Juana Rivas se ha querellado contra el magistrado Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, quien la condenó inicialmente a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017.
La querella, presentada hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se dirige contra Piñar por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral (maltrato institucional), por las supuestas «ilegales decisiones» que adoptó «durante la tramitación de la ejecutoria», según han informado los abogados de Rivas en un comunicado.
Rivas fue condenada por esta magistrado, que la juzgó en primera instancia, a cinco años de cárcel y a seis sin sus hijos como autora de dos delitos de sustracción de menores, dos años y medio por cada uno de los delitos. Una sentencia que la condenada recurrió ante la Audiencia de Granada, que en marzo de 2019 ratificó la pena, si bien discrepó en la cuantía de la indemnización a su exmarido. Piñar la había fijado en 30.000 euros y la Audiencia la redujo a 12.000 euros.
Entonces, Rivas recurrió la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que en abril de 2021 la confirmó, pero rebajó la condena a dos y medio al considerar que aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. Finalmente, fue indultada por el Gobierno en noviembre de 2021 y desde el 22 de diciembre cumple el resto de la condena en su casa con control telemático.
Rivas acusa al magistrado Manuel Piñar de tramitar el expediente de indulto «careciendo absolutamente de competencia para ello» y «con la única intención de informar negativamente» con «absoluta parcialidad, alterando intencionadamente la realidad y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa».
«Sabiendo perfectamente que la sentencia condenatoria firme que se despachaba en la ejecutoria de Juana Rivas fue dictada por el Tribunal Supremo, ha usurpado las atribuciones de nuestro más alto tribunal, dando lugar a la existencia de dos expedientes de indulto paralelos: uno debidamente informado por el Tribunal Supremo, y otro al que jamás debió darse curso, y que fue informado con manifiesta parcialidad por el querellado», afirman desde el equipo jurídico de Rivas.
«Al mismo tiempo, en el procedimiento penal, dictó varias resoluciones a sabiendas de su injusticia, con clara falta de imparcialidad y objetividad», agregan. En este sentido, citan un auto del 27 de mayo de 2021 en el que, según exponen, «se abre la ejecutoria y sin trámite alguno se acuerda la busca, captura e ingreso en prisión» de Juana Rivas.
A su vez, mediante otro auto del 9 de mayo de 2021 «se acuerda no haber lugar a la suspensión de pena».
«TRES ABSOLUTAS FALSEDADES»
La defensa de Rivas alega que estas decisiones «se amparan en tres absolutas falsedades: que la querellante no se había arrepentido de su conducta (cuando consta lo contrario en los informes penitenciarios e incluso reconoció su error en medios de comunicación), que había reiterado la conducta de sustracción de menores en el extranjero (cuando la realidad es que no tiene ningún otro procedimiento en ningún país del mundo), y lo más grave, que habría permitido el abuso sexual de uno de sus hijos, una acusación tan infundada y cruel que constituye un atentado contra la integridad moral» de esta madre, según exponen.
Respecto a la supuesta «ausencia de imparcialidad del magistrado», los abogados de Juana Rivas manifiestan que ella «le conocía desde hace años, dado que era amiga de las hermanas del querellado y tuvo siempre con ella una relación tensa por su falta de sintonía ideológica».
«Basta una ojeada al contenido en abierto difundido a través de la página personal del querellado en la red social Facebook para advertir su marcada antipatía hacia las políticas de igualdad y contrarias a la violencia de género», señala el equipo jurídico de Rivas.
La querella se ha interpuesto ante el TSJ por tener Piñar la condición de aforado al ser un magistrado en activo.
