El magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, quien condenó en primera instancia a Juana Rivas a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, ha ampliado la querella que presentó contra el abogado de la penada, Carlos Aránguez, después de que éste le acusara de ser «manifiestamente parcial» en este caso.
Ahora se dirige contra el letrado también por denuncia falsa. La ampliación ha sido admitida a trámite.
El caso está en el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada.
Piñar la presentó inicialmente por un posible delito de calumnias o injurias después de que Aránguez calificara la actitud del magistrado de «prevaricadora» y lo acusara de «absoluta falta de parcialidad» en un chat que comparte con más de un centenar de periodistas.
El nuevo delito que le atribuye está relacionado con la denuncia que el abogado presentó contra él ante el TSJA por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral, que fue inadmitida por el alto tribunal andaluz.
El magistrado instructor, Josep Sola Fayet, ya ha tomado declaración sobre la causa principal al letrado Carlos Aránguez, que fue citado en calidad de investigado, y al magistrado Manuel Piñar.
AUTO DE ADMISIÓN
El instructor, que es el titular del Juzgado, ordenó el pasado mes de noviembre a la Policía Nacional que investigara si Aránguez creó el 15 de marzo de 2019 un grupo en la red social WhatsApp denominado ‘Periodistas Aránguez Abog’, donde tenía agregados a 103 profesionales de la información, «cuya identidad y medio para el que prestaban servicios deberán especificarse en el referido informe».
Ha reclamado que se indague sobre si una serie de mensajes que se han aportado a la causa partieron del teléfono del letrado y tuvieron como destinatarios a los periodistas presentes en este grupo de WhatsApp, «cuya identificación y medio para el que prestan servicios también deberá reflejarse en el informe en cada uno de los casos», precisaba el auto.
También ha pedido que se establezca si el contenido de una serie de «pantallazos de mensajes extraídos de la red Social WhatsApp» aportados a la causa en formato papel «es auténtico y no han sido manipulados ni recompuestos y han salido del terminal telefónico» del abogado de Juana Rivas.
Del auto se desprende que se han incorporado a la denuncia diversos documentos sobre los mensajes difundidos por el abogado en este chat en los que, según se expone, el letrado «incide en proferir expresiones injuriosas para el señor Piñar, dándoles publicidad» al centenar de periodistas del grupo.
Incluye así parte de una conversación en la que supuestamente el abogado acusa al magistrado «de la comisión de un delito de prevaricación continuada ante todo el grupo de 103 periodistas, puesto que las conversaciones eran accesibles a todos».
Entre otras cuestiones, se alude a la difusión por parte del abogado de un comunicado, por esta misma vía, en el que dice que el magistrado «siempre ha tratado a Juana Rivas con absoluta falta de parcialidad».
Rivas fue condenada por esta magistrado, que la juzgó en primera instancia, a cinco años de cárcel y a seis sin sus hijos como autora de dos delitos de sustracción de menores, dos años y medio por cada uno de los delitos. Una sentencia que la condenada recurrió ante la Audiencia de Granada, que en marzo de 2019 ratificó la pena, si bien discrepó en la cuantía de la indemnización a su exmarido. Piñar la había fijado en 30.000 euros y la Audiencia la redujo a 12.000 euros.
Entonces, Rivas recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que en abril de 2021 la confirmó, pero rebajó la condena a dos y medio al considerar que aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. Finalmente, fue indultada por el Gobierno en noviembre de 2021 y desde el 22 de diciembre cumple el resto de la condena en su casa con control telemático.
