El servicio de seguridad del edificio de San Bernardo 21, donde se hayan encerrados los 8 miembros del Comité de Huelga de los sindicatos de funcionarios desde hace 48 horas, ha recibido órdenes de pasar por el escáner todo lo que se va a introducir en el edificio «por cuestiones de seguridad», según han confirmado fuentes del Ministerio.
Lo que incluye impedir la admisión de alimentos con destino a los huelguistas, que se encuentran en una sala de reuniones en la primera planta.
El Comité de Huelga considera que dicha decisión busca desgastarlos.
«La actitud mostrada con estas medidas restrictivas e inhumanas solo consigue definir la calidad moral o ética de las personas que las adoptan. Por lo que la razón principal del enquistamiento de este conflicto tiene mucho que ver con las personas responsables del mismo y su capacidad, voluntad y profesionalidad que no es la que se espera de los máximos responsables de este Ministerio», afirman en un comunicado.
En el mismo comunican la diferencia de trato que se da a los funcionarios que ellos representan, con respecto a letrados judiciales y jueces y fiscales, «una minoría privilegiada» a la que se les han subido sus retribuciones «un 28 %». Lo que provoca, al no querer negociar, una prolongación del conflicto del que los perjudicados son los ciudadanos.
Recuerdan que más de un millón de juicios se han suspendido y millones de expedientes han quedado paralizados.
En su comunicado, lleno de indignación, advierten que «Habrá un antes y un después tras este conflicto, pues ya nunca más los funcionarios y funcionarias de justicia volverán a realizar actuaciones judiciales sin que estén presentes el juez o el LAJ», cuando así lo exija la ley.
«Cumpliendo la legalidad, se demostrará que la actual Administración de Justicia dejará de funcionar. También, solo cumpliendo la legalidad, el nuevo modelo que esté por venir fracasará, y fracasarán todos los modelos hasta que no se reconozca negro sobre blanco las funciones que efectivamente realizamos cada día y nos sean retribuidas», concluyen.
Desde el Ministerio de Justicia recuerdan que el pasado mes de diciembre el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso impidió la entrega de comida a los médicos en huelga encerrados en la Consejería.
El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha criticado, en un tuit, la «coacción» a los sindicalistas de justicia por parte del Ministerio, instando al Gobierno a «mantener la negociación con limpieza». Fuentes de la cartera de Justicia señalan su falta de memoria,
