Es la primera vez que los sindicatos de funcionarios han conseguido ocupar uno de los dos carriles de la calle, frente al Ministerio de Justicia, en el 45 de la madrileña calle de San Bernardo. Los ánimos han estado bien caldeados.
Todos tenían muy presente el acuerdo cerrado por el Ministerio de Economía y Función Pública con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ha supuesto una subida de entre 430 y 450 euros entre el 1 de enero de este año y julio del próximo año.
«El 90 % de las funciones de los LAJ las hacemos nosotros. Las delegan en nosotros. Queremos unas subidas acorde a las conseguidas por ellos», ha manifestado Javier Hernández, miembro de la Ejecutiva del Sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO). «El Ministerio tenía que haber negociado con todos nosotros. Tenía que haber respetado la Mesa Sectorial».
Una afirmación que ha repetido Vicente Navarro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ): «El 97 % de los LAJ delegan sus funciones en los Cuerpos Generales, en nosotros. El acuerdo cerrado por Función Pública con las asociaciones de LAJ es una humillación para todos nosotros».
La concentración ante el Ministerio de Justicia, a 5 días de comenzar la huelga indefinida en modalidad parcial -de 10 a 13 horas-, el próximo lunes, 17 de abril, a la que han convocado a los 45.000 funcionarios del sector, fue calificada por los responsables de los sindicatos como «todo un éxito».
Javier Jordan de Urríes Sagarna, presidente del sector nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en este sector-, considera que la pelota está en el tejado del Ministerio: «A ellos les toca mover pieza. Nosotros dejamos muy clara nuestras posiciones en la reunión que mantuvimos con el secretario general de la Administración de Justicia».
Una opinión que comparte María Victoria Carrero Díaz, responsable nacional del Sindicato de Justicia de la Unión General de Trabajadores (UGT) -de baja por un accidente-. «El Ministerio sabe que tienen que darnos una respuesta. Pero si tengo que serle sincera, lo veo mal. Porque no se ha producido un solo gesto por su parte. Ni una llamada informal. No sé a qué están esperando, ¿a que esto de cronifique?».
Los funcionarios de los sindicatos en plena concentración ante el Ministerio. Foto: Confilegal.
Los cuatro sindicatos han atacado la viabilidad del actual proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, a la que todos se refieren como «la LOEO», porque Por porque pone en riesgo «los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas».
Los incrementos que reclaman los sindicatos son 430 euros brutos mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Tecnología y Ciencias Forenses, 400 euros brutos mensuales para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio, 375 euros brutos mensuales para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio y 350 brutos euros mensuales para Auxilio Judicial.
Además, siguen exigiendo la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1 y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
