"No puede ser que al justiciable, los abogados y procuradores se nos exija el cumplimiento riguroso de plazos, con las consecuencias de la preclusión, y luego los jueces y LAJs resuelvan cuando puedan", destaca Sánchez Bernal.
Daniel Sánchez Bernal: «Se tendrían que establecer plazos procesales de imperativo cumplimiento en todos los trámites judiciales»
Daniel Sánchez Bernal, el abogado sevillano que lucha contra los señalamientos tardíos, explica en Confilegal cómo, a su juicio, se debería combatir este problema
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28/5/2023 01:15
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Actualizado: 28/5/2023 08:56
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Daniel Sánchez Bernal, el abogado sevillano que lucha contra los señalamientos tardíos, explica en Confilegal cómo, a su juicio, se debería combatir este problema.
Daniel Sánchez tiene 42 años y lleva en la Abogacía más de una década.
Además, ha sido funcionario interino en la Administración de Justicia -tramitador y gestor procesal-, por lo que también conoce la situación desde dentro.
Ejerció en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cuando su titular era la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso ERE. También en el Juzgado de violencia sobre la Mujer número 3, el Juzgado de lo Penal número 14; en el Juzgado Mixto número 1 de Lora del Río; en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos; y en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 10.
Su mayor vocación en la vida es «luchar contra las injusticias». «Y la Justicia tardía lo es», sostiene.
En esta lucha, él, personalmente, ha denunciado esta situación ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y ambos le han dado la razón.
¿Cómo se puede acabar con la justicia tardía?
Lo primero que se necesita son más medios humanos y materiales. Esto nadie lo pone en duda, pero al margen de eso hay que reformar profundamente la organización de la oficina judicial y, además, las propias las leyes procesales.
«Hay que hacer una reforma profunda de las leyes procesales»
No se puede permitir que a los justiciables, a los abogados y procuradores se nos exija cumplir rigurosamente con los plazos procesales, con las consecuencias de la preclusión, y luego los jueces y LAJs resuelvan cuando puedan, que puede suceder en cuestión de días, semanas, meses o años.
Entonces, ese derecho, esa pretensión legítima que le podría corresponder al justiciable, cae en saco roto porque pierde la oportunidad de poder interponer un recurso o de presentar un escrito. Lo que te van a decir desde el órgano judicial es «ay, se siente, lo ha presentado de forma extemporánea!, ¡Ay cuánto lo siento! ¡otra vez será!».
Y eso podría conllevar también las consecuencias de que se te inadmita a trámite la demanda, el recurso, la eficacia de la cosa juzgada, etc.
Al final, quienes siempre pagan los platos rotos son los ciudadanos, que padecen todas las consecuencias del mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Tampoco es de recibo que todavía vivamos anclados en la prehistoria. Aunque nos sorprenda, en los juzgados todavía se sigue utilizando el fax.
La Justicia tiene que estar a la última en tecnología. La Agencia Tributaria lo está. ¡Lo bien que funciona para reclamar las deudas! De la misma forma debería funcionar la Justicia.
Es indudable que los jueces y los LAJs quieren señalar y resolver cuanto antes, pero la carga de trabajo es excesiva.
¿Qué reformas plantea de las leyes procesales?
Es muy importante que se establezcan plazos procesales en todos los trámites de imperativo cumplimiento por los órganos judiciales.
Al igual que, por ejemplo, en instrucción se establece un plazo máximo cuyo incumplimiento acarrea consecuencias, que sea así en el resto de procedimientos.
Hay muy pocos plazos procesales en los que se exija a los letrados de la Administración de Justicia cuando les corresponde resolver, y a los jueces, les competan a ellos.
Y eso conlleva que el asunto puede «dormir el sueño de los justos». Y eso, realmente, es injusto.
Usted ha sido operador jurídico, por lo que también conoce el problema desde dentro…
Cuando yo recurro y lucho contra la justicia tardía, puedo hablar con propiedad, porque he vivido en mis propias carnes las vicisitudes por las que atraviesan todos los funcionarios.
Por esa misma razón, considero que tendríamos que hacer una especie de Gran Hermano en los órganos judiciales para que la ciudadanía conozca cómo se trabaja a duras penas en los juzgados.
La magistrada Natalia Velilla publicó el otro día en redes sociales una foto con montañas de papeles sobre las mesas diciendo que el papel no se mueve, y que no todo son suspensiones de juicios, sino recursos, provisión de escritos, admisión de demandas, oficios o mandamientos de pago. Y afirma que éste 2023 no se levanta ya.
Cuando estuve en mi último destino, en el Juzgado de lo penal número 14 de Sevilla, sólo me movía de mi mesa para ir al baño, para hacer algunas gestiones con la letrada de la Administración de Justicia o para desayunar, al igual que el resto de compañeros. Allí estuve en gestión procesal y lo que hacía era tramitar todos los expedientes que teníamos en nuestra mesa. Y teníamos dobles señalamientos.
¿Eso qué significa?
Que teníamos, por ejemplo, los señalamientos habituales de cuando recibimos los procedimientos de un juzgado de instrucción para señalar el acto del juicio oral, citar a los testigos, a todas las partes, etc., pero también teníamos que señalar los juicios que estaban suspendidos.
Íbamos asfixiados, súper estresados.
Por eso, siempre defiendo a los funcionarios de Justicia, porque son los primeros minusvalorados por todos, incluso por la propia ciudadanía. No se tiene una visión real de lo que trabajan.
«Como dijo un funcionario recientemente: ‘Vamos al juzgado a sobrevivir, a ver qué nos encontramos cada mañana'»
Incluso acuden muchas tardes para intentar sacar trabajo a sabiendas de que no van a percibir ni un puñetero euro. Lo hacen precisamente porque están concienciados con la lentitud de la justicia. Y también, por supuesto, porque es inasumible encontrarte cada mañana cuando acudes a trabajar con montones y montones de papel sobre tu mesa.
Como dijo un funcionario recientemente en un medio televisivo: «Vamos al juzgado a sobrevivir, a ver qué nos encontramos cada mañana». Esta situación es realmente alarmante.
¿A usted le han afectado las huelgas de LAJs y funcionarios?
Por supuesto, al igual que al resto de compañeros. La huelga de los LAJs y la de los funcionarios me están repercutiendo, porque todavía tengo sentencias pendientes de notificar o demandas que aún no se han incoado.
A día de hoy, ya hay juicios para dentro de tres, cuatro y cinco años, con las graves consecuencias que eso conlleva y que al final siempre tienen que padecer los justiciables.
Los señalamientos ya se están fijando para mediados de 2027.
A dos compañeros míos de Sevilla, Armando y Pablo, les suspendieron hasta tres veces un juicio en Motril (Granada) el mismo día en el que estaba fijado. Con los gastos que ello conlleva, no solamente para los propios abogados y procuradores, que se tienen que desplazar, sino también para el justiciable. Tres suspensiones por la huelga de LAJs.
¿Además de la espera, qué otras consecuencias prácticas tiene para el ciudadano la justicia tardía?
La excesiva lentitud de la Administración de Justicia puede suponer unas consecuencias desastrosas para el justiciable.
El hecho de que se demore un día, dos, una semana, varias semanas o meses en resolver puede conllevar una situación verdaderamente angustiosa, porque puede que no tenga otros medios para subsistir y que se haya visto abocado a tener que pedir el auxilio judicial.
A eso puede añadirse también que tenga cargas familiares: hijos a su cargo o padres dependientes.
Por ejemplo, vive una situación terrible el ciudadano que haya solicitado una prestación asistencial, como le ha sucedido a una clienta mía, que solicitó una renta activa de inserción y le señalaron el juicio a más de 3 años y medio: Para octubre de 2025, en el Juzgado lo Social 8 de Sevilla.
Ese caso es el tercero que he llevado ante el Tribunal Constitucional pidiendo amparo. Es una auténtica vergüenza. ¿Cómo le dices a una clienta que viene súper angustiada, que no tiene recursos y que pide una prestación asistencial especialmente diseñada para personas vulnerables -colectivos con especial dificultad de inserción en el mercado laboral- que el caso va a durar tres años y medio? Es lamentable.
Además, no solamente se trata de que se dicte sentencia, sino también de que la parte vencida -la que pierde- cumpla en sus estrictos términos la sentencia, porque sino tenemos que añadirle también la demora en la ejecución provisional o forzosa de la resolución.
Ha habido casos en los que se han muerto los clientes sin llegar a ver que se ha hecho justicia, como le ha ocurrido a mi compañero Fernando Osuna en un asunto que publicásteis en Confilegal.
La salud mental es muy importante valorarla y especialmente también teniendo en cuenta a los justiciables.
«La salud mental no sólo afecta a los operadores jurídicos, sino también a los ciudadanos»
Si funciona mal la Justicia, el justiciable puede solicitar una indemnización…
Exacto. La responsabilidad patrimonial de la Administración por el mal funcionamiento de la administración pública.
Esto lleva su procedimiento, hay que agotar la vía administrativa y luego, en muchas ocasiones, acudir de nuevo al auxilio judicial.
Esto significa que el justiciable, que ya de por sí tenga un señalamiento tardío y solicite una indemnización por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, va a haberse abocado a soportar otros otros tres o cuatro años más de espera.
¿Al final qué es lo que hace? Renunciar porque le merece más la pena perder 4.000 o 5.000 euros o lo que sea de indemnización, a cambio de que su salud y su bienestar, y el de su familia, no se resienta, porque es agotador. Con mayúsculas.
¿La salud mental es otro de los males que padecen los abogados?
Sí, y el resto de operadores jurídicos.
¿Ha pasado mucha factura a la abogacía el no poder trabajar durante la pandemia?
Por supuesto que sí. Aunque haya compañeros que lo facturen todo al principio, lo normal es que se haga en función de los trámites procesales que se vayan culminando, y eso supone en muchos casos, que muchos meses lleguemos a final de mes con gran dificultad.
A lo que se añaden también los obstáculos para conciliar la vida laboral y familiar.
Tanto el Constitucional como el CGPJ le han dado la razón en su lucha contra la justicia tardía…
Sí, el Constitucional amparó el pasado mes de octubre a un cliente ante un señalamiento fijado a tres años vista, dictaminando que se ha vulnerado su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la Constitución), ordenando al Juzgado a que efectuara un nuevo señalamiento que resultase respetuoso con el derecho fundamental vulnerado.
«En Andalucía no hay ninguna previsión de que se creen nuevos Juzgados de lo Social en Sevilla, pese a que son los más colapsados de toda España»
Ante la queja al CGPJ por otro juicio tardío, señalado en el Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla y fijado también a tres años vista, declaró que un señalamiento a más de dos años vista es excesivo y merma la tutela de los derechos de los ciudadanos.
También reconoció que semejantes dilaciones suponen una lamentable imagen de la Administración de Justicia, con la correlativa pérdida de confianza en su funcionamiento y, en algunos casos, un posible gasto adicional para las arcas del Estado.
Además, reiteró que es necesaria e imprescindible la constitución a nivel nacional de 32 nuevos Juzgados de lo Social, cinco de ellos en Sevilla.
Sin embargo, en Andalucía no hay ninguna previsión de que se creen nuevos Juzgados de lo Social en Sevilla, pese a que son los más colapsados de toda España.
Ante esta terrible situación de la justicia, necesitamos unirnos todos, incluyendo a los propios justiciables, para salvar a la Justicia de su hundimiento.
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