El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva tres años pendiente de su renovación, aunque su deterioro institucional viene de mucho antes. Los ataques a jueces y al sistema judicial en su conjunto se han intensificado en los últimos años, hasta el punto de que hoy en día se puede hablar abiertamente de una estrategia de deslegitimación del Poder Judicial que pone en riesgo los fundamentos de nuestra convivencia democrática.
La carencia de medios en la Administración de Justicia es endémica y no hay a día de hoy ningún plan racional diseñado para subsanar esa grave carencia que afecta a la credibilidad del sistema institucional diseñado por nuestra Constitución.
Estos problemas –y otros similares– son conocidos y han venido consumiendo la mayor parte de los esfuerzos de las asociaciones profesionales desde hace años. En la medida en que se trata de deficiencias persistentes, en el futuro inmediato tendremos que seguir atentos a aquellas cuestiones, sin duda alguna.
Pero no podemos quedarnos estancados. Si de verdad creemos en una justicia moderna y eficaz, comprometida con los valores y principios de nuestra democracia y que sirva de garantía real de los derechos de los ciudadanos ante los abusos del poder, no solo hemos de revisar los factores externos al sistema judicial que repercuten en su funcionamiento, sino también los internos. La autocrítica sincera es el primer paso necesario para llegar a un diagnóstico certero de la situación actual. Y ese diagnóstico es imprescindible, a su vez, para identificar los puntos de mejora.
El sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ está politizado en su origen, ciertamente. Pero, una vez designados, los jueces elegidos como vocales han basado algunas de sus decisiones en criterios asociativos, especialmente en materia de nombramientos discrecionales. Esta afirmación está respaldada por los datos y pone de manifiesto una anomalía de la que son responsables los jueces nombrados como vocales del CGPJ y no los políticos que les han elegido.
Del mismo modo, las comisiones de servicio en determinados órganos han sido utilizadas como una vía para promocionar a algunos jueces en función de vínculos asociativos o personales, lo cual es reprochable.
Desde una perspectiva general y al margen de ciertas iniciativas (algunas de carácter jurisdiccional), la Carrera Judicial no se ha mostrado suficientemente combativa con estas prácticas, que deberían suscitar un rechazo expreso y mayoritario. Las asociaciones profesionales nos hemos centrado en la modificación del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ y hemos dejado en un plano secundario estas cuestiones, a mi juicio equivocadamente.
En el debe de las asociaciones hemos de contabilizar también una fragmentación que no se corresponde con la diversidad realmente existente en la Carrera Judicial y que hemos contribuido a fomentar, en cierto modo, al visibilizar nuestras diferencias en términos y contextos tales que han permitido establecer paralelismos con las discrepancias existentes entre partidos políticos. De manera ingenua hemos puesto en bandeja que los políticos nos utilicen, obviando el hecho de que en cuestiones profesionales las coincidencias entre asociaciones son enormes. Esto, además, ha debilitado la función de naturaleza sindical que las asociaciones estamos llamadas a desempeñar.
En parte debido a lo anterior, algunos jueces no asociados han encontrado la excusa perfecta para mantenerse en una cómoda segunda fila, desde la que reivindican un papel protagonista que, sin embargo, no están a dispuestos a alcanzar comprometiendo su nombre y apellidos, como sí hacemos los jueces asociados que nos enfrentamos abiertamente al poder político. No asociarse es una opción legítima, por supuesto, pero en la Carrera Judicial hay cierto número de jueces que no se vinculan a ninguna organización no por desinterés ni por convencimiento, sino por pura comodidad. Esa posición es insolidaria.
Existe, por último, un alto grado de conformismo entre muchos jueces, asociados y no asociados, que toleran y consienten prácticas inaceptables del CGPJ por pura desidia, por indiferencia o por cobardía.
Hay que corregir todo esto. Debemos luchar porque el imprescindible cambio exterior –en el sistema de elección de vocales del CGPJ, en el respeto institucional por parte de los otros poderes del Estado, en la dotación de medios– vaya acompañado de un profundo cambio interior. Intolerancia es lo que se merecen quienes utilizan su posición en el CGPJ como un lugar desde el que repartir dádivas para ganar adeptos o pagar favores, quienes conciben las asociaciones judiciales como agencias de colocación, quienes pretenden medrar amparados por la lucha de otros y sin comprometerse lo más mínimo…
Hay una mayoría de jueces que guardan silencio y se refugian en el trabajo diario ante la falta de perspectivas profesionales, que están sumidos en la desesperanza y no confían en que las cosas puedan mejorar. Debemos lograr que esa mayoría sienta que es necesario dar un paso al frente; y es nuestra responsabilidad –la de las asociaciones profesionales– darles motivos para que tengan esperanzas de que cambiar el estado actual de cosas es posible.
Tenemos que rebelarnos, creer de verdad en nuestra función esencial en un Estado de Derecho, como garantes de los derechos de los ciudadanos. Nuestro sistema de justicia funciona de manera razonablemente adecuada, pero puede hacerlo mejor y estamos obligados a forzar los cambios necesarios para que ello sea así. Algunos de esos cambios nos exigen enfrentarnos a elementos externos al propio sistema de justicia, pero otros requieren transformaciones internas.
Ha llegado el momento de situar esas transformaciones en el primer plano del debate público.
