«No aceptaremos en la mesa de negociación ningún privilegio exclusivo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que no se aplique también al resto de Cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia». Así lo señala el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en un comunicado publicado hoy.
Los sindicatos de Justicia ya dejaron claro hace ya cuatro semanas que exigen las mismas condiciones que demandan los LAJs.
En el marco de las reuniones del Ministerio con el Comité de Huelga de las asociaciones de LAJs, las cuatro asociaciones de jueces también reclamaron el pasado mes de febrero a Justicia una reunión para negociar una subida salarial a los jueces, y la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera Fiscal, reclamó el aumento para fiscales y jueces.
Comisiones Obreras señala en el comunicado que «a espaldas de los sindicatos y sin información de su contenido, se están desarrollando en estos días negociaciones del comité de huelga con los ministerios de Justicia y Hacienda», y que ambas partes son conocedoras de la «obligación legal de negociar con los sindicatos en la Mesa Sectorial cualquier modificación retributiva o de otras condiciones de trabajo que pudiera acordarse».
Y subraya que CCOO «no será en ningún caso una mera comparsa que simplemente ratifique un acuerdo que excluya y ningunee al 80% del personal de la Administración de Justicia».
«Nuestras propuestas parten de la aceptación de que el funcionamiento de la Administración de Justicia es fruto del trabajo colectivo» del conjunto de sus trabajadores «y no del de un solo cuerpo», expone.
Este sindicato manifiesta que «la única salida a la huelga de LAJ y a la restauración del buen funcionamiento de la Administración de Justicia y de la armonía en los órganos judiciales debe ser negociada con las organizaciones sindicales (únicas interlocutoras legales de la negociación colectiva) y que incluya la mejora sustancial de las condiciones de trabajo y retributivas de todos los cuerpos».
SUS REIVINDICACIONES
En concreto, CCOO exige al Ministerio de Justicia «para todos los cuerpos» el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente se realizan en las oficinas judiciales, fiscalías y servicios, negociándose un nuevo catálogo de funciones de cada uno de los cuerpos».
También reclama para todos los cuerpos el desarrollo y retribución de la Carrera Profesional con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.
Otra de sus exigencias es la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, equiparándose a las de grupo 1 (Madrid y Barcelona) las del resto de poblaciones, para todos los cuerpos.
Asimismo, solicita la extensión del complemento de productividad, que actualmente percibe el cuerpo de LAJs, a todo el personal de las oficinas en todos los ámbitos territoriales.
También demanda la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) y los complementos específicos de todos los cuerpos en los nuevos Registros Civiles paralela al despliegue de DICIREG.
Tras la finalización de la huelga de LAJs, exige también la negociación de planes de actuación para la puesta al día de los asuntos atrasados que incluyan prolongaciones de jornada voluntarias y retribuidas y nombramientos de personal de refuerzo de todos los cuerpos y en todos los ámbitos territoriales.
Por último, exige al Ministerio de Justicia que cumpla «de forma inmediata» los acuerdos que tiene firmados con los sindicatos para negociar las sustituciones y otros medios de provisión de puestos de trabajo en todos los cuerpos (Acuerdo de diciembre de 2015); para aplicar y desarrollar normativamente el acuerdo de teletrabajo, de marzo de 2021, que afecta a todos los cuerpos; así como para mejorar la promoción interna y para la convocatoria de un concurso de traslado extraordinario (acuerdo de marzo de 2022).
CCOO sostiene que el Ministerio de Justicia, «único responsable de la situación», tiene que «aprender de sus errores y rectificar».
Afirma que «tiene que cumplir los acuerdos que firma, negociar con los únicos interlocutores que la ley establece para negociar las condiciones laborales y retributivas de todo el personal de la Administración de Justicia, y dejar de negociar con las Asociaciones Profesionales de LAJs sus condiciones de trabajo, limitándose, como establece la LOPJ, a que sean oídas en las materias que afecten a su estatuto jurídico» y sostiene que lo contrario será «provocar un nuevo conflicto de mayores dimensiones que nadie quiere y que la sociedad no podría volver a soportar».
«Por la mejora de las condiciones de trabajo en la Administración de Justicia sin privilegios ni clasismo», concluye su comunicado.
