Las turbulencias no cesan en la Justicia española. El encadenamiento del parón de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) funcionarios de Justicia después del de los Cuerpos Generales y Especiales y la amenaza de las asociaciones de jueces y fiscales de convocar otro suman a los letrados del turno de oficio, que en este momento discuten la viabilidad de una huelga en el servicio de la asistencia jurídica gratuita.
De un lado se encuentran los que apoyan el llamamiento a una huelga para reivindicar las reclamaciones del colectivo, que pasan por el reconocimiento de todas las actuaciones, el incremento de las retribuciones y la reducción de las cargas burocráticas de los abogados. «Hemos intentado explicarlo con palabras y ahora tendremos que hacerlo con hechos», declara Belén García, secretaria general del Sindicato de abogados Venia.
La abogada explica que esta convocatoria cumple además con el deseo de la abogacía de demostrar que pueden ejercer el derecho fundamental a la huelga, «no expresamente negado a los abogados en la Constitución». «¿Por qué no vamos a poder ejercerlo?», pregunta.
En cambio, otras asociaciones, como la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo), llaman a explorar vías alternativas. Virginia de la Cruz, presidenta de Altodo, indica que la huelga no es una de las herramientas al alcance de los letrados de este sector.
«No somos personal laboral ni funcionarios públicos, reglamento especial», dice, señalando además que el turno de oficio penal «es un servicio público, hay que ir a asistir detenidos que tienen que poner a disposición, porque depende de [los letrados del turno de oficio] que salgan del calabozo».
Por su lado, De la Cruz propone «promover las renuncias de guardias, como en el 2015, cuando debían un año de retribuciones». «Se podría hacer y se ha hecho, es viable si no se modifican las condiciones de la justicia gratuita para que se reconozcan todas las actuaciones», dice, criticando que no se retribuya la totalidad del trabajo del turno de oficio, especialmente en los casos que más se extienden en el tiempo.
Pone como ejemplo los recursos de casación y de amparo que «tienen requisitos muy técnicos, y los letrados tienen que realizar mucho trabajo para cumplir con los plazos, pero si al cliente no se le otorga la justicia gratuita, ya sea por no disponer o entregar la documentación necesaria o por encontrarse fuera de España, no se nos paga, cuando debería ser responsabilidad de la Administración».
«Con Sonia Gumpert hicimos una ‘huelga’ que no lo era exactamente: el Colegio lo apoyaba y no enviaban a los letrados a actuaciones que no fueran urgentes», recuerda.
Sin embargo, García señala que los colegios de abogados, como gestores del derecho a la defensa y a la tutela efectiva, no pueden dejar de prestar estos servicios y no están legitimados para convocar a huelga. «Los sindicatos, sí», expresa.
García señala que los grupos que plantean la huelga han pedido la colaboración de los colegios para que dejen de hacer designaciones, pero que el letrado incurre en infracciones. de esta manera.
Suspensión de señalamientos y servicios mínimos
Bella Sánchez, delegada del Sindicato de abogados Venia en Zaragoza, subraya que se está estudiando la huelga «con conocimiento de causa para que los compañeros no enfrenten expedientes disciplinarios o sancionadores, que no los habiliten ni los suspendan de la carrera de la abogacía ni que tengamos que verlos en un banquillo». «Hay miedo a las repercusiones», señala, comparando los casos de los colegios que apoyan esta convocatoria y los que no.
Sánchez detalla que «no hay defensa por parte de la abogacía institucional» y que «la huelga es la única solución que se entiende en todo el país, sea por horas o por días estamos cansados». «Estamos cansados después de concentrarnos y manifestarnos, pero no tomaremos acciones que perjudiquen a los abogados», dice. «Se nos tiene que escuchar, defendemos los derechos de los demás, pero olvidamos los nuestros».
En cuanto al derecho a la huelga, Sánchez dice que «no está reconocido ni prohibido para los abogados del turno de oficio, y solemos decir que no está prohibido lo que no está regulado, pero es un derecho, y por eso exigimos un estatuto de abogados del turno de oficio». «La Administración establece el horario de guardias, los lugares, el régimen disciplinario y los pagos, que se entienden a nivel tributario como rendimientos por actividad económica; si esto es competencia suya, trabajamos para ellos».
Hay algunas cuestiones en las que sí parece existir un consenso en el turno de oficio, y todas refieren a las huelgas consecutivas que han llevado a la suspensión de más de un millón de señalamientos. Una de ellas es la necesidad de establecer servicios mínimos para atender a los detenidos y a los casos de violencia de género o que involucren a menores.
García propone que los letrados no se presten para asistir a las declaraciones de investigados y otros procedimientos de las diligencias previas. Separándose de las propuestas de huelga, De la Cruz sugiere algo parecido. «Hay actuaciones que no son urgentes y que podríamos dejar de hacer», dice.
«Llevamos desde febrero suspendiendo juicios con las huelgas de los LAJ y los funcionarios, y los abogados no pueden cobrar ni facturar, pero igual tienen que pagar las cuotas del Colegio, el alquiler del despacho y el transporte», dice Sánchez.
En cuanto al futuro de estas iniciativas, afirma que «hay esperanza», y que «con las nuevas Cortes Autonómicas, tras las elecciones, se podrá negociar. «El apoyo de los abogados que observamos en los pasillos es total, la gente está quemada», subraya.
García insiste en que «el éxito depende del seguimiento» de las convocatorias que están estudiando. «Podrán adherirse voluntariamente los abogados autónomos y por cuenta ajena, pero si no hay un seguimiento masivo, fracasará».
