El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado la reapertura de la causa en la que se investiga el atentado contra la Embajada española en Kabul (Afganistán), cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías, tras la aparición de nuevas revelaciones en informes policiales.
Esta reapertura, que llega a luz de esos informes, se produce a petición del Ministerio Fiscal, como ha avanzado El Confidencial. El digital señala que dichos documentos apuntan a la posible implicación en ese atentado de dos ministros del actual gobierno talibán de ese país y de un alto cargo de sus servicios de inteligencia.
Cabe recordar que fue el 11 de diciembre de 2015 cuando tras la explosión de un coche bomba frente a la Embajada, tres talibanes se colaron por el hueco provocado por la detonación y empezaron a disparar contra los que se encontraban en el interior, alcanzando a los policías Isidro Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela, que murieron junto a otros miembros del personal de seguridad de nacionalidad afgana, según una querella difundida en 2016.
Otros siete agentes resultaron heridos en las horas que siguieron, hasta que los terroristas fueron abatidos al amanecer por fuerzas norteamericanas.
Una vez arrancó la causa en la Audiencia Nacional, al ataque terrorista se sumo otra vía de investigación que trató de esclarecer la posible responsabilidad del embajador español en la brecha de seguridad.
Esa segunda rama surgió a raíz de la querella de los familiares de los agentes fallecidos y en ella se acusaba tanto al embajador, Emilio Pérez de Agreda, como a su segundo, Oriol Sola Pardel, de homicidio imprudente por los fallos de seguridad de la legación diplomática.
AVALA EL ARCHIVO PROVISIONAL
En enero de 2017, tras meses de pesquisas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló el archivo provisional de la investigación sobre el grupo terrorista que participó en el atentado. Daba la razón al juez Santiago Pedraz, que acordó cerrar esa parte de la investigación ante la imposibilidad de llevar a cabo en Afganistán diligencias que permitieran esclarecer los hechos.
Con todo, ya avisaba la Audiencia Nacional de que la causa se reactivaría si cualquiera de las partes personadas pedía que se realizaran acciones, advirtiendo de que esa decisión de archivo no afectaba a la parte del procedimiento en la que el magistrado instructor investigaba los fallos de seguridad.
Pero Pedraz dictó nuevo auto en septiembre de 2017 acordando también el archivo provisional de esa parte al entender que «no puede decirse que los querellados sean responsables de delito alguno».
En ese auto indicaba no obstante que «el Estado español debió mucho antes adecuar las correspondientes medidas de seguridad». Según la querella de los familiares, las instalaciones de la Embajada, con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, no eran las adecuadas para el lugar donde se encontraba situada, fuera del perímetro de seguridad y en un barrio «rodeado de casas de militares y de señores de la guerra».
El domicilio del embajador, que estaba de vacaciones el día que se produjo el atentado, sí se encontraba, no obstante, en la conocida como ‘zona verde’, es decir, de seguridad.
