de los pueblos ofrece «los mismos servicios, la misma calidad, todos los días laborables de cada uno de los meses del año, para atender a la ciudadanía que demande un servicio público presencial».
Además, María Emilia Adán subraya que en el ámbito mercantil están interconectados con el resto de los registros europeos. A lo largo del 2023 esperan culminar la cuarta fase del proyecto Imola, que va a hacer realidad la interconexión europea de los registros de la propiedad.
Indica que este año se celebrará la Asamblea general de Iberoreg, que reúne a los registros de todos los países de Iberoamérica y que la próxima semana se celebrará el 50 aniversario de IPRA-CINDER, la asociación mundial de registradores. «La globalización exige un plus de seguridad jurídica», resalta Adán.
Por último, apunta que desde la realidad social de una sociedad que envejece, Jubilare pretende ser «la encrucijada de todos aquellos que creen que el compromiso social no tiene edad».
LOS DE LOS GRADUADOS SOCIALES
Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, señala que nos encontramos en un momento en el que considera que el diálogo y el entendimiento son «vitales» para la consecución de objetivos, tanto en beneficio de una justicia social, como para el ejercicio profesional de los graduados sociales.
Afirma que uno de los objetivos principales es potenciar vías de comunicación con las administraciones del Estado, con el fin de establecer una real y fluida interacción. «Pero que esta comunicación sea fluida y de doble dirección», reivindica, y «no solo de recepción como es en estos momentos y desde hace varios años».
«Este propósito iría en concordancia con nuestra experiencia y conocimiento en la puesta en práctica de las relaciones laborales y con el convencimiento de que si nuestra voz es escuchada, se beneficiará el conjunto de la ciudadanía», explica Gabaldón.
E incide, una vez más, en otros tres propósitos que vienen reiterando y reivindicando desde hace tiempo y que realmente consideran de justicia conseguirlos: «Que los graduados sociales entremos a formar parte de la justicia gratuita, es incongruente que cualquier ciudadano tenga acceso a nuestros servicios abonando honorarios y no pueda tener acceso a través de la justicia gratuita; que podamos realizar y firmar los recursos de casación ante el Tribunal Supremo; y, por último, que se implemente la mediación la mediación laboral».
LOS DE LOS NOTARIOS
Por su parte, José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, manifiesta que «los próximos años estarán muy marcados por dos cuestiones: la mayor digitalización del Notariado y la atención cercana y personalizada a ciudadanos y empresas». «Son dos realidades que, en nuestra opinión, han de ir de la mano», agrega.
Según explica, los retos del notariado serán la transposición de la directiva de herramientas digitales; el otorgamiento de pólizas y actos societarios por videoconferencia segura en la sede electrónica notarial; la introducción del protocolo electrónico; y la apertura de la sede electrónica notarial a través del Portal Notarial del Ciudadano, de modo que las personas puedan llevar la copia electrónica autorizada en el móvil, por ejemplo.
También la interoperabilidad con el Registro Civil, en lo que están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia.
Asimismo, avanzarán en la aplicación de la Ley 8/2021, «para que se ahonde en la autonomía de las personas con discapacidad». «Una Ley en la que el papel de los notarios es fundamental, lo que exige un diálogo constante con las entidades sociales, para lo que contamos con la Fundación Aequitas», señala José Ángel Martínez.
Otro de sus objetivos será incrementar la acción corporativa en el plano cultural y social a través de la Fundación del Notariado, «con temas tan importantes como la España despoblada», en la que los notarios están presentes en poblaciones a veces de 500 habitantes.
«Sea cual sea la población, podemos prestar un servicio de igual calidad y agilidad porque todos los notarios disponemos de los mismos medios tecnológicos, estamos conectados a través de una red privada y segura, y trabajamos en la misma y única sede electrónica», apunta.
Igualmente, tienen como reto colaborar en el fortalecimiento de las empresas españolas y su continuidad, así como el estudio de nuevas formas de acceso a la vivienda. Y por último, seguir en la vía abierta por la ley de contratos y créditos inmobiliarios con el acta de transparencia notarial, en el sentido de apoyar y asesorar a los consumidores.
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