Cuando un matrimonio se rompe inevitablemente surgen problemas económicos. Pero no todo vale a la hora de conseguir una pensión o reclamar algún tipo de cantidad a la expareja, porque cometer algún tipo de ilegalidad puede tener consecuencias fatales.
Adela (nombre ficticio) interpuso el 30 de julio de 2012 ante el Juzgado de Primera Instancia Nº25 de Madrid una demanda de ejecución de gastos extraordinarios por el divorcio. En ella solicitó que se tuviese en cuenta que el hijo de ambos estaba escolarizado en el colegio privado Alborán de Marbella, un centro prestigioso.
Por lo que Adela pidió a su expareja que le pagase el dinero correspondiente al curso 2012/2013, que ascendían a 11.802 euros.
En la vista oral, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2013, el abogado de Adela llevó un extracto bancario que aparentemente correspondía a su cuenta corriente y en el que supuestamente se cargaban los citados 11.802 euros.
Pero el problema vino cuando se comenzaron a destapar las mentiras: el extracto bancario era falso y en ningún momento el banco le había cobrado tal dinero porque el niño nunca fue a dicho colegio privado, sino que estaba matriculado en uno público.
El objetivo de ese documento falso era engañar al juez de primera instancia para convencerle de una realidad existente. Pero lo que Adela no pudo esperar era que finalmente la denunciada iba a ser ella.
Su exmarido se querelló contra ella el 16 de octubre de 2013, pero como estaba desaparecida, dictaron una orden de averiguación de su paradero e, incluso, su busca, captura y detención. Pudo ser juzgada el 15 de junio de 2015.
Los documentos tos falsos en un juicio para obtener beneficio suponen también un delito de estafa procesal
La Audiencia Provincial de Madrid consideró que su actitud era constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil y estafa, por lo que la condenó a una pena de 1 año y 9 meses de cárcel y a pagar una multa de 2.700 euros.
Y es que utilizar un documento falso en un juicio para obtener un beneficio supone añadir un delito de estafa procesal.
Pero Adela no estaba conforme con la sentencia, por lo que decidió presentar un recurso de casación de la mano de su abogado ante el Tribunal Supremo.
Esta sentencia, que es la 936/2016 de 15 de diciembre de 2016 ha sido analizada por el exmagistrado y abogado especialista en penal económico del despacho Kepler-Karst, Eduardo de Urbano, en su libro “Derecho penal económico: 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo”.
Ante la evidencia del caso, poco pudo hacer la defensa de la condenada, pero lo intentó hasta el final. En primer lugar, el letrado explicó que se había vulnerado la presunción de inocencia de Adela porque sólo existían débiles sospechas.
Pero realmente la prueba documental no engañaba a nadie porque el extracto bancario estaba manipulado. Y, en este caso, los magistrados relataron que pocas veces se encontraban un caso en el que sea tan patente que la presunción de inocencia se ha desvirtuado porque el delito fue grabado en el seno de un procedimiento civil.
Por otro lado, el abogado de Adela argumentó en el recurso que se había roto la cadena de custodia. Sin embargo, el Supremo, al igual que la Audiencia de Madrid, consideró que el alegato caía por su propio peso. Lo calificaron de «absurdo” porque en el vídeo se veía cómo el letrado entregaba ese recibo bancario. Finalmente confirmaron la condena de cárcel de la acusada.
