La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, reclama al PSOE que «no cometa otro error» en las modificaciones previstas para la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por algunos ‘Ley Mordaza’, «como al que le han llevado sus socios en el Ejecutivo» con la aprobación de la denominada ley ‘sólo sí es sí’.
Jucil señala que de la ley del ‘sólo sí es sí’, «alentada desde Podemos y pese a anunciarse como un supuesto endurecimiento de las calificaciones de los delitos sexuales, la primera consecuencia ha sido la reducción de penas de más de dos centenares de condenados por abusos, agresiones y violaciones y la excarcelación de varias decenas de presos», algunos calificados de auténticos depredadores sexuales.
Esta asociación advierte de que los cambios anunciados hasta ahora en la Ley de Seguridad Ciudadana provocarán un «grave deterioro» de la seguridad de la que disfrutan los ciudadanos en España, al «reprimir» la tarea de defensa de la ley y de las normas que la Constitución otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, a la Guardia Civil.
También un aumento de la violencia hacia los agentes, asegura.
Jucil afirma los cambios que han trascendido, entre ellos «los referidos a que se autorice a grabar a los agentes en su actuación profesional, así como que se vea cuestionada la presunción de veracidad de los mismos, es una aberración jurídica que conllevará consecuencias irreparables».
Esta asociación denuncia que «no se haya tenido en cuenta» la opinión de los agentes de la autoridad que desde la calle, desde la experiencia diaria acumulada durante años, pueden ofrecer para que esta Ley no se convierta tras esta reforma parlamentaria que se anuncia en una nueva merma del ‘principio de autoridad’, ya muy reprimido como consecuencia de algunas acciones políticas de la actual Administración, en concreto del Ministerio del Interior».
“Si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y de los policías, difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley”, destaca el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
Esta asociación pide al grupo parlamentario socialista, con cuyos integrantes de la Comisión de Interior se reunió el año pasado, que «reflexione» sobre el resultado de «no atender los consejos y los avisos de cientos de expertos que adelantaban los problemas que ocasionaría la redacción final de la ley del “sólo sí es sí”.
Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, reclama a los parlamentarios socialistas «un gesto de valentía que muestre que no se hallan sometidos a la voluntad de grupos minoritarios que apenas representan a la gran mayoría de la sociedad española”.
“En marzo, cuando nos reunimos con varios de los integrantes de la Comisión de Interior, se nos agradeció el esfuerzo que, como parte de la sociedad civil, llevábamos a cabo de elevar un informe elaborado por juristas de prestigio”, apunta.
Esta asociación sospecha que aquel trabajo, que se entregó también a petición del mismo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «ni siquiera se ha tenido en cuenta para la discusión de las modificaciones».
“Esperemos que este martes, supuestamente el último día de reunión de esa comisión parlamentaria, los representantes del grupo mayoritario en el Congreso se muestren los suficientemente valientes como para no ceder al chantaje de las minorías o veremos, una vez más, un gesto de cobardía a cambio de ganar quizás unos días más al frente del Gobierno”, declara Vilariño.
LIMITAR LAS ACTUACIONES POLICIALES
El secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal, sostiene que las modificaciones que plantea el Gobierno «responden más a criterios políticos que a jurídicos», y advierte que «lo único que se conseguirá con ellas es desproteger, más todavía si cabe, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado en su labor profesional».
Leal recuerda que últimamente está habiendo un aumento de las agresiones a guardia civiles y policías, en forma de delitos de atentado con lesiones, que ascienden a una media de 30 diarias, y afirma que el Gobierno, con esta propuesta de modificación, lo único que conseguirá será limitar las actuaciones policiales, lo que provocará ese aumento de la violencia en las mismas hacia los agentes.
“Con esta modificación, se vuelve a dar otra vuelta de tuerca para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sientan más vulnerables», critica leal respecto a una posible autorización para grabar a los agentes en su actuación profesional.
Manifiesta que «cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que con el tiempo habrá que modificar».
Respecto a una posible autorización para grabar a los agentes en su actuación profesional, manifiesta que «cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que con el tiempo habrá que modificar”.
“Si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y policías, difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley”, destaca Jucil.
Esta asociación destaca que la libertad se asegura «en cuatro principios básicos que se conquistan de forma paulatina: La seguridad física, protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado da paso a la seguridad jurídica, que abre el camino a la seguridad económica y a la prosperidad y con ella se garantiza el acceso a la formación y a la cultura para todos”.
Jucil señala que “hemos de pensar qué futuro queremos». “En nuestra mano está hacer que el poder político actúe con la responsabilidad que conlleva su cargo. Mientras tanto, los guardias civiles y los policías nacionales serviremos y protegeremos a los ciudadanos, aún con los pocos medios de los que disponemos en muchas ocasiones y con la mermada legislación que nos facilita el poder político” manifiesta.
Esta asociación también subraya que “la seguridad de los ciudadanos ha de ser la máxima que podamos permitirnos como sociedad, y no ha de servir para intercambiar ni sostener cuotas de poder político», lo cual «sería de una irresponsabilidad sin paragón ni límite por parte de nuestros dirigentes”.
Jucil se creó en el 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto armado ante las instituciones y las administraciones públicas.
Nacida de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, cuenta en la actualidad con más de 12.000 afiliados.
En las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, celebradas en octubre de 2021, se convirtió en la asociación mayoritaria en este órgano, con seis delegados de un total de 16 integrantes de este ente consultivo, y la única con representación en dos de las tres escalas existentes.
