Al final las asociaciones de jueces y fiscales obtuvieron lo que estaban buscando: una oferta en firme por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Justicia de 44,6 millones de euros como respuesta a la reivindicaciones económicas de ambos colectivos que juntos suman 8.308 personas (5.500 jueces y 2.808 fiscales).
Ambos ministerios esperan una respuesta a esta oferta el próximo lunes a las 11.30 de la mañana, en una nueva reunión, para dar tiempo para que los representantes de todas las asociaciones valoren «el esfuerzo» realizado por el Gobierno y contesten positivamente –esperan–.
Al comenzar la reunión de la mañana los secretarios de Estado de Justicia –Tontxu Rodríguez– y de Función Pública –Lidia Sánchez Milán–, pidieron a los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales que desconvocaran la huelga general indefinida fijada para el próximo 16 de mayo.
A lo que estos dijeron que no.
Una petición que volvieron a reiterar a las 18.30 horas, después que pusieran sobre la mesa la oferta de los 44,6 millones de euros, cumpliendo así una de sus reivindicaciones básicas, tener sobre la mesa una propuesta material y medible.
También contestaron de forma negativa.
La oferta, que tendrá que desgajarse en modo y forma –en los detalles siempre está la complicación–, cogió a todos los presentes por sorpresa.
La mañana fue dedicada a que Juan José Carbonero, por la Asociación Profesional de la Magistratura, José Ignacio Martínez, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Edmundo Rodríguez Achútegui, por Juezas y Jueces para la Democracia, y Francisco Gutiérrez, de Foro Judicial Independiente –por parte de los jueces– y Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales, Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales, y Vicente González, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, explicaran el porqué de sus reivindicaciones salariales, con argumentos y datos.
El principal de ellos: una pérdida de poder adquisitivo del 22 %.
Junto a Rodríguez y Sánchez Milán, el secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, la directora general para el Servicio Público Justicia, María dels Ángels García Vidal, el subdirector de Acceso y Promoción a la Administración de Justicia, Javier Moríñigo, y la subdirectora de Coordinación Institucional del Servicio Público Justicia, Rosario Martín García, y José Ramón Crespo, subdirector general de Recursos Humanos y Retribuciones de Hacienda y Función Pública
Por parte del Consejo General del Poder Judicial asistieron los vocales José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya; la Fiscalía General del Estado contó con la fiscal del Supremo, Esmeralda Rasillo.
La reunión transcurrió entre las 11 y las 14.30 y se reanudó a las 18.00 horas en el Ministerio de Justicia.
Nada hacía presagiar que los dos Ministerios fueran a poner una oferta sobre la esa tarde.
Pero lo hicieron.
Los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales, que guardaron el secreto –porque así se lo pidieron desde ambos Ministerios– se encontraron después con que la oferta se había filtrado a los medios de comunicación, como lo prueba la nota de prensa conjunta que hicieron pública después de la reunión de la tarde en la que no hicieron referencia alguna a los 44,6 millones de euros.
La pelota queda ahora en el tejado de las siete asociaciones, que tienen que valorar al detalle lo que supone, si es suficiente, y su forma de distribución; esa es la auténtica madre del cordero.
Los cinco días que restan hasta la siguiente reunión y las reflexiones que se hagan marcarán la respuesta a ambos ministerios.
Para empezar, en este partido de ido, los jueces y fiscales han conseguido lo que perseguían: una oferta encima de la mesa.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, entró a saludar a los intervinientes al comienzo de la reunión.
