Viraje en el timón de uno de los barcos de la Justicia

Creo que se puede afirmar, sin miedo a caer en la hipérbole, que la llegada de la ministra Llop y su inefable secretario de Estado, han traído –por su mano– a la Administración de Justicia, la etapa más turbulenta de los últimos 30 años. 

No hay colectivo que se encuentre dedicado a sus tareas en exclusiva, que para eso nos pagan.  Huelgas, amenazas de huelgas, manifestaciones, marchas, reuniones, comisiones y conciliábulos de todo tipo alejan al personal de las salas, despachos, y mesas donde resolver los millones de pleitos que encarnan los problemas de los ciudadanos. 

Para que no falte nada, leyes y normas de todo tipo aderezan el maremágnum que amenaza y confunde a los Juzgados y Tribunales españoles, en un baile maldito de reformas y contrarreformas, cuya pista enloquecida da vueltas diarias en la web del BOE.  Un alto cargo de la Justicia española – el presidente del Tribunal de Justicia de Andalucía – decía el 25 de abril pasado, en la presentación de la memoria del Tribunal que preside, que de seguir así la justicia colapsará. 

Es cierto que exagerar los peligros, mirar la realidad desde la perspectiva catastrofista –ahora le llaman hiperventilar – ayuda poco a solucionar los problemas.  Tampoco ayuda la lucha cainita entre los colectivos que integran la Administración de Justicia. 

Por más que los «reality» y algunas aplicaciones telemáticas nos tengan anestesiada nuestra capacidad de rechazo a las peleas estériles, ver como los tres colectivos: letrados de la Administración de Justicia, jueces y funcionarios de los cuerpos generales se enzarzan en acusaciones mutuas de…y tú mas, sigue produciéndome una profunda desazón.

En lo que se refiere a los letrados de la Administración de Justicia, que es desde el colectivo en el que he participado en los conflictos señalados, creo deberíamos apartarnos de esa senda minada de insultos y demás lindezas. Hay que centrarse y dejar el cieno para los que les guste enfangarse. 

Nuestro objetivo debe ser conseguir un nuevo Estatuto Orgánico.  Ese es el marco adecuado para dar cobijo a la negociación propia de nuestras condiciones laborales. Esa era y es la gran demanda y la única reivindicación que, para algunos ⏤entre los que me encuentro–, justificaba –razón suficiente– la huelga que iniciamos el año pasado y continuó en este. Ahí reside la verdadera dignidad de los letrados de la Administración de Justicia. 

¿Cómo vamos a tener dignidad si no somos los dueños de nuestras aspiraciones, demandas y reivindicaciones?  Los individuos y los colectivos tienen dignidad si tienen capacidad para gestionar su destino. 

En caso contrario, su dignidad, es decir su valor como sujetos dotados de libertad, es secuestrada por otros. Son individuos o colectivos alienados.  

Condenados, sin remedio, a la frustración más disolvente.

EMANCIPACIÓN DE LA TUTELA DE LOS SINDICATOS

Emanciparnos de la «tutela de madrastra» que sobre el colectivo de letrados judiciales, ejercen unas organizaciones sindicales que no solo no nos representan, sino que son utilizadas por el patrón –el Ministerio de Justicia– para ahogar nuestras reivindicaciones constituye la piedra Rosetta que permitirá resolver los demás entuertos. Como todo el mundo sabe, aquéllos –los sindicatos generalistas– recurren cualquier mejora que se consiga sin el más mínimo pudor. Hay que cambiar la ley en tal sentido. Puede hacerse, no tengan la más mínima duda. 

Eso, además, acercaría la paz tan deseada al poder defender –cada cual– sus intereses con lealtad y sin equívocos. No se trata de enfrentarnos a los sindicatos, al contrario.  Exigimos que cada uno asuma la representación de sus colectivos de manera que, sabiendo cada colectivo donde está y lo que es pueda defender no solo a sus representados con eficacia, sino también al conjunto de la Justicia con mayúsculas, trascendidas las disputas inevitables entre amalgamas contranatura.

No es razonable – ni asumible– que al director de la Oficina Judicial lo pretenda defender y representar la misma organización que hace lo propio con los funcionarios a los que dirige.  Sobre todo si la organización se rige por criterios de mayorías cuantitativas, donde los votos de 3.800 letrados judiciales – titulares–  se diluyen hasta desaparecer entre los votos de más de 45.000 funcionarios. 

Está teorizado desde hace mucho tiempo – M. Duverger, por citar a un autor–  que en realidades complejas integradas por partes no homogéneas, la aplicación del principio de votación mayoritaria, sin las necesarias correcciones/ponderaciones de proporcionalidad, «conduce a la irrelevancia» de esas partes menos numerosas desde un punto cuantitativo. 

Piénsese por ejemplo, en los sistemas de decisión y gestión de las Universidades y sus claustros, en los que el voto mayoritariamente cuantitativo de cientos/miles de estudiantes no ahoga o entierra al de decenas de profesores, sino justo lo contrario. Como se ve, hay solución para una situación tan injusta como antigua en la que quién te dice representar es justo el que hace lo contrario todos los días y todas las veces.

Lo demás –subida de un salario a cambio de apoyar unas leyes de eficiencia en las que no hemos participado–  era pan para hoy y hambre para mañana, además de una fea jugarreta para el conjunto de los letrados judiciales.

Los actuales acontecimientos en relación a los jueces y funcionarios de cuerpos generales, lo confirman punto por punto. Unos pocos lo hicimos ver, una y mil veces, a los que condujeron uno de los barcos de la huelga pero… ¿qué hacer cuando uno es consciente que el capitán del barco no tiene preparación suficiente para dirigirlo, y mucho menos en una de las peores tormentas que se hayan conocido?  Esos pocos teníamos bien presente la obra maestra de “Rebelión a bordo”. Solo cabía seguir los pasos del oficial Fletcher Chrsitian.

El final de la película también lo conocíamos. No obstante, hay cosas que deben hacerse para poder seguir mirándose al espejo.  Convivir en las sentinas no era opción. 

Ahora, con las elecciones al Consejo del Secretariado –es el órgano de representación democrática de los letrados de la Administración de Justicia en el Ministerio, eso sí, con funciones exclusivas de audiencia y consulta– convocadas, se presenta una oportunidad inmejorable para que el colectivo vire el timón de ese barco en piloto automático y tome nuevos rumbos. 

Pero hay que soplar con todas las fuerzas.

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