Firmas
Radiografía de un desánimo
Carmen Giménez Cardona es vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid.
11/5/2023 06:30
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Actualizado: 11/5/2023 01:34
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La Administración de Justicia no se había recuperado de los efectos de la devastadora pandemia cuando vuelve a tener protagonismo por las sucesivas huelgas que le afectan. Comenzamos por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, seguimos por la convocada por los funcionarios y en breve, posiblemente, sean los jueces y magistrados los siguientes en ejercer este derecho constitucional.
De todas formas, el malestar en el ámbito de la Administración de Justicia es generalizado, ya que los profesionales, abogados y procuradores, sin llegar a ejercer el derecho de huelga, están reclamando unas mejores condiciones económicas en los asuntos de turno de oficio y la consideración debida para poder conciliar vida familiar y laboral.
En concreto, los procuradores estamos a la espera de que se nos mejoren los baremos de justicia gratuita, que nos sean aplicadas algunas medidas en favor de la conciliación familiar y poder aplicar unos nuevos aranceles.
Es cierto que vivimos tiempos convulsos en los que la sociedad reclama de forma generalizada que se modifiquen determinadas conductas, mejores condiciones salariales y mayor atención a aquellos que más lo necesitan. Sin embargo, es la primera vez que veo que esa situación de hartazgo se manifiesta de forma tan evidente en la Administración de Justicia.
Los que trabajamos en contacto con juzgados y tribunales somos conscientes de los malabares que todos los operadores jurídicos realizamos en el día a día para que la Administración funcione y para que el ciudadano, en definitiva el consumidor final, perciba y reciba una respuesta a sus solicitudes de tutela judicial efectiva.
NO SE HABLA DEL ESFUERZO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
Sin embargo, los profesionales de la Abogacía y la Procura, que trabajamos a diario en el ámbito de la justicia, estamos realizando un esfuerzo mayor para sobrellevar esta tensa situación y todo ello está repercutiendo en el trabajo que realizamos.
De este asunto no se habla.
Sin embargo, muchos profesionales ven como sus despachos se empobrecen ante la imposibilidad de poner fin a muchos de sus procedimientos en trámite y ante las dificultades de presentar nuevos asuntos porque el ciudadano está a la espera de ver como se resuelve el conflicto.
A todo esto se añade el desánimo y la desgana que genera la lucha permanente sin recompensa, que se presenta como una carrera con unos obstáculos cada día más elevados. Tampoco podemos olvidar que la realización, desde hace tiempo, de trabajos procesales a bajo coste está repercutiendo en la calidad del servicio que se presta. De un tiempo a esta parte se ha confundido el abaratamiento de un servicio con una mejor prestación del mismo.
Por ello, y aunque la situación de la Administración de Justicia no acompaña, es el momento de recuperar la dignidad de nuestras profesiones y demostrar diariamente en juzgados y tribunales que los operadores hacemos nuestro trabajo lo mejor posible. Nos formamos, trabajamos y esforzamos por el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y para dar respuesta al ciudadano, pero debemos ser considerados y retribuidos de forma equitativa al servicio que prestamos.
No se trata de rebajar la calidad del servicio prestado, sino de cobrarlo de forma razonable al tiempo y esfuerzo realizado por el profesional. Es más, la implantación en el mundo jurídico de la llamada «uberización de servicios» juega en contra del prestigio de unas profesiones que han de desarrollar su trabajo con la máxima calidad y eficacia.
Y una vez que finalicen las huelgas y se materialicen las reclamaciones de unos y de otros operadores, los abogados y procuradores demostraremos que seguimos siendo los adalides del derecho a la tutela judicial efectiva.
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