Casi siete de cada diez empresas, el 67 %, cree que el riesgo de impagos o retrasos en los pagos de los deudores crecerá a lo largo de los próximos doce meses. Por contra, el 21 % opina que permanecerá estable, y solo un 13 % piensa que decrecerá.
Es una de las conclusiones contenidas en el «Informe Europeo de Pagos 2023 – España», elaborado por Intrum, empresa de servicios de gestión de crédito y activos con presencia en 25 países de Europa e Iberoamérica. El informe se basa en una encuesta externa a 10.566 empresas europeas, realizada simultáneamente en 29 países europeos entre finales de noviembre de 2022 y marzo de 2023. En España, han participado un total de 800 compañías.
En este sentido, España está un poco por encima de las empresas de la media europea, que, en un 60 %, creen que aumentará el riesgo de impago o retrasos; el 23 %, por contra, opinan que la situación permanecerá estable. El 17 % restante piensan que los impagos decrecerán.
Según Santiago Casado, director de negocio NPL Intrum España, lo que está dificultando que las empresas puedan realizar sus pagos a tiempo son «la inflación y los elevados tipos de interés. Esto impacta en toda la cadena de valor, ya que muchas empresas deben aceptar condiciones de pago perjudiciales para sus márgenes».
De hecho, el 82 % de las empresas consultadas reconocen haber recibido la petición de aceptar plazos de pago más largos y el 69% confiesan haberlo aceptado.
La inflación, señala Intrum, está obligando a las empresas europeas -entre ellas las españolas- a priorizar la reducción de costes frente al propio crecimiento.
«Hemos preguntado a directores y otros altos ejecutivos financieros sobre su situación y perspectivas empresariales para 2023, y hemos podido concluir que el contexto económico actual, marcado por los problemas en las cadenas de suministros e incremento de costes, así como la ralentización del crecimiento económico, están planteando importantes retos a las compañías europeas, afectando a sus ingresos y debilitando sus cuentas de resultados», subrayan.
Y añaden: «A esto se une que los empleados, que también están sufriendo dificultades económicas importantes, estén exigiendo a sus compañías aumentos salariales para limitar la pérdida de su poder adquisitivo. De hecho, el 89% de las empresas ha tenido o prevé tener próximamente peticiones de incrementos de sueldo por parte de sus trabajadores».
Intrum hace referencia en su informe a la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (LPD), que establece que las empresas en Europa tienen derecho a reclamar automáticamente intereses de demora y a cobrar un mínimo de 40 euros como compensación por los gastos de recuperación.
En España sólo el 17 % de las sociedades hacen uso de ese derecho; un 29 % lo hace a veces. El 52 % restante reconoce que no lo hace nunca.
LA MOROSIDAD ES UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
La morosidad, afirma Intrum, es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el entramado empresarial: los retrasos en los pagos de sus clientes podrían llegar a comprometer su flujo de efectivo e, incluso, la capacidad para cumplir con sus propios compromisos financieros, como el pago de salarios, impuestos o proveedores.
A la hora de preguntar por las razones que incentivarían la aplicación de la Directiva Europea sobre Morosidad, la respuesta más repetida por los encuestados en España es la revisión de las normas vigentes (56%).
Una iniciativa que ya estaría sobre la mesa de la Comisión, que trabaja en la actualización de esta normativa con el objetivo de promover un cambio definitivo hacia una cultura de ‘pago sin demora’.
Asimismo, entre las siguientes opciones por las que las compañías harían un mayor uso de su derecho de reclamo y recobro, destacan las mejoras en la aplicación de la norma -mediante, por ejemplo, un organismo público con competencias para recibir denuncias, iniciar inspecciones y emitir sanciones y multas administrativas- (42%) y la mediación o soluciones alternativas de litigios (37%).
Únicamente 3 de cada 10 empresas tienen un código ético diseñado para fomentar la cultura de pronto pago
Uno de los principales objetivos de la revisión de la normativa sobre morosidad de la Unión Europea es promover un cambio definitivo hacia una cultura de ‘pago sin demora’, algo a lo que las organizaciones empresariales también podrían contribuir mediante el desarrollo de códigos éticos a este respecto. Sin embargo, tal y como señala el informe realizado por Intrum, tan solo el 32% de las empresas españolas cuentan con este tipo de documento, una cifra muy similar a la media europea (33%).
