La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado 24 de julio condenó al comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo a 19 años de prisión por tres de sus encargos privados, ha acordado dejar al comisario jubilado en libertad con medidas cautelares, rechazando así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado su entrada en la cárcel.
En el auto, al que ha tenido acceso Confilegal, el tribunal impone la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada quince días y de comunicar cualquier cambio de domicilio a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, que había sido condenado a 13 años de prisión, además de que deben presentarse ante la Audiencia siempre que fueran requeridos y se les prohíbe salir del territorio nacional, habiéndose retirado sus respectivos pasaportes.
La Sala considera que la existencia de una condena elevada no es el único requerimiento para acordar el ingreso a prisión, siendo que la condena emitida el pasado 24 de julio en la sentencia 22/23 «[resulta] de la adición de penas impuestas por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares y falsedad en documento mercantil», aunque no por cohecho, sino que también deben existir circunstancias que sirvan como evidencia de un riesgo de fuga.
Al tomar esto en cuenta, apuntan que Villarejo permaneció en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 10 de febrero de 2020 y ha atendido a todos los llamamientos judiciales, compareciendo en todas las sesiones del juicio exceptuando aquellas en las que se autorizó su ausencia.
Los magistrados también tuvieron en cuenta que Redondo estuvo en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2018, e igualmente atendió los llamamientos del Tribunal y compareció en todas las sesiones del juicio oral salvo una por motivo del fallecimiento de su padre.
Tras la vista, Villarejo declaró que no esperaba «tener un buen recibimiento del cancerbero que estaba allí» antes de conocer la decisión del tribunal, y que había acudido con una «bolsita con cuatro gayumbos» por si este acordaba su ingreso en prisión. Ha reiterado que acudirá «al Congreso» y donde le llamen. «Jamás voy a huir de la Justicia», afirmó. Antes de que se emitiera la resolución, había dicho que esperaba que no lo trataran «especialmente bien en prisión».
Tres de las 47 piezas de ‘Tándem’
La AN juzgó en esta ocasión tres de las 47 piezas separadas de la macrocausa conocida como ‘Tándem‘. Estas tres trataban los encargos denominados ‘Iron‘ y ‘Land‘, que representan la primera condena contra Villarejo por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental, y ‘Pintor‘, por la que fue absuelto.
En total, fueron juzgadas 26 personas físicas, de las cuales 11 fueron condenadas, incluido Redondo. Sin embargo, la mujer del comisario jubilado, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, se encuentran entre las personas absueltas.
La pieza conocida como ‘Iron’ refería al espionaje del grupo empresarial de Villarejo, CENYT, a un despacho de abogados especializado en propiedad industrial, Balder, por encargo de miembros de otro, de nombre Herrero & Asociados, que sospechaban un robo a su base de datos por parte de antiguos trabajadores que cofundaron el primer bufete.
Las investigaciones de ‘Land’ procuraban descubrir si Villarejo había recibido el encargo de Susana García-Cereceda, hija del fallecido dueño de la empresa promotora PROCISA, Luis García-Cereceda, de espiar el entorno de su padre en medio de un conflicto familiar por la herencia.
En ‘Pintor’, Villarejo había recibido el encargo de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para recabar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía, que favoreciera un litigio fiscal en el que se encontraban involucrados.
