A partir de ahora se le otorgará a la interina derecho a justicia gratuita, a recibir atención psicológica, no podrán despedirla y la administración pública no podrá ponerla con otros compañeros con los que haya tenido una mala relación.
La Oficina Antifraude de Cataluña emite una resolución para proteger a una interina que denunció corrupción en su trabajo
|
25/5/2023 06:30
|
Actualizado: 25/5/2023 17:40
|
La Oficina Antifraude de Cataluña ha emitido una resolución para proteger a una interina que denunció corrupción municipal en su centro de trabajo, un importante consistorio situado en la provincia de Barcelona. Es decir, el ayuntamiento no podrá tomar ningún tipo de represalia contra ella.
El abogado especialista en temas de alertadores, Josep Jover ha explicado a Confilegal que a partir de ahora se le otorgarán ciertos derechos como, por ejemplo, derecho a justicia gratuita y a recibir atención psicológica, no podrán despedirla y la administración pública no podrá ponerla con otros compañeros con los que haya tenido una mala relación.
La resolución es firme ya que no cabe contra ella ningún tipo de recurso porque así lo estima la Directiva.
Esta decisión se ha apoyado en la conocida Directiva Whistleblower 2019/1937 de la Unión Europea. Se trata de un mecanismo legal que permite buzones europeos de denuncia externa, a fin de proteger tanto a las personas que informan de infracciones al Derecho de la UE como a su entorno familiar y empresarial.
Ha de estar disponible en todas las administraciones y empresas públicas y en las privadas que tengan una plantilla con 50 o más empleados, o que cumplan condiciones determinadas como estar sujetas a la normativa de blanqueo de capitales.
También se ha tenido en cuenta la Ley 2/2023 de 20 de febrero que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Es más, esta reciente ley relata la prohibición de represalias y amenazas contra aquellas personas que denuncien o informen de una infracción cometida o que se pueda cometer.
Como represalia se entiende, por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo, despido, daños de cualquier tipo, evaluaciones negativas respecto al desempeño laboral o profesional.
Denunció presuntas irregularidades en el nombramiento de internas
Según la resolución a la que ha tenido acceso Confilegal, la afectada denunció presuntas irregularidades cometidas por la entidad local en el nombramiento de funcionarios interinos por supuestos motivos de urgencia y excepcionalidad sin haber sido acreditadas estas circunstancias.
Además, denunció otras cuestiones relacionadas con la contratación de personal.
Tras denunciar, la interina manifestó que comenzó a sufrir una situación que identificó como acoso laboral sobre la cual la Inspección de Trabajo estaría informada. Asimismo, destacó que se tomaron represalias contra ella.
En concreto, estas represalias se habían materializado, según explicó, en el marco de su participación en una convocatoria de un proceso de estabilización de plazas. Le denegaron de forma injustificada la expedición de certificaciones necesarias para la acreditación íntegra de sus méritos de acuerdo con las bases del proceso de selección de empleo.
Por lo que según resaltó, esto le trajo como consecuencia “un cálculo arbitrario e irrazonable de los méritos alegados, ignorando de manera evidente periodos de servicios y funciones desempeñadas”.
Asimismo, también dejó constancia de la existencia de favoritismos injustificados en los méritos de otra aspirante. Esto le supuso quedarse fuera del proceso de estabilización de empleo, perjuicio que atribuyó de manera rotunda a su condición de persona alertadora.
Por otro lado, la Oficina Antifraude de Cataluña relató en la resolución que pudo constatar, “a través de fuentes abiertas en la publicación del proceso de convocatoria por parte de la entidad local, las diferencias en la puntuación otorgada en el proceso de estabilización, que son alegadas por la denunciante como perjuicio y consecuencia directa de las acciones de represalia”.
Así las cosas, desde el pasado martes, que fue cuando se emitió la resolución, la denunciante está protegida.
Noticias Relacionadas:
