El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) Eugenio Ribón, y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra han asumido nuevos compromisos para «impulsar un funcionamiento más eficiente» frente a los juzgados y tribunales.
Fue el resultado de una reunión en la que también tomaron parte Javier Mata, diputado responsable del área de Defensa de la Abogacía, y Pilar Fernández, fiscal provincial de Madrid.
Uno de los puntos en el que estribó el acuerdo entre la Ficalía y el ICAM es la necesidad de que los abogados y los fiscales puedan negociar la conformidad sin la presencia del juez, algo que Mata calificó de «vital», ya que esta puede «comprometer su imparcialidad», por lo que estas discusiones deben mantenerse «al margen y fuera de la Oficina Judicial», según detalló Mata a Confilegal.
«En los actos previos al juicio entre las partes, el juez no tiene por qué estar ahí», explicando que hace falta tiempo suficiente antes del juicio para que exista la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite los gastos y los requerimientos de testigos y peritos que conlleva un juicio.
Así, también se apoya otro de los puntos del acuerdo en el ahorro de tiempo y trabajo al decidirse que no se convocará a audiencia para conformidades en días distintos al señalamiento, de manera que se evite la doble carga de trabajo.
BUENAS RELACIONES ENTRE LA FISCALÍA Y EL COLEGIO
El diputado del ICAM subrayó la existencia de una «impresión de cordialidad» con la que se evidenciaron las «buenas relaciones entre la Fiscalía y el Colegio». «Ya hay un protocolo para entrar en contacto y mejorar áreas como las comparecencias de conformidad y el servicio de guardia», dijo.
Respecto al acceso a la copia de los expedientes relevantes, los representantes del ICAM reconocieron el rol de garante de legalidad de los fiscales, con lo que pone pone en relieve su participación activa al asegurar que los abogados tengan acceso a dicha copia con tiempo suficiente.
«Si el fiscal va a asistir a una declaración y el abogado no ha podido analizar el expediente, debe indicar que no se puede celebrar la actuación», explicó Mata. «Es una posición que hemos puesto en común para garantizar un derecho a la defensa eficaz».
En las actuaciones del juzgado de guardia, insistió en «el poco tiempo y la presión» a la que se enfrentan los juristas para reivindicar el acceso a su atestados e investigaciones para asistir al imputado, sin el cual se producen «distorsiones».
Lo ideal, afirmó, es que estos documentos puedan colgarse inmediatamente en plataformas digitales que pueda revisar el abogado y que además envíen notificaciones electrónicas.
Otro de los puntos de este acuerdo es el de velar por la presencia de un fiscal en todas las actuaciones en las que se requiera, dada las situaciones en las que no hay ninguno disponible, ausencias que han hecho notar desde el ICAM especialmente en los ámbitos de familia y en ciertos partidos judiciales, como los juzgados de Majadahonda y Pozuelo.
Mata indicó que estos problemas suelen deberse al control de la agenda de los fiscales, agravado por su número limitado, con lo que espera que se coordine con el Poder Judicial para que puedan asistir a los señalamientos.
