Menos leyes y más fotocopiadoras

Corría el año 2004 cuando una magistrada vino a la Escuela Judicial —en la que yo me encontraba entonces como alumno– para hablarnos a los futuros jueces sobre el mejor modo de enfrentarse profesionalmente a las llamadas macrocausas, una de las cuales había tenido que instruir en el pasado.

Por encima de los problemas jurídicos, el principal escollo al que se había enfrentado aquella magistrada era la falta de medios materiales.

Su problema era, en concreto, que en su juzgado no había fotocopiadora, herramienta esencial en aquella época.

Sus reiteradas peticiones cayeron en saco roto.

La solución a ese problema fue inesperada: la prensa divulgó aquella vergonzosa carencia y la anhelada fotocopiadora fue velozmente suministrada, permitiendo avanzar en la investigación.

En el año 2008, ya como juez, en un asunto por violencia de género y para asegurar la protección de la víctima, decidí que al investigado se le pusiera un dispositivo telemático para controlar la orden de alejamiento a la que estaba sujeto.

El uso de estas pulseras telemáticas se había introducido como novedad en la conocida como Ley de Violencia Género, que llevaba vigente desde mediados de 2005.

Sin embargo, en la práctica aquellas pulseras no existían.

Nadie se había preocupado de adquirirlas y, lo que es peor, nadie consideraba que tal adquisición fuera de su incumbencia.

Hubo que esperar aún bastante tiempo hasta que se formalizó el primer contrato para el suministro de estos aparatos, que hoy se utilizan con normalidad en nuestros juzgados en casos de violencia de género.

Pero, para entonces, aquel asunto ya había llegado a juicio.

LECCIÓN APRENDIDA 

Algunos años más tarde, uno de los juzgados de la ciudad en la que yo ejercía sufrió una serie de desgracias simultáneas que llevaron a que se quedase, literalmente, sin funcionarios.

Las peticiones reiteradas para que se nombrara personal sustituto fueron desoídas.

Recordando mis experiencias de la Escuela Judicial, propuse poner el asunto en conocimiento de la prensa.

Así lo hicimos y la noticia fue primera plana de un diario provincial.

Era domingo.

Al día siguiente nombraron sustitutos suficientes para reabrir el juzgado.

Algún tiempo después volvimos a usar la misma táctica ante la falta de personal en el Registro Civil, con el mismo resultado satisfactorio.

CAMBIAR LA REALIDAD EXIGE DINERO 

Podría poner más ejemplos que llegan hasta la actualidad, pero lo importante son las conclusiones que podemos extraer de estas anécdotas. La primera de ellas es que el papel lo soporta todo, pero cambiar la realidad exige dinero.

De nada sirve que el legislador dijera entre 2004 y 2005 que había que mejorar la protección de las víctimas de violencia de género controlando el cumplimiento de las órdenes de alejamiento con medios telemáticos si nadie realizaba la inversión necesaria para adquirirlos.

La segunda conclusión es que quienes pueden tomar las decisiones para mejorar el sistema judicial no lo harán a menos que su propio interés les empuje a hacerlo.

Los responsables políticos que decidieron comprar la fotocopiadora o las pulseras en los dos primeros ejemplos o los que aceleraron la contratación de personal de sustitución en los dos últimos solamente lo hicieron cuando el coste político de no hacer nada se volvió inasumible para ellos.

Ambas conclusiones siguen siendo válidas hoy en día.

El Gobierno acaba de aprobar un Real Decreto-ley con medidas destinadas a evitar el previsible atasco judicial que se producirá tras la pandemia por COVID-19.

La mayoría de esas medidas son inútiles si no van acompañadas de la creación de nuevos juzgados o la dotación de refuerzos y medios tecnológicos.

Pero la norma no va acompañada de ninguna previsión de inversión.

EL PAPEL LO SIGUE AGUANTANDO TODO 

En el Ministerio de Justicia saben que, con una paralización de más de dos meses y la entrada de nuevos asuntos tras la pandemia, se desbordará la capacidad del sistema judicial, ya colapsado antes del estado de alarma.

También saben que el coste político de permanecer inactivos es inasumible.

Ese es el verdadero sentido de este Real Decreto-ley: proporcionar una coartada al ministro ante las críticas que se avecinan.

Mientras nuestros gobernantes sigan considerando las leyes como material maleable a su antojo para cubrir sus vergüenzas, poca esperanza nos queda a los profesionales del Derecho – y ninguna a los sufridos ciudadanos– de que nuestro sistema judicial experimente ese salto hacia la excelencia y la modernidad que una sociedad avanzada como la española se merece.

Hacen falta buenas leyes, pero también suficientes profesionales y medios adecuados.

Menos normas y más dinero.

Más y mejores fotocopiadoras, señor ministro, eso es lo que necesitamos.

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