El Ministerio de Justicia ha ratificado este lunes su «voluntad negociadora» después de que asociaciones de jueces y fiscales hayan anunciado su intención de ir a la huelga indefinida a partir del 16 de mayo, si no llegan a un acuerdo en la Mesa de Retribuciones, si bien ha subrayado que esa disposición debe estar en las dos partes, algo que «casa mal» con la medida de presión anunciada, según fuentes de Justicia consultadas por Europa Press.
Desde el departamento que preside Pilar Llop aseguran que continúa con «la misma voluntad negociadora que ha tenido siempre, con la mirada puesta en todo momento en el servicio público», recalcando que, de hecho, la mesa de retribuciones ya está convocada para el 3 de mayo.
En este sentido, recuerdan que «esa voluntad negociadora tiene que estar presidida por la buena fe de las dos partes, lo que casa mal con las medidas de presión anunciadas» por las asociaciones de jueces y fiscales.
Las fuentes aseguran que el Ministerio de Llop está trabajando «sin descanso» para mejorar el servicio público de Justicia, llevándolo al siglo XXI con la ciudadanía y sus intereses en el centro.
Al hilo, hacen hincapié en que las tres leyes de eficiencia del servicio público de justicia se encuentran ya en una fase muy avanzada de la tramitación parlamentaria, instando a las asociaciones a que apoyen su aprobación.
Justicia reacciona así al anuncio efectuado este mismo lunes por tres asociaciones de jueces (la APM, mayoritaria en la carrera judicial, la AJFV y el FJI) y dos de fiscales (AF, también mayoritaria en la carrera fiscal, y la APIF) sobre su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo ante la «falta de propuesta concretas» y de «verdadero propósito de negociar» de los ministerios de Justicia y Hacienda para mejorar sus salarios y reducir la carga de trabajo.
Así lo han dado a conocer en un comunicado conjunto que también suscriben Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), porque dicen compartir el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el «estancamiento actual» del sistema judicial, pero aclaran que en su caso consideran «oportuno» esperar a conocer lo que pueda plantear Hacienda en la reunión de la mesa de retribuciones prevista para el 3 de mayo.
De materializarse, la huelga de jueces y fiscales sería la tercera que sufriría la Administración de Justicia después de la de los LAJ y la de los funcionarios.
Los Letrados de la Administración de Justicia estuvieron parados indefinidamente más de un mes, hasta que consiguieron una subida salarial de 450 euros mensuales. Desde el pasado lunes, además, los funcionarios de Justicia se encuentran en huelga reivindicando igualmente una mejora económica.