Firmas
El parchís de la Justicia y la alergia de nuestra democracia
Jorge Fernández Vaquero explica las razones que impulsan a las asociaciones de jueces a demandar al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Justicia unas reivindicaciones que consideran justas.
08/5/2023 06:31
|
Actualizado: 07/5/2023 19:58
|
En 1978 el pueblo español decidió darse a sí mismo un Poder Judicial independiente. Y una de las facetas que abarca esa independencia es la económica. Sin embargo, fueron necesarios más de 20 años para que nuestro legislador diera cumplimiento a este mandato democrático.
A pesar de que ya en 1985, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se decía que el Estado debía garantizar “la independencia económica de los Jueces y Magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional”, la ley específica sobre el régimen retributivo de los jueces a la que se remitía la cuestión no fue aprobada hasta 2003.
Esta Ley señalaba en su exposición de motivos que, para asegurar la independencia económica de los jueces, era necesario prestar una “especial atención en el tratamiento de esta materia, a la altura de su alta función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
MESA DE RETRIBUCIONES
Y, para garantizar la permanente adecuación de las retribuciones judiciales a los principios de la nueva ley, se creó un marco negociador específico –la conocida como Mesa de Retribuciones–, que tenía que reunirse cada cinco años para proponer al gobierno las oportunas revisiones retributivas de los jueces.
Otros 20 años han pasado desde entonces y el balance de la aplicación del régimen especial de retribuciones de los jueces es desolador.
En dos décadas no se ha producido ni un solo acuerdo en el seno de la Mesa de Retribuciones, que solo se ha reunido hasta mayo de este año en una ocasión. Y entre 2003 y 2023 los jueces han perdido un 20% de poder adquisitivo.
¿Cómo es posible que el cumplimiento de un mandato constitucional sobre un aspecto esencial de nuestro sistema de libertades (la independencia judicial, que también es económica) se vaya cumpliendo a pequeños pasos, de 20 en 20 años?
La respuesta posiblemente haya de buscarse en la patológica aversión de los gobiernos y parlamentos españoles a someterse a límites en el ejercicio de su poder. En nuestra democracia, los gobiernos creen ocupar una posición predominante que no les corresponde.
SITUACIÓN DESOLADORA
Y el Parlamento cree ser titular de una soberanía nacional que pertenece al pueblo español. Esta suerte de alergia democrática de nuestros poderes políticos a aceptar los límites impuestos por el pueblo nos ha conducido, en esta como en otras cuestiones, a una situación desoladora.
Los jueces hemos perdido un 20% de poder adquisitivo en 20 años.
Cobramos las guardias a menos de 3€ brutos la hora (en algunos casos a 0,35€) y sin consideración alguna hacia nuestra responsabilidad (se paga la guardia por igual a jueces, fiscales, funcionarios, LAJ).
La estructura retributiva es tan absurda que, por ejemplo, los jueces veteranos se van a los juzgados de instrucción mientras los jóvenes ocupan las plazas de la Audiencia Provincial que aquellos dejan vacantes, de manera que los jueces jóvenes acaban revisando las decisiones de los veteranos porque estos no tienen ningún incentivo para ocupar puestos que, en teoría, representan un ascenso profesional.
En 2018 se introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial un complemento de carrera profesional destinado a paliar esta situación, pero 5 años después no se ha desarrollado este concepto retributivo.
NINGUNEO
El cálculo de los trienios, pensados para premiar la veteranía en el ejercicio de la función, perjudica a quienes más años de experiencia acumulan, porque se computan sobre el sueldo de ingreso en la Carrera Judicial, de manera que cada trienio que se acumula vale menos que el anterior.
Se ningunea a los jueces de Violencia sobre la Mujer, que son los únicos servidores públicos en este tipo de juzgados que no perciben el complemento especial de penosidad que sí cobran todos cuantos trabajan codo a codo con ellos.
Estos y otros problemas fueron analizados a conciencia por las asociaciones judiciales a comienzos de 2022.
Y desde el mes de febrero de ese año pusimos en marcha un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia para empezar a revertir la situación descrita. Ha pasado más de 1 año desde entonces, sin ningún avance.
En octubre de 2022 soportamos con responsabilidad institucional el desaire de ver cómo se desconvocó la Mesa de Retribuciones apenas unos días después de haber sido convocada. Y hace unos meses asistimos atónitos a la solución dada por los Ministerios de Justicia y Hacienda a la huelga de los LAJ, que se basó en planteamientos presupuestarios radicalmente opuestos a los que nos habían señalado a nosotros durante las conversaciones del año anterior.
RECUPERAR EL PODER ADQUISITIVO PERDIDO
Por fin hemos conseguido, con más de 10 años de retraso, que la Mesa de Retribuciones se reúna. Y el planteamiento que las asociaciones hemos llevado a la Mesa en su primera reunión, el pasado día 3, ha sido el de tratar de revertir el desequilibrio retributivo de los jueces de este país al que antes me he referido.
Para ello es necesario, en primer lugar, recuperar el poder adquisitivo perdido.
En segundo lugar, hay que abordar los cambios precisos para eliminar disfunciones en el sistema de incentivos e injusticias en la retribución de la responsabilidad del cargo (me remito a los ejemplos antes expuestos).
Y, en tercer lugar, debemos iniciar una dinámica de cumplimiento de la ley para que nuestro marco retributivo se evalúe y modifique en lo necesario cada cinco años, sin excusas.
Sobre estas mismas ideas insistiremos en la segunda reunión de la Mesa, el día 8 de mayo. Somos conscientes de que no todos los problemas descritos pueden solucionarse ahora y de una vez.
Tampoco lo pretendemos.
A RITMO DE PARCHÍS
Lo que exigimos es que se acuerden de inmediato cuantas mejoras sea posible y se asuma el compromiso de trabajar desde el día siguiente en las demás.
La Justicia española se mueve, en lo que a la independencia económica de los jueces se refiere, a ritmo de parchís.
Es este juego, cuando un jugador se come una ficha del rival, avanza 20 casillas.
En el caso de la justicia, las decisiones retributivas se toman cada 20 años.
Pero entre decisión y decisión la ficha permanece inmóvil.
Los jueces exigimos ahora que se produzca el avance que corresponde después de 20 años de parálisis. Pero, además, reclamamos que las próximas dos décadas no sean improductivas.
¿Se atreverá el Gobierno actual a pilotar este cambio?
Otras Columnas por Jorge Fernández Vaquero:
