Una denuncia pública ha generado una nueva polémica en Badalona en torno al despido de una trabajadora de un chiringuito cuya raíz fue, supuestamente, la existencia de vello en sus axilas.
El colectivo Qaliubdn calificó de «discriminación» y «sexismo» la decisión del chiringuito Kailua en una publicación ya eliminada de Instagram que incluía el mensaje de la afectada, según el cual la queja de un cliente hizo que le impusieran la condición de depilarse o llevar manga corta para seguir trabajando.
Pablo Jaquete, socio del departamento laboral del despacho Selier, explica que este motivo del despido «parece no tener justificación suficiente en ningún colectivo, además de que puede ser discriminatorio».
«Existen algunas actividades profesionales con exigencias en cuanto a la presencia física y el uniforme o con un código de vestimenta, pero los trabajadores tienen que estar informados previamente, y en todo caso, un despido parece desproporcionado», afirma.
Algunos de estos casos pueden partir de preocupaciones sanitarias, razones por las que se podría exigir, por ejemplo, tener el pelo recogido en una redecilla para quienes trabajen en una cocina, pero en la situación descrita, «aparentemente no se hace la misma exigencia a los hombres, por lo que podemos entender que discriminan a la trabajadora por ser mujer», según Jaquete.
Por esta diferencia de trato, el despido «podría considerarse como improcedente por la falta de justificación, y podría ser nulo si atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley descrita en la Constitución española», en cuyo caso el local estaría obligado a readmitir a la afectada.
«Las últimas sentencias del Tribunal Supremo han impuesto también indemnizaciones por la vulneración de derechos fundamentales», describe el abogado.
Sobre las negociaciones que «dinamitó» la denuncia
La eliminación de la publicación que expuso esta situación se debe aparentemente a que esta truncó las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre la trabajadora en cuestión y los responsables del chiringuito, según informa El Periódico, que describe entre las condiciones una carta pública de disculpas y una compensación de 2.400 euros por el tiempo restante de la temporada en el que no trabajaría la afectada.
Jaquete destaca que las resoluciones de este tipo de conflicto pueden ser individuales, de ‘uno a uno’ con la empresa, o colectivas, y pueden terminar en un acuerdo de readmisión o con una indemnización junto con el fin de la relación laboral.
La intervención que pareció «dinamitar» la negociación «podría reforzar la posición de la trabajadora al demostrar que tiene un mayor apoyo social y una mayor ventaja para buscar mejores condiciones en el acuerdo», dice Jaquete.
También destaca la adopción de la perspectiva de género en la interpretación del derecho, algo que se observa en varias reformas, así como en la seguridad laboral. «Las empresas sí pueden imponer criterios de vestimenta y uniforme, si deben cumplir ciertos cánones, porque no es lo mismo trabajar en una copistería que en un despacho de abogados, pero deben cuidarse mucho de que no sean discriminatorios para evitar este tipo de situaciones», declara.
