Más de 200 funcionarios se han manifestado frente a la sede del Ministerio de Justicia este lunes, la segunda movilización de esta semana después de que se concentraran esta mañana en la calle Ferraz, donde tiene su sede el PSOE, y la última antes de la convocatoria nacional a una asamblea en la que, según fuentes sindicales, se consensuará la estrategia del Comité de Huelga para el futuro próximo.
«Sigue la huelga indefinida, y tenemos concentraciones autorizadas para toda la semana», asegura Juan Carlos Ferreiro, coordinador de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Sobre lo que llama la «asamblea de trabajo simultánea en toda España», dice que la intención de los sindicatos de funcionarios de Justicia es «tantear cómo proceder» para generar una «daño político al Gobierno, que no respeta a los funcionarios», para que entren en diálogo con ellos.
«La ventaja que tenemos es que todos los partidos de encuentran en campaña, y estas movilizaciones no les convienen, así que deberían hablar con nosotros aunque sea por conveniencia, por apelar a un nicho de voto importante que puede votarles a favor o en contra», afirma, recordando que este colectivo sumaría a las familias de los más de 45.000 funcionarios.
Manifestación de funcionarios frente al Ministerio de Justicia. Foto: Virgilio González/Confilegal.
En palabras de Javier Hernández, portavoz de Comisiones Obreras (CCOO), la asamblea busca «consultar con los trabajadores para saber qué opinan de la continuación del paro y estudiar las actuaciones del Comité de Huelga». También reitera las reclamaciones de sus compañeros frente a la actitud del Ministerio, que califica de «insultante» e «intolerable». «Es un ataque de los que están arriba a los que están abajo»
Además, los sindicatos han registrado una denuncia frente a la fiscalía del Tribunal Supremo por no negociar las condiciones de trabajo que conlleva la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, según las obligaciones impuestas por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Respecto a los hechos de la semana pasada, cuando el Comité de Huelga fue expulsado de la sede del ministerio encabezado por Pilar Llop después de pasar dos noches encerrados tras una breve reunión con el secretario de Estado de Justicia, ‘Tontxu’ Rodríguez, se repiten las palabras «vergüenza» y «lamentable» entre los manifestantes. «La mesa de negociación no se interrumpió de nuestra parte», apunta Ferreiro.
Los acordes disonantes de docenas de cornetas se han vuelto acompañantes habituales de la calle San Bernardo, donde se encuentra el Ministerio. Se escuchan unos tambores que recuerdan a las batucadas, pero no están a la vista: provienen de un altavoz colgado al cuello de una funcionaria que los acompaña con un silbato. Esta banda sonora no corresponde necesariamente con los ánimos de los asistentes.
«Vamos a continuar con las movilizaciones porque esperamos un cambio de actitud de parte del Ministerio, pero parece que la huelga la seguimos por dignidad, por el respeto que nos faltan», dice una, que no está afiliada a ninguno de los sindicatos, haciendo referencia a los pocos encuentros que han tenido con los representantes ministeriales. «Nos dicen que nos quedemos callados y que hay dinero para los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, pero no para nosotros».
Manifestación de funcionarios frente al Ministerio de Justicia. Foto: Virgilio González/Confilegal.
Otro funcionario, incluso más pesimista, critica que el Gobierno «dé por terminada la legislatura». «Les da lo mismo, no van a negociar con nosotros porque les da lo mismo la Justicia», lamenta. «Ya hubo elecciones municipales y no les importó, ni siquiera se reunieron con el Comité de Huelga», dice.
«Nuestro objetivo es solucionar el conflicto con un acuerdo, pero si cerramos en falso y volvemos a los órganos judiciales, como nos lo pide, no resolvería nada, no podemos pedirle a los trabajadores que trabajen durante dos meses con las condiciones contra las que protestamos», declara Alberto García, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
Añade que «es lamentable que el Gobierno no asuma su responsabilidad en el fin de este conflicto, por el que se han arruinado varias empresas, despachos de abogados y procuradores y han hecho daños irreparables a la ciudadanía», comentando los señalamientos de más de un año. «Vamos a continuar para que los ciudadanos no esperen tanto por la Justicia».
