María Jesús Moro: «El Gobierno ha engañado con la ley del solo sí es sí, tiene más piedad con los delincuentes que con las víctimas»
María Jesús Moro analiza en Confilegal la situación política actual y el estado de la Justicia en España.

María Jesús Moro: «El Gobierno ha engañado con la ley del solo sí es sí, tiene más piedad con los delincuentes que con las víctimas»

La secretaria en la Vicesecretaría Institucional de Esteban González Pons, responsable de Justicia en el PP, denuncia que el Gobierno quiere controlar el CGPJ, el TC y la Fiscalía
|
07/2/2023 06:51
|
Actualizado: 19/5/2023 13:01
|

«El Gobierno ha engañado con la ley del solo sí es sí, tiene más piedad con los delincuentes que con las víctimas». Así lo señala a Confilegal María Jesús Moro Almaraz, responsable de Justicia del Partido Popular (PP).

Entre otras cosas, también denuncia que el Gobierno quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscalía. Y sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está poniendo la calidad democrática de España en entredicho.

María Jesús Moro (Salamanca, 1961) es diputada por Salamanca desde 2011, secretaria de regeneración institucional del PP, portavoz adjunta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y portavoz de Universidades.

Es doctora en Derecho, y profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, donde también fue jefa del servicio jurídico.

Además, es vicesecretaria de organización del Partido Popular de Salamanca. Anteriormente, fue procuradora en las Cortes de Castilla y León (2007-2011). 

Tiene numerosas publicaciones en Derecho de familia y Derecho patrimonial. 

María Jesús Moro fue la portavoz del PP en la reforma que hizo realidad la plena integración de las personas con discapacidad, así como en la Ley de Memoria Democrática.

«Siempre en la defensa del pacto constitucional entre todos los españoles. No compartimos las leyes que dividen y excluyen», sostiene.

¿Qué análisis hace de la situación de la Justicia en España?

Desde el Ejecutivo se está atacando, insultando de manera despiadada, a todo el personal de la Administración de Justicia, y eso es lo peor que se puede hacer hacia un poder fundamental en una democracia.

Hay otras muchas cosas que no están bien, pero esto en concreto ha generado el peor caldo de cultivo que me lleva a valorar lo que está ocurriendo como la peor situación de la Justicia en España en la última década.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia no se está preocupando de su funciones fundamentales, que son de calidad normativa, de proteger la buena redacción de las normas de los textos esenciales de los Cuerpos jurídicos en un Estado de Derecho. 

«Desde el Ejecutivo se está atacando, insultando de manera despiadada al personal de la Administración de Justicia»

Tampoco de defender a los jueces de los ataques que están recibiendo. Además, ha entrado en conflicto con el personal de la Administración de Justicia, esencial para vertebrar un buen servicio, como es el caso de los letrados.

Es un Ministerio desaparecido y cuando aparece es para insultar a los profesionales -como ha hecho el secretario de Justicia- o para no defenderlos de los insultos de otros miembros del Gobierno o de otros partidos. Está dando una imagen al mundo y a Europa lamentable respecto a la Justicia en España.

Por tanto, este Ministerio no está a la altura de lo que merece la Justicia ni de los profesionales de la misma.

¿Existe interés político en controlar el CGPJ, el Constitucional y la Fiscalía? 

Sí, lamentablemente. El Gobierno quiere controlarlos. Y eso es poner a España en entredicho sobre su calidad democrática, porque esas son las instituciones que tienen que preservar los derechos y las libertades de los ciudadanos frente al Ejecutivo y al Legislativo. 

Podemos ya decía en su programa original que quería un Poder Judicial en completa sintonía con el Poder Ejecutivo de turno. 

«El Gobierno está poniendo la calidad democrática de España en entredicho»

Es tan evidente que el Gobierno quiere controlar la Fiscalía, el Constitucional y el Consejo, que por primera vez en la historia de la democracia ha cambiado varias veces las reglas del juego durante el partido.

Ha sometido al CGPJ como no se ha hecho nunca en democracia, con la finalidad de querer colocar a los suyos. Ha cambiado la ley orgánica del Poder Judicial, a través de una Proposición de Ley, durante el partido; le quitó funciones al Consejo; después le devolvió algunas porque le interesaba renovar cuanto antes el Constitucional; le puso fecha concreta al máximo órgano de gobierno de los jueces en una ley orgánica para que tomara decisiones…

En el Tribunal Constitucional hemos visto cuáles han sido los nombramientos del Gobierno. Más allá del respeto que tengo a alguno de los nombrados, formaban parte del Ejecutivo hace dos días. Y entrar en el órgano de garantías, que tiene que valorar normas aprobadas por el Gobierno o en las que ellos han intervenido, es devaluar el papel del TC como el máximo garante de la interpretación de la Constitución y de la aplicación de la misma. 

En cuanto a la Fiscalía, ya sabemos lo que dijo Pedro Sánchez: «¿De quién depende?». Él mismo ha puesto a los pies de los caballos a los profesionales de esta institución. 

Y la Fiscalía General del Estado, por desgracia, se ha convertido en un asunto hereditario que deja Dolores Delgado. Y no porque no crea que no tiene méritos el actual fiscal general, que los tiene, pero se ha designado a personas para responsabilidades sobre las que no tienen ninguna especialización, sin atender lo que estaba señalando el Consejo Fiscal. 

Nunca se habían producido tantas reclamaciones ante el Tribunal Supremo de nombramientos y sentencias en contra de las resoluciones de la Fiscalía General, que luego han vuelto a repetir sin ningún pudor. 

María Jesús Moro confía en que se recuperarán el respeto y el diálogo, que presidieron el proceso de creación de nuestra democracia. «Es más, tenemos la obligación de recuperarlo», añade.

Respecto al CGPJ, el Gobierno le echa en cara al Partido Popular una actitud de bloqueo.

Sí, aunque no es verdad. La actitud del Partido Popular es de responsabilidad ante las agresiones que están sufriendo instituciones esenciales del Estado. 

En el PP también estamos sufriendo agresiones verbales permanentemente. A cada propuesta de Feijóo, que ha venido para liderar una alternativa, se encuentra con un insulto. 

Feijóo ha dicho que está dispuesto a renovar el CGPJ de acuerdo con su propuesta de despolitización. Es decir, renovar el Consejo, pero en paralelo modificar la ley. ¿Podrán llegar a un acuerdo?

El presidente del PP está dispuesto a cumplir con las obligaciones de un partido de Estado y con las obligaciones legales y la Constitución. Ahora bien, Bolaños ha dejado claro en varias ocasiones que no están dispuestos a cambiar el modelo de elección de los jueces, ni ahora ni después.

No podemos seguir con un modelo que ha despertado inquietud y que está generando un desprestigio que los profesionales de la Justicia no se merecen. 

Esto no puede ser una cuestión de nombres, sino de cumplir la ley vigente, pero simultáneamente que exista el compromiso de cumplir con lo que las instancias europeas nos exigen, y reclaman los jueces y la ciudadanía, que es que haya claridad, transparencia, que se procure la máxima despolitización para evitar que se contamine a quienes son independientes.

Es lamentable que España, que es una democracia moderna y fuerte, pierda su prestigio porque el Gobierno está empecinado en que el modelo no se debe cambiar. 

Las dos posiciones al respecto son claras, pero el Gobierno está queriendo contaminar. 

«Hay que salir de la política de los tuits, de las frases altisonantes, y de que si una enmienda es de un partido no se apruebe aunque sea beneficiosa»

¿Por qué se interrumpieron las negociaciones, que estaban tan avanzadas? 

Porque se puso de manifiesto que estaban engañando. Con una mano estaban negociando con quienes quieren romper España y con la otra intentando renovar el CGPJ. Eso no es posible. 

Nos encontramos con que ya estaba redactada una propuesta infame de modificación a la carta del Código Penal, pactada con quienes han sido condenados en sentencia firme por el Tribunal Supremo… Ningún partido podía mantener esa negociación. 

Hay que cumplir, pero hay que cumplir sabiendo si se está con los que incumplen las leyes y delinquen o con el Estado de Derecho. 

El PP ha puesto encima de la mesa que quiere renovar el Consejo, pero que eso no puede hacerse a costa de seguir manteniendo coacciones y chantajes por parte del Gobierno, cambios arbitrarios de las normas e insultando a los jueces gravemente, como ocurrió en diciembre en el Congreso. 

El PP sería irresponsable si cediera, como está haciendo el Gobierno al chantaje de quienes han ido contra el Estado de Derecho,  cambiando el Código Penal en materia de sedición eliminando el tipo, rebajando el de malversación, y con unos indultos que son incalificables y de los que presumen los condenados. 

El Gobierno ha dejado muy débil al Estado de Derecho, los instrumentos para protegerlo, y con quienes ha negociado están diciendo que lo van a volver a hacer. Por tanto, están construyendo a su conveniencia un ordenamiento jurídico para que les sea muy liviano intentar una independencia, intentar levantarse contra el Estado de Derecho. 

Hasta que no haya renovación, el CGPJ no puede dar respuesta a la grave situación que hoy atraviesan tanto el Supremo como el resto de los órganos judiciales por la reforma que limitó sus competencias estando en funciones. El PP plantea alargar la jubilación de los magistrados a los 75 años para hacer frente a esa situación. ¿Esta situación se podría resolver de inmediato con la renovación?

No. Se ha transmitido a la opinión pública que estamos con un CGPJ caducado, y es falso. Las normas prevén que, por distintos motivos, pueda no renovarse a tiempo un órgano. Para eso está pensado el mandato prorrogado y, por tanto, un órgano en funciones, y con sus funciones para que siga siendo operativo. 

Eso es lo que cercenó el Gobierno a modo de coacción y de ruptura de las reglas del juego. Es lo más grave que ha ocurrido en democracia, atacando a uno de los grandes poderes del Estado.

Y es lo que determina que haya sido imposible incorporar magistrados a las vacantes del Tribunal Supremo, renovar las presidencias de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia. Aunque de un día para otro se hiciera la renovación, esta situación no se puede resolver de la noche a la mañana. 

Por eso, hemos presentado esta Proposición de Ley para aumentar la edad de jubilación a los 75 años, que pueda ayudar temporalmente a esta situación.

¿Y qué opina de la ley del ‘solo sí es sí’, cuyo efecto ha sido que a más de 400 delincuentes sexuales, de momento, se les rebajen las condenas?

Cada vez es más patente que se ha engañado, que no es un error, y que se quería hacer lo que se ha hecho, aunque eso pusiera en la calle a delincuentes sexuales.

En cada trámite previo y en la tramitación de la ley denunciamos que acabaría ocurriendo esto, por la aplicación de una norma que está en el Código Penal y en nuestra Constitución, que es que la norma más favorable le será aplicable al reo retroactivamente. Esto lo sabe hasta un alumno de primero de Derecho. Se advirtió en todas las instancias consultivas y en el Parlamento, y se quiso seguir con ello.

El Gobierno ha engañado a las mujeres, aquellas a las que se sacó a la calle con la sentencia de ‘La Manada’. Les prometió que con esta reforma iban a estar más protegidas, cuando claramente es falso. Al mismo tiempo se les decía «estamos con vosotras, os vamos a proteger y os vamos a dar una mejor ley», pero lo que ha hecho es una cosa distinta. Y eso es gravísimo, porque es una utilización de la mujer, a la que se desprotege. 

«Carmen Calvo ha dicho que en el Consejo de Ministros eran conscientes» de lo que iba a pasar con la ley del ‘solo sí es sí’, «pero que finalmente como una ministra se empeñó en que esa era su ley…»

Es nuevamente tener más piedad con los delicuentes que con las víctimas, a las que se las victimiza doblemente, porque ahora están aterradas con esas disminuciones de pena y puestas en libertad. 

Si no nos creían a los que lo decíamos por ser del PP, ha sido Carmen Calvo la que ha desvelado las deliberaciones del Consejo de Ministros. Ha dicho que eran conscientes, pero que finalmente como una ministra se empeñó en que esa era su ley… Esto pone los pelos de punta, porque pone de manifiesto que han mentido, han utilizado a las víctimas y que no tienen piedad.

Ahora, después de más cinco meses y más de 400 rebajas de pena, deciden que van a negociar una Proposición de Ley para ver cómo lo resuelven. Pero al mismo tiempo, la ministra de Igualdad convoca una manifestación para ensalzar las bondades de su ley y para que no se desproteja. 

Es, por tanto, una reforma basada en mentiras y en la soberbia. 

¿Y qué opinión le merecen los ataques a los jueces, los garantes de la legalidad, por la aplicación de la ley? Se les está tachando «como peores que los delincuentes», como denuncia la magistrada María Teresa Puchol, conocida en Twitter como «Lady Crocs»…

Los jueces están cumpliendo con su obligación. 

Personas sin ninguna formación jurídica insultan a los jueces y los llaman fachas con toga, dicen que el Código Penal hasta que han llegado ellos no se basaba en el consentimiento…

A la vista del empecinamiento en no rectificar, el PP registró una Proposición de Ley orgánica para que de manera rápida se pudieran corregir estos defectos de disminución de las penas, pero el Gobierno vetó que se pudiera debatir. Es el mayor ejercicio de cinismo y de soberbia.

Algunos efectos son ya irreversibles. Ahora, el PSOE ha presentado su propia iniciativa. 

Ya no se va a poder resolver que haya más revisiones de penas. Cada día que pasa sin que se modifique la ley y cada delito de agresión sexual que se produzca, tiene también una menor consideración de penas.

El PSOE, solo cuando ve que le puede perjudicar electoralmente, se pone manos a la otra. Es lamentable. Es una ley basada en la mentira, que es peor que el error, y la soberbia de no querer rectificar errores. 

Recordemos que la menor pena es una defensa que está en el ADN del partido de la ministra. Sin embargo, se ha engañado a las mujeres.

Lo van a tener muy difícil porque cada uno de las dos patas del Gobierno ya vemos que opinan distinto. 

Quienes salen perdiendo son las mujeres, los menores y las víctimas.

¿Cómo es posible que se pueda estar permanentemente insultando a los jueces y la ministra de Justicia siga callada, y que cuando se le ha preguntado no ha hecho ningún gesto de defensa? Ella, que no solo es ministra de Justicia, sino que es magistrada. 

Los ataques han provenido, entre otros, de la propia Victoria Rosell, que también es magistrada en servicios especiales…

Lo de Rosell es incalificable. Ha llegado a pedir a la prensa que no se hiciera eco de las rebajas. Es vergonzoso. Afortunadamente, los medios sois libres y os estáis haciendo eco.

«Lo de Rosell es incalificable. Ha llegado a pedir a la prensa que no se hiciera eco de las rebajas»

La delegada para la violencia de género y la propia ministra han salido diciendo que hay que ponerle pulseras a las mujeres. Es decir, ¿ahora hay que controlar a las víctimas en lugar de controlar al delincuente? Habla por sí solo, se califican ellas mismas. Es lo peor que he podido escuchar en muchísimo tiempo. 

El Código Penal no se puede tocar de cualquier manera. 

«Mi proyecto es poner mi granito de arena en el equipo del presidente Feijóo para presentar a los españoles que se puede gobernar de otra manera, y que este país necesita salir cuanto antes a flote», declara María Jesús Moro, preguntada por sus retos y propósitos para este año.

¿A usted qué es lo que más le preocupa de la situación actual de España? 

En este momento, lo que más me preocupa, como al presidente del PP, junto a las dificultades económicas de las familias, es el gravísimo deterioro de las instituciones al que ha tanto contribuido este Gobierno.

Eso repercute en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en la credibilidad de todos los políticos. 

«Lo que más me preocupa, como al presidente del PP, junto a las dificultades económicas de las familias, es el gravísimo deterioro de las instituciones al que ha tanto contribuido este Gobierno»

No todos somos iguales, pero el ciudadano termina defraudado y no creyendo a nadie porque finalmente piensa que los políticos vienen a servirse a sí mismos. 

Feijóo ha anunciado que aplicará el Plan de Calidad Institucional en los 100 primeros días de su gobierno. 

¿Podría detallar algunas de las medidas?

Son 60. Hay un compromiso de modificar el modelo de elección de los vocales del CGPJ, también de exigencia en las puertas giratorias de retorno de la política al ejercicio de la magistratura.

Se hace un compromiso firme de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con medidas que vienen pidiendo los fiscales desde hace mucho tiempo para garantizar su máxima autonomía. 

También hay medidas de compromiso respecto a los reales decretos ley. 

Como decía, el presidente Feijóo quiere poner de manifiesto que no todos son iguales. Cree en una política de servicio público. Como en estos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez se ha ido produciendo un deterioro tan importante, quiere dejar claro que el PP no va a gobernar de esa manera. 

No solo se ha trabajado en el plan, sino que se ha trabajado ya en los textos normativos que luego pasarán por los órganos consultivos. 

En el preámbulo se hace autocrítica. Hay muy pocos partidos políticos que hagan eso. Claro que no siempre hemos hecho todas las cosas bien, pero existe un compromiso de mejorar donde pudimos fallar. Y en un plano que afecta a todas las instituciones, al Gobierno y a las empresas públicas.

¿Algo más que le preocupe? 

Que el Ministerio de Justicia quiera imponer leyes que, además, se están tramitando de forma anárquica. Ahora ha empezado a negociar con los sindicatos, que le dijeron que a dónde iba con la ley de eficacia organizativa. 

No ha hecho su trabajo ordenadamente. 

Ahí está la huelga de los LAJs, donde en lugar de sentarse y hablar con tranquilidad con ellos, se les insulta. Ahora se ha convocado una reunión en plan disciplinario, como advirtiendo: «ahora os vais a enterar, porque llamo a los jefes a capítulo». Esa no es la manera en la que se resuelve un conflicto. 

Entenderíamos que no se pueda llegar a dar todo lo que se pide, cosa que nos ha pasado a todos los que hemos estado en el Gobierno, pero no se puede insultar ni humillar a ningún Cuerpo. Los LAJs se sienten humillados. 

Desde el PP los hemos apoyado en todo momento. 

Por un lado tengo la gran preocupación del deterioro, por todas las cosas que se han hecho y todas las líneas rojas que ha traspasado el Gobierno. Y por otro, la preocupación ante la incapacidad del Ministerio para gestionar sus competencias.

Ya se están señalando juicios para marzo de 2027. ¿Cuál es la solución frente al problema de la justicia tardía?

La solución no es sencilla. Hay que tomar un conjunto de medidas. Por eso, decía que este Gobierno y este Ministerio nos están demostrando una gran incapacidad de gestión.

Esta situación no se arregla solo poniendo mucho dinero en unos presupuestos, cosa que no se ha hecho, o sacando más plazas. Tiene que haber una planificación, un orden en los cambios normativos, tienen que incorporarse esas otras medidas que descarguen y que introduzcan los distintos sistemas de solución alternativos de conflicto. 

A la vista de cómo se han ido planteando las propias normas que están en el Congreso, hay desorden y caos total. Eso no ayuda a resolver los problemas de la justicia tardía. 

Hay que tener jueces suficientes, fiscales suficientes y funcionarios suficientes. Seguro que una reorganización de los juzgados en tribunales de instancia puede ayudar, pero hay que hacerlo de manera ordenada. 

¿En qué detecta ese caos del que habla?

Tan pronto se habla de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como luego no se avanza en ella, se incorporan leyes ómnibus que entran en el Congreso o hay una ley que está parada y, sin embargo, luego se ha modificado a través de proposiciones de ley algunos temas que son de ejecución de Directivas. 

Esa no planificación, esa falta de orden y de estrategia no va a ayudar a la Justicia, que ya tenía problemas. 

La gestión posterior a la pandemia evidencia que no se tiene claro el orden de prioridades y que ese orden de prioridades sea para ayudar a que los señalamientos puedan hacerse en un periodo razonable. 

Y la situación va a empeorar porque en tiempos de crisis, los problemas en el ámbito de los juzgados de lo mercantil se incrementan. 

Cuando se les ha dicho en las tramitaciones de las leyes que no se iba por el buen camino, no han hecho caso. No han querido aceptar enmiendas ni propuestas y todo eso va contribuyendo a que se acrecienten las dificultades de los juzgados y tribunales. 

Hay que trabajar en un plan serio, ordenado, donde se sepa cuál es el decálogo y el orden del mismo, y en el que hay que poner las medidas con un plan de choque, porque si no es imposible que se pueda resolver el atasco en el que se va entrando en algunas jurisdicciones. 

María Jesús Moro afirma que no ha visto nunca «un discurso tan zafio» por parte de un presidente del Gobierno como el de la semana pasada en el Senado. En la imagen, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

¿Cuáles son sus retos y objetivos para este año?

El reto fundamental es colaborar en el proyecto que el presidente del PP tiene. Tenemos una obligación con este país y el proyecto es poner encima de la mesa todas nuestras propuestas para ayudar a que España pueda salir mejor parada de lo que está.

Hay que resolver muchos problemas, especialmente en materia de empleo, porque también aquí las cifras se están maquillando.

Mí proyecto es poner mi granito de arena en el equipo del presidente Feijóo para presentar a los españoles que se puede gobernar de otra manera, y que este país necesita salir cuanto antes a flote. 

«Mi reto fundamental es colaborar en el proyecto que el presidente del PP tiene. Tenemos una obligación con este país y el proyecto es poner encima de la mesa todas nuestras propuestas para ayudar a que España pueda salir mejor parada de lo que está»

El proyecto de Feijóo es al mismo tiempo muy modesto y muy ambicioso. 

Es un proyecto serio, riguroso de una persona que tiene las ideas muy claras y que podría haberse dedicado a otras cosas cómodamente, pero ha venido para poner su experiencia al servicio de los españoles y a dar una alternativa de gobierno para salir de este despropósito en el que estamos. 

Una situación que el Gobierno viste con mensajes propagandísticos, con medidas que luego a veces no se cumplen o con cheques o propuestas económicas de hoy para mañana, pero que no resuelven los problemas estructurales que tiene este país. 

¿Confía en que se recuperarán el respeto y el diálogo, que presidieron el proceso de creación de nuestra democracia? Los importantes desafíos y retos que nos aguardan requieren de ello.

Confío en que sí. Hay que trabajar con una política útil para conseguir el mejor resultado de una norma, de una estrategia, de un plan. Esa es la filosofía Feijóo. 

Estuve en el debate en el Senado la pasada semana y no he visto nunca un discurso tan zafio por parte de un presidente del Gobierno. Feijóo lo tiene claro. Nosotros no vamos por ahí. 

Si personas de distinto signo político, que sé que las hay, defienden esta idea, claro que se puede recuperar. Es más, tenemos la obligación de recuperarlo. Cuando lo hemos hecho, las cosas han salido bien.

Hay que salir de la política de los tuits, de las frases altisonantes, y de que si una enmienda es de un partido no se apruebe aunque sea beneficiosa… Es difícil porque se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos, pero dos no discuten si uno no quiere.

Y si hay uno que está haciendo todos los intentos para recuperar otro tipo de política y los ciudadanos lo perciben como algo creíble, inmediatamente el resto de las fuerzas políticas tienen que ponerse en ese mismo nivel. 

En la discrepancia, pero en el debate y en el diálogo.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Política