La CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT-SP van a plantear tres puntos centrales en las negociaciones que van a comenzar próximamente con los dos Ministerios -Economía y Función Pública y Justicia- con los que esperan sentarse a la mesa.
Su primera reivindicación es la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
Por eso consideran que es imprescindible negociar la LOEO porque, de otra forma, se pondría en riesgo «los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas».
Su segunda reclamación es el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan y son delegadas a los cuerpos generales sin compensación alguna.
Los cuatro sindicatos consideran que al 93 % de los funcionarios que llevan el peso fundamental del trabajo de la Administración de Justicia se les ha tratado como personal de segunda, «elevando las retribuciones» al 7 % restante, en clara alusión a los letrados de la Administración de Justicia, quienes recientemente llevaron a cabo una huelga de dos meses.
«No se reconoce la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses) ni las funciones reales de los cuerpos generales», especifican. Y «se desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos».
La tercera reivindicación se refiere al incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos). Una reivindicación que tiene muy presente las subidas pactadas con las tres asociaciones de LAJ, a los que se les ha concedido aumentos de entre los 430 y los 450 euros brutos mensuales a cumplir en un periodo de un año y medio.
Los incrementos que se reclaman son:
+ 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF.
+ 400 euros mensuales para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio.
+ 375 euros mensuales para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio.
+ 350 euros mensuales para Auxilio Judicial.
Además, siguen exigiendo la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1 y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
