Los sindicatos de justicia exigen las mismas condiciones que demandan los LAJ ante el Ministerio de Justicia
La contrapropuesta del Comité de Huelga para desconvocar el paro, publicada por Confilegal, incluye como punto central un aumento retributivo equivalente a 1.100 euros mensuales adicionales para todos los letrados. Foto: Confilegal.

Los sindicatos de justicia exigen las mismas condiciones que demandan los LAJ ante el Ministerio de Justicia

|
03/3/2023 19:15
|
Actualizado: 27/3/2023 17:54
|

Después de que el Ministerio de Justicia hiciera públicos los términos de las negociaciones con el Comité de Huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los sindicatos han protestado por considerar que les corresponde la representación legítima de los trabajadores de la Administración de Justicia, además de que se deja por fuera el resto de los cuerpos. Y exigen, que en caso de cerrar un acuerdo,

La contrapropuesta del Comité de Huelga para desconvocar el paro, publicada por Confilegal, incluye como punto central un aumento retributivo equivalente a 1.100 euros mensuales brutos adicionales para todos los letrados, 1.200 euros brutos, prorrateando las pagas extras. La subida anual, de media, sería, por lo tanto, de 14.900 euros brutos por letrado judicial.

El presidente del sector nacional de Justicia del sindicato CSIF, Javier Jordán de Urriés, recuerda que si el Ministerio llegara a un acuerdo final con el Comité de Huelga éste deberá someterse «a la mesa de negociación sindical». Porque esa propuesta pretende reescribir el acuerdo que los sindicatos suscribieron con el Ministerio el 15 de diciembre de 2015 debe englobar a todo el personal de Justicia en la medida que afecta a los LAJ».

Dicho acuerdo fue recurrido por las asociaciones de LAJ ante los tribunales de Justicia sin que conste, hasta la fecha, «que ninguno de sus dirigentes ni los miembros del Comité de Huelga hayan devuelto o renunciado al incremento de 206,87 euros mensuales tras abonarse el último plazo acordado en dicho documento el pasado mes de enero».

Son las «mismas asociaciones que mintieron flagrantemente y sin pudor, descalificando el acuerdo sindical porque, según ellos, no era cierto que se fuera a subir el salario a los LAJ. La mentira tenía las patas muy cortas y en el mes de abril de 2022 se regularizaron sus nóminas».

Según Jordán de Urriés, «CSIF celebra que, por fin, el Ministerio se avenga a suprimir la cuarta categoría propuesta de este sindicato y que afecta significativamente a los compañeros/as del Cuerpo de Gestión que acceden a LAJ y a impulsar la carrera profesional para lo que, el acuerdo de 15 de diciembre de 2021, ya prevé un grupo de trabajo que se ha reunido dos veces y está pendiente de proseguir sus trabajos para lo que el Ministerio debe convocar la próxima reunión».

En cuanto a la propuesta de los grupos de población, CSIF recuerda al Ministerio “que la reducción de grupos de población es una vieja reivindicación del sindicato”.

Además, el presidente de CSIF Justicia señala que, “como el propio Ministerio conoce, las retribuciones en el ámbito de Justicia están directamente relacionadas y la modificación de algunos conceptos retributivos como los grupos de población en los LAJ, lleva consigo una corrección al alza en el resto de Cuerpos que debería formar parte del acuerdo final en la mesa de negociación”.

Finalmente, en lo que se refiere a la productividad, para CSIF “se abre una oportunidad para retribuir el trabajo que efectivamente se hace en la oficina judicial extendiendo los planes de productividad a todo el personal de la oficina”.

Por el lado del sindicato de Justicia de Unión General de Trabajadores (UGT), su responsable federal, María Victoria Carrero, señala las intenciones del sindicato de «dar caña al Ministerio», apuntando que «ambas partes lo están haciendo fatal» aunque sus reclamaciones pudieran ser justas.

Así, Carrero critica que el Ministerio dirigido por Pilar Llop debería «no debe negociar con asociaciones profesionales, no representan legítimamente ni a los LAJ ni al los Cuerpos Generales y Especiales de la Justicia».

«El Ministerio de Justicia incumple cada vez más la Ley Orgánica de Libertad Sindical y los estatutos de los empleados públicos, que regulan la estructura de regulación colectiva y sobre quién recae», dice. «Podríamos firmar un acuerdo, pero nos enteramos por la prensa».

En este sentido, expresa dudas de que los LAJ alcancen la cuantía exigida, pero asegura que si logran «200 o 300 euros más», el resto de trabajadores «irían por la misma línea».

«Esperamos a lo que diga el Ministerio, pero están advertidos de que vamos a pedir lo mismo que concedan a los LAJ», declara. «Ellos obtuvieron la mayor subida en el acuerdo de diciembre del 2021 y ahora pretenden ir por su lado, pero mucho se delega a los Cuerpos, que hacen su trabajo».

Javier Hernández, secretario de Acción Sindical del Sector de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO) afirma que «Las reivindicaciones de los LAJ son correctas si se ajustan a los demás cuerpos, que tienen los mismos derechos».

En este sentido, apunta que «el Ministerio ha aceptado que son un cuerpo especial, con condiciones distintas a otros de la Administración de Justicia, a los que no trata con la misma preocupación y decoro».

«El problema grave es que no hacen las funciones por las que reclaman, sino que en un 90 % obligan a hacer la parte funcional a los gestores, tramitadores y auxilios judiciales, y no es legal, actúan con una forma de explotación directa o indirecta», dice.

«Entonces cuando hacen huelga, obligan a estos funcionarios a no realizar lo que sin huelga les obligan a hacer».

Por su lado, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha presentado dos escritos para que clarifique las funciones de los Cuerpos de Gestores, Tramitadores y Auxilios Judiciales.

José Luis Fernández, vicesecretario general de STAJ, explica que esto se debe a que los LAJ «intentan que los demás funcionarios no trabajen para que se noten las consecuencias de la huelga».

«Los funcionarios del Cuerpo General se encargan de la tramitación de todo el proceso judicial, pero cualquier acto procesal requiere la firma del LAJ; que no firmen hasta que dejen la huelga, pero los demás tiene que seguir trabajando en borrador y nadie puede impedirlo», dice, destacando que comparten «las mismas reivindicaciones, pero para todos los funcionarios.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Mundo Judicial